Con un acampe de dos días frente al Congreso, la UTT le reclamará al Gobierno que avance en el debate de Ley de Acceso a la Tierra, un proyecto de creación de créditos blandos, a la manera de un Procrear Rural, para que los pequeños productores puedan ser dueños de un lote en el que producir alimentos. La propuesta ya fue presentada en 2016, en 2018 y en 2020. Ese último año ingresó a Diputados con el acuerdo del Frente de Todos para que sea debatida, pero su tratamiento no se define.

Las actividades en la plaza del Congreso van a arrancar al mediodía, con una marcha y un verdurazo. A una semana del las PASO que revelaron la pérdida de votos del FdT reflejan el descontento que existe en la organización social ante las demoras en la implementación de políticas para los más humildes que, aunque acordadas con la Casa Rosada, se retrasan en ser concretadas.

“El acampe tiene que ver con que no se puede esperar más. No se pueden seguir postergando las respuestas al mayor problema que tiene la gente todos los días, que es el precio de los alimentos. Esta es una propuesta posible y concreta”, dijo a PaginaI12 Rosalía Pellegrini desde la UTT.

“Somos familias que producimos, que nos organizamos y nos esforzamos por encontrarle la vuelta al trabajo y al acceso a los alimentos. El presidente Alberto Fernández se comprometió en febrero a que la ley sea tratada; sin embargo no hubo ningún avance, aunque el Congreso tiene las condiciones para debatirla”, agregó.

El recorrido de este proyecto muestra la difícil relación entre las organizaciones sociales y el Frente de Todos --o como dicen de manera general en los movimientos “con la dirigencia política”--. Porque la UTT no se integró al FdT en la campaña por las elecciones presidenciales de 2019 --como sí lo hicieron el Movimiento Evita o Somos Barrios de Pie, que esta semana saldrá a hacer campaña en los barrios para recuperar los votos perdidos--. La organización conocida por sus Verdurazos se tomó su tiempo para apostar a esta gestión. Sin embargo, ya con Alberto Fernández como Presidente, en marzo de 2020 aceptó el ofrecimiento de hacerse del Mercado Central. Y abrió un canal de negociaciones sobre una serie de temas: políticas de apoyo a las cooperativas de horticultores, uso de las tierras fiscales para crear colonias agroecológicas, la Ley de Tierras.

“Esto es algo que no puede seguir estancado”, señaló Agustín Suárez. El referente de la UTT mostró su preocupación por el resultado de las elecciones en noviembre y la posibilidad de que con una nueva conformación del Congreso las chances de aprobar el proyecto se reduzcan. “Hay una situación muy dramática en la sociedad, incluso en lo más básico como comprar la comida, llegar a fin de mes. Eso se vio reflejado en las PASO, en el descreimiento por votar. Por eso nosotros decimos que ahora es cuando hay que avanzar con la Ley de Acceso a la Tierra, también con fortalecer a las cooperativas, para poder llegar con alimentos baratos a toda la población".

"Vemos que no se materializó no sólo el Procrear Rural. Faltan políticas públicas, apoyo a las cooperativas de productores. Falta dar mayor impulso a la agroecología, porque no pudimos abrir todas las colonias agroecológicas que hubiéramos querido. Entonces, ahí hay otro factor  por el que hay un enojo generalizado. Está la cuestión material de no poder llegar a fin de mes, de que los alimentos estén más caros día día, y por el otro lado todo lo que se pensó, todo en lo que se apostó a que se transforme y no se transformó en nada. Ahí está lo de Vicentin, el gusto a poco de la Hidrovía, el extractivismo que sigue muy fuerte. Puntos en los que no sucedió lo que a uno le hubiera gustado que sucediera en este gobierno. Ya estamos en la mitad del mandato, pero estamos a tiempo, creemos que los objetivos que planteamos pueden ser reales, o por lo menos parte de esos objetivos. Es ahora es cuando hay que hacer ciertas transformaciones para los sectores populares".    

Créditos y loteos

En los fundamentos de la ley se señala que en la Argentina sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores, a pesar de que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno. La mayoría de los quinteros deben alquilar los lotes que siembran, pagando por ellos precios más altos en los cinturones que rodean a las grandes ciudades, donde las tierras antes destinadas estos cultivos compiten con el desarrollo de proyectos inmobiliarios.  

En relación a los costos, la estimación de quienes redactaron el Procrear Rural es que con un fondo para créditos blandos de 110 millones de dólares, unas 2000 familias podrían acceder a una hectárea propia con infraestructura productiva y vivienda digna. "Es un tercio de lo que el Estado argentino le prestó a Vicentin (U$300 millones), o un 4% de lo que el fisco recaudó por retenciones entre enero y agosto de 2020", señaló Suárez. 

Además de crear una línea de créditos blandos, el proyecto dispone que el Estado destine parte de las tierras públicas ociosas para ser loteadas y vendidas mediante este sistema de créditos, con el exclusivo fin de que se dediquen a la agricultura familiar. Como contrapartida, obliga a quien obtenga uno de estos créditos hipotecarios a cumplir con una serie de condiciones, como residir en el predio comprado, trabajarlo en forma personal, con la colaboración principal de su familia, haciendo de ello su ocupación personal, reducir progresivamente el uso de agrotóxicos, mantener indiviso el terreno, no alquilarlo, venderlo ni transferirlo por un período de 20 años. 

La Ley de Acceso a la Tierra fue presentada en 2016 y en 2018, y acompañada por de legisladores que luego fueron funcionarios de gobierno como Axel Kicillof, Luis Basterra, Daniel Arroyo y Felipe Solá. 

El proyecto cuenta con estado parlamentario: en mayo las comisiones de Agricultura y Asuntos Legislativos de la Cámara de Diputados de la Nación lo trataron pero sin llegar a emitir dictamen.