Los Súper Mario Bros, las andanzas de la banda de Marcelo Sebastián D’Alessio, el espionaje sobre propios y ajenos, la vigilancia masiva antes de las cumbres mundiales o los seguimientos a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan son varios de los de los capítulos de la inteligencia ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri que suscitaron gran interés durante 2020, pero, en los últimos meses, las causas perdieron la centralidad que habían tenido. Tras su mudanza desde Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py, todos los ojos están puestos en si la Cámara Federal refrendará los 38 procesamientos que dictó el juez Juan Pablo Augé o si herirá de muerte a la investigación, impactando de lleno en otros expedientes que tramitan en paralelo.

En las próximas semanas, debería conocerse si la Cámara Federal --integrada por Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi-- sostiene los procesamientos que dictó en febrero pasado el juez de Lomas de Zamora que incluyen a los exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a los espías conocidos como Súper Mario Bros y a la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, entre otros. Los camaristas deben resolver también si mantienen fuera de la investigación al secretario privado de Macri, Darío Nieto, o si le piden al juez Marcelo Martínez de Giorgi --que se hizo cargo del expediente llegado de Lomas-- que lo investigue.

En la Cámara insisten en que se está analizando el tema, que lleva tiempo por ser un expediente voluminoso. Sin embargo, hay preocupación entre las partes sobre el futuro del caso. Alrededor de esa causa tramitan al menos otras cuatro que están relacionadas y están en poder de Martínez de Giorgi también. El juez espera saber qué harán sus superiores para encauzar la investigación. Estos son los expedientes que están en poder del magistrado:

  • El espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. En agosto de 2018, la AFI había apostado autos y agentes afuera de los dos lugares que frecuentaba la expresidenta. El objetivo, según declararon algunos espías, era ver si alguien entraba o salía con bolsos. La fecha coincide con la génesis de la causa de los cuadernos, en manos de Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. Por esta causa están procesados el exdirector general Gustavo Arribas, la exsubdirectora general Silvia Majdalani, el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz. Esta causa podría empezar su trámite de elevación a juicio, ya que la Casación rechazó los recursos de los acusados.

  • La bomba contra el exfuncionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila. El 6 de julio de 2018, dejaron un explosivo sin conectar en un edificio en el que Vila había vivido hasta un tiempo antes. Distinta documentación que surgió en la causa de Lomas de Zamora apunta a que los Súper Mario Bros estuvieron detrás de la maniobra. Vila, un exfuncionario de larga trayectoria en la Secretaría de Inteligencia (SI), pidió una serie de indagatorias antes de que la causa pasara a manos de Martínez de Giorgi.

  • Vigilancia masiva en las cumbres internacionales. En junio del año pasado, la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció que, durante la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 2017 y la del G20 de 2018, los servicios realizaron tareas de inteligencia ilegales. Se encontraron 403 fichas de periodistas que se acreditaron para la cumbre del G20 y otras 58 de referentes políticos, académicos, de ONGs y hasta de la Sociedad Rural. También la AFI espió entonces al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Por estos hechos, la fiscala Paloma Ochoa pidió la indagatoria de los jerarcas de la AFI, de Coste --en cuya oficina se halló la documentación-- y de Carlos Tonelli Banfi, el excuñado de Gabriela Michetti que estaba a cargo del área de Eventos Especiales de la AFI. La Cámara Federal envió este expediente también al juzgado de Martínez de Giorgi, que aún debe responder al pedido de la fiscalía.

  • Macri, Nieto, mails pinchados y trabajadorxs espiadxs. Paradójicamente, Martínez de Giorgi también tiene la causa que originaron Nieto y Macri como reacción a la investigación de Lomas: buscaban torpedear desde los tribunales de Comodoro Py la pesquisa que venían llevando adelante los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y, por eso, denunciaron que se había manipulado el teléfono del secretario privado y que se había filtrado información sensible del expresidente. Los abogados que siguen el expediente se refieren a la denuncia de las “claves de Macri” y mencionan, no sin sorna, la contraseña de Netflix, que era el “cable a tierra” del líder del PRO cuando aún ejercía la presidencia. El juez también investiga una denuncia de Caamaño sobre la pinchadura de mails a políticos y periodistas. Es probable que en las próximas semanas se le sume la denuncia sobre el espionaje a los/as trabajadores/as del Hospital Posadas, ya que la jueza María Eugenia Capuchetti logró acreditar que el mismo auto de la AFI que espiaba a CFK seguía a les empleades del centro de salud.


Dolores avanza

Lejos del foco mediático de Comodoro Py y con un perfil muy bajo, Martín Bava, continúa con la investigación que dejó encaminada Alejo Ramos Padilla antes de mudarse al juzgado federal 1 de La Plata. Hay tres expedientes en esa jurisdicción de fuerte impacto en el mundo político y judicial:

  • D’Alessiogate: El lunes pasado, Bava les pidió a las querellas que opinen para empezar el trámite para elevar a juicio a D’Alessio y al fiscal Stornelli, entre otros. Algunos querellantes pidieron prórroga para pronunciarse. Recién cuando lo hagan será el turno de la fiscalía que encabeza Juan Pablo Curi y que pidió en abril del año pasado que el juzgado eleve a juicio por tramos, como se hace en las causas complejas. Ramos Padilla no estuvo de acuerdo entonces porque entendió que no se entendería cabalmente el accionar de la asociación ilícita --una organización paraestatal dedicada al espionaje-- que investigaba.

  • Proyecto AMBA: Ramos Padilla dejó 17 procesados por el espionaje ilegal que la AFI desplegó entre 2016 y 2017 en las nueve bases que tenía desperdigadas por provincia de Buenos Aires. Bava procesó a siete agentes de la delegación Haedo-Morón ya dos de la base Pilar. Todos los procesamientos están para ser revisados por la Cámara Federal de Mar del Plata.

  • Espionaje a familiares del ARA San Juan: El juez subrogante de Dolores está terminando con la ronda de indagatorias, que incluyó a las máximas autoridades de la AFI por la vigilancia sobre las familias de los tripulantes y a quienes integraban la base de la exSIDE en Mar del Plata, desde donde se desplegaron las tareas de inteligencia ilegal. En este caso, queda claro que la AFI buscaba anticiparle a Macri los movimientos de los familiares. El exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez presentó un escrito en el que decía que ellos colaboraban con la Avanzada Presidencial, según confió una fuente con acceso al expediente. Los próximos dos jueves Bava interrogará a los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, quienes fueron convocados después de que Arribas señalara que no entendía por qué no les pedían explicaciones en la justicia a ellos. Después de esas indagatorias, el magistrado estaría en condiciones de resolver la situación procesal de los espías.