La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer los resultados de la moratoria 2020, cuestionada por Elisa Carrió como “una decisión a la medida de Oil Combustibles”. La AFIP informó que, en total, la moratoria generó 1.200.000 planes de pago por un total de 533.000 millones de pesos y en todos los casos, y en el de Oil también las condiciones fueron idénticas. La ampliación de la moratoria fue votada por el Congreso Nacional incluyendo a los contribuyentes -personas y sociedades- que originalmente no se habían incluido. Además, el organismo recaudador aclaró que en los últimos 20 años se incluyó siempre la posibilidad de regularizar el impuesto a los combustibles líquidos y se permitió siempre la participación de empresas en quiebra. Diputados de Juntos por el Cambio preparan una denuncia que, en verdad, trata de presionar sobre el juicio que está terminando en Comodoro Py y en que las pruebas favorecieron de manera categórica a los dueños de Oil Combustibles. 

La denuncia de Elisa Carrió y los diputados que le responden se presentaría este lunoes o martes y apunta contra Mercedes Marcó del Pont, titular del AFIP, e incluso contra Cristina Kirchner y Alberto Fernández. En el caso de CFK porque fue durante su gobierno que se le otorgaron planes de pago a Oil Combutibles y respecto del presidente porque fue asesor de la empresa de Cristóbal López y Fabián de Sousa. 

De hecho, la denuncia es una especie de presión sobre el juicio que se desarrolla en Comodoro Py y que está en los tramos finales. El punto neurálgico fue una pericia firmada por los especialistas designados por la Corte Suprema, la fiscalía y las defensas, que por unanimidad, dictaminó que no había deuda exigible de Oil en diciembre de 2015, que la empresa se había acogido a planes de pago que también beneficiaron a miles de empresas e incluso a organismos del estado como el Consejo de la Magistratura o la Municipalidad de Córdoba, además de privados como Mirtha Legrand. El jueves próximo es el turno del alegato del fiscal, Juan García Elorrio, que será finalmente el único acusador. Como adelantó Página/12, la AFIP se retiró de la acusación porque en virtud a sus sumarios y auditorías internas quedó establecido que el organismo recaudador, durante el macrismo, “armó un grupo de tareas específicamente para perseguir a Oil Combustibles, intervinieron funcionarios que no tenían jurisdicción, hubo accesos indebidos al sistema informático violando el secreto fiscal y una organización establecida y destinada a perseguir opositores”, según el texto que se entregó al Tribunal Oral.

Al rescate, entonces, sale Elisa Carrió y los legisladores que le responden. Ya no, como antes, a denunciar un supuesto fraude por la deuda original y los planes que se otorgaron -de eso se trata el juicio de Comodoro Py-, si no a buscar la revancha, esta vez por la moratoria 2020 a la que accedió Oil como otros 1.200.000 contribuyentes. La AFIP señaló en un comunicado que “la firma regularizó sus obligaciones tributarias en el marco de la moratoria prevista por ley, en las mismas condiciones que fueron utilizada para generar 1,2 millones de planes de pago que permitieron regularizar 533 mil millones en deuda impositiva, previsión y aduanera vencida. Todos los contribuyentes adhirieron en idénticos términos: no existen planes especiales. La moratoria no sólo le permite al Estado cobrar una deuda impaga, sino que garantiza la continuidad de las empresas y la preservación de los puestos de trabajo”, indicaron las fuentes del organismo que encabeza Marcó Del Pont.

Y en respuesta directa al planteo de los legisladores de Juntos por el Cambio, la AFIP señaló: “son falsas las declaraciones realizdas por distintos opositores sobre la excepcionalidad de esta moratoria con relación a la posibilidad de regularizar deudas por el impuesto a los combustibles líquidos. Todas las moratorias aprobadas por el Congreso de la Nación entre 2001 y 2021 admitieron la regularización del impuesto a los combustibles, salvo en el plan de facilidades de pago ofrecido en 2016”.

Tampoco hay excepcionalidad en la admisión a las moratorias de empresas quebradas (ahora Oil ya levantó la quiebra). La AFIP sostiene que “la adhesión de empresas quebradas es una característica repetida en todas las moratorias aprobadas por el Congreso a lo largo de las últimas dos décadas, incluso en la moratoria del año 2008, se permitió el acogimiento para quebrados sin continuidad en la explotación”, concluye la AFIP en respuesta a los diputados opositores.