Tras 46 días de paro sin respuestas, integrantes de la delegación salteña de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) enviaron una carta a legisladores nacionales por Salta del Frente de Todos pidiéndoles que intercedan para reincorporar a cuatro trabajadores que aún esperan su revinculación con el organismo nacional.
La medida de fuerza se inició el 5 de agosto pasado, cuando se solicitó en Salta y el país la reincorporación de 72 personas que trabajaban en la SAFCI, algunas de ellas con más de 20 años de antigüedad, y que en 2018 fueron despedidas por decisión del gobierno macrista.
La carta fue enviada a los diputados Verónica Caliva y Alcira Figueroa y Lucas Godoy; y a los senadores Nora Giménez y Sergio Leavy, que integran el bloque del Frente de Todos en el Congreso Nacional.
Si bien en Salta fueron 7 las personas que nunca lograron su reincorporación, en este momento son 4 las que manifestaron su intención y necesidad de recuperar su trabajo en el organismo.
En el gobierno macrista fueron despedidos unos 20 trabajadores de Agricultura Familiar en Salta. Tras el cambio de gestión en el Ejecutivo Nacional en 2019, la mayoría fueron reincorporados, aunque con sueldos menores a los que tenían antes de ser despedidos y en algunos casos, sin el reconocimiento de algunos beneficios o la antigüedad.
La etapa de negociación de las reincorporaciones concluyó en diciembre de 2020 con el compromiso de reabrir las conversaciones en 2021. Pero en todo lo que va de este año el diálogo no se reinició y aún quedan sin ser reingretados a sus puestos de trabajo 72 trabajadores de todo el país.
Los despedidos, los que fueron reincorporados luego y los que todavía esperan para volver a sus trabajos, fueron “objeto de una encarnizada persecución que culminó con los despidos masivos iniciados en diciembre de 2017 y completados en agosto de 2018”, indica la nota elevada a los representantes legislativos el viernes último.
También se sostiene que las más de 550 personas que recibieron su telegrama de despido sufrieron las consecuencias de la resistencia ante “las políticas de despojo que implementó el macrismo para el sector de los agricultores familiares y por el combate permanente en las calles a la política de exclusión de Cambiemos”.
La llegada de la nueva administración nacional llenó de expectativas a quienes sufrieron las desvinculaciones. Pero hace ya más de medio año que se suspendieron las reuniones pese a los recurrentes pedidos para continuar con el proceso de reincorporaciones. “Los representantes del gobierno nacional optaron por el más absoluto silencio”, pese a los esfuerzos por reabrir las conversaciones, se señala en la nota.
Los trabajadores afirmaron que el paro que vienen realizando cuenta con el 70 por ciento de acatamiento. La medida de fuerza, “significa la mayor parte de los territorios sin asistencia técnica, proyectos detenidos, trámites paralizados, con el consiguiente perjuicio para el sector”. Explicaron que la decisión no fue precipitada ni caprichosa, sino “la única forma de respaldar la justicia de nuestros reclamos”.
Es por ello que solicitaron a los representantes legislativos “desde su posición cercana a los ámbitos de decisión” que “pueden identificar y acceder a los interlocutores válidos para destrabar este conflicto”.
Concluyeron su misiva recordando que el sector de la Agricultura Familiar no debe ser objeto de políticas asistenciales, porque se trata de "un sujeto económico por derecho propio, que requiere de un apoyo concreto del Estado para equilibrar las brutales asimetrías a las que está sometido por las presiones de las grandes corporaciones y del agronegocio. Muchas de estas necesidades fueron contempladas en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar", que declara "de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”.
