El líder indígena Efrén Antonio Bailarín Carupia fue asesinado en el municipio colombiano de Acandí. Distintas organizaciones indígenas denunciaron su muerte y responsabilizaron a los grupos armados que operan en la región y al gobierno por no cumplir las medidas de protección que fueron solicitadas en 2016. Bailarín Carupia fue gobernador y guardia indígena en el departamento de Chocó.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), denunció el asesinato de Efrén Bailarín Carupia, exgobernador de un resguardo del pueblo Embera Eyabida, un pueblo indígena distribuido a lo largo de la vertiente del Pacífico en Colombia. Los resguardos son instituciones de carácter legal y sociopolítico integrados por una o más comunidades indígenas.
Violencia armada
Bailarín Carupia recibió al menos un disparo mientras pescaba en el resguardo de Chidima Tolo. Los responsables de su asesinato son grupos armados que están presentes en el departamento de Chocó, al oeste del país. La ONIC denunció la violencia armada y realizó un llamamiento al gobierno del presidente Iván Duque para que cumpla con los acuerdos pactados con las comunidades.
Por su parte, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) también denunció el asesinato del líder indígena. "Efrén hacía parte de la guardia indígena y había sido gobernador del resguardo Chidima Tolo. Era un líder destacado de su comunidad por su compromiso y defensa del territorio", escribieron en su cuenta de Twitter, donde también señalaron las estrategias de despojo y las graves violaciones a los derechos humanos de las que es objeto la comunidad indígena.
Según un informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC, entre el siete de agosto de 2018 y el 30 de junio de 2021, sólo en el departamento de Chocó más de 19 mil indígenas estaban en situación de confinamiento, cerca de 12.500 habitantes de la región tuvieron que desplazarse debido al “peligro que representa estar en los territorios”, 42 líderes y autoridades estaban bajo amenaza, 35 niños/as y adolescentes fueron reclutados forzosamente, y se registraron 14 homicidios.
“El asesinato de líderes, el confinamiento de comunidades enteras, el reclutamiento y el utilización de menores por parte de todos los grupos armados son parte de las vulneraciones a los Derechos Humanos que enfrenta actualmente el departamento”, señaló la organización. En el comunicado además recordaron que el resguardo donde fue asesinado Bailarín Carupia, debía contar con medidas de protección según lo había solicitado el Juez Primero Civil especializado en restitución de tierras en Quibdó (capital del departamento de Chocó) a la Unidad Nacional de Protección. "Sin embargo, a la fecha no existen resultados relevantes que indiquen una administración eficiente en la protección de la vida e integridad de los resguardos y sus miembros", señaló la ONIC.
