Para Claudia Paz y Paz no hay dudas: es posible esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. “El destino final de los normalistas se puede determinar si se tiene voluntad política para hacerlo”, apunta al gobierno de Enrique Peña Nieto la integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el crimen. En diálogo exclusivo con PáginaI12, la abogada guatemalteca derriba la versión oficial sobre la quema de los cuerpos en un basurero, dice que puede probarse la actuación de policías de distintas jurisdicciones en los hechos, sugiere indagar la participación del Ejército y afirma que el GIEI recomendó al gobierno que siga, como hipótesis del crimen, el contrabando de drogas a Estados Unidos.   
El grupo de la CIDH buscó determinar lo sucedido con los normalistas; también lo que no ocurrió. Para la Procuraduría General de la República (PGR) los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos y llevados a un basurero cercano, en el municipio de Cocula, donde sus cuerpos habrían sido incinerados y sus restos tirados al río San Juan. Según los expertos esa versión se apoyó en declaraciones de cinco detenidos que confesaron ser parte del cártel mexicano y dijeron haber participado en la quema de los cuerpos.  
¿Qué pasó el 26 de septiembre de 2014? Para el GIEI, los estudiantes salieron de la escuela entre las 17.30 y las 18 y viajaron en dos autobuses a Iguala a juntar dinero para actividades políticas. Llegaron entre las 20.30 y las 21. Entraron a la terminal de ómnibus a las 21.30, tomaron tres unidades y cuando iban saliendo de la ciudad, fueron cercados por efectivos de la Policía Municipal de Iguala y de Cocula. En dos puntos distintos fueron bajados de los micros: un grupo fue llevado a la comisaría de Iguala y desapareció.
El GIEI pidió a la PGR que investigase la posible participación de Policía Federal destacada en Iguala la noche de los hechos, de la Policía Estatal y de militares presentes en varias escenas del crimen; también el rol de una Policía Municipal que no fue investigada por la Procuraduría. “Sería un hecho mucho más complejo, de cómo fue mencionado desde un inicio, con la intervención de policías municipales y miembros de un cártel local”, advierte la jurista.  
–Hubo un plan para desaparecer a los jóvenes.
–Los primeros disparos comenzaron pasadas las 21.30, la acción duró alrededor de cinco horas y terminó con un retén a 50 kilómetros del centro de Iguala, en el crucero de Mezcala, en diez escenarios diferentes. Necesariamente se trató de una acción coordinada. Cruces telefónicos dan cuenta de una persona con el seudónimo “caminante” que esa noche habría sostenido comunicaciones con supuestos miembros de Guerreros Unidos, con policía de Iguala y con policía de Cocula. Aún no se determinó la identidad de esta persona “caminante”.    
–Hay datos llamativos sobre un micro tomado por los normalistas.
–Según testigos ese autobús, el único que no fue destruido, fue detenido y escoltado hacia las afueras de Iguala por Policía Federal. Los estudiantes que iban a bordo sobrevivieron.   
–¿Qué pasó con ese autobús?
–Primero no aparecía en la investigación de la PGR. Cuando el ex procurador Jesús Murillo Karam da la famosa conferencia de prensa en enero de 2015 menciona que los estudiantes tomaron dos autobuses. En la teoría del caso presentada ante el juez tampoco se menciona el quinto autobús. En el video de esa noche tomado por la Central de Autobuses de Iguala se ve cómo llegan los estudiantes en dos autobuses y toman tres. Este quinto autobús, que sale por la puerta de atrás, no tiene las mismas particularidades del autobús que nos pone a la vista la PGR cuando pedimos verlo, características importantes como las pegatinas sobre los vidrios que confirman el pago de impuestos.            
–¿Qué importancia tiene para el caso el quinto ómnibus?
–Según un expediente de la fiscalía de Chicago en contra de una facción de Guerreros Unidos que trabaja en Estados Unidos, se traficaría heroína, en autobuses de pasajeros, desde la ciudad de Iguala hacia ese país. La hipótesis que sugerimos investigar a la PGR es que cuando los estudiantes llegan al centro de Iguala podrían haber tomado involuntariamente un autobús en el que podría haber habido un cargamento de heroína. Eso explicaría por qué es el único que no fue destruido y por qué lo sacaron de las escenas del crimen.
–La hipótesis oficial no se construyó sobre evidencia científica.
–La investigación se basó en conclusiones de los procesados. Al menos el 80 por ciento de los detenidos, que son más de cien, presentaron lesiones. En dieciséis casos hubo fuertes evidencias de torturas; incluso los cinco detenidos que señalaron que los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
–¿Cómo constataron las torturas?
–Por ley, en México, cuando una persona es arrestada es examinada por el médico de la fuerza de seguridad que la detuvo, luego la revisa el médico de la PGR, y antes de ingresar a prisión la examina el médico del centro de detención. Si al momento de la detención se habían registrado cinco lesiones, bajo custodia de la PGR esa misma persona presentaba treinta lesiones; heridas que no se pueden explicar porque se hubiera opuesto a la detención, dado que se registra en un momento posterior y además se consigna que el arresto fue pasivo.
–El GIEI fue nombrado por un mandato de seis meses. En abril concluyó el segundo mandato y el gobierno de Peña Nieto no lo quiso renovar. ¿Por qué dejaron de trabajar en el caso?
–(Silencio) No puedo suponer las razones del gobierno. Lo que podemos afirmar es que si bien en el primer mandato hubo una mayor apertura y colaboración con nosotros como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el segundo mandato, especialmente en los últimos meses, definitivamente esa colaboración se transformó en dilación. Solicitudes de diligencias que tardaban dos o tres días, o una semana, se transformaron en meses o ya no se hicieron.
–¿Los normalistas de Ayotzinapa están con vida?
–Para nosotros están desaparecidos.
–¿Creen que fueron enterrados en fosas comunes?
–Nosotros creemos que deben agotarse todas las vías de investigación. Hasta que no exista evidencia del destino final de los estudiantes, no podemos afirmar qué fue lo que ocurrió con ellos.