Esta semana vence el plazo para que el Ejecutivo Municipal de Salta resuelva si insiste en el decreto que aprobó el convenio con la Cecaitra (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina) para la instalación de un sistema de fotomultas.
El compromiso que firmó la Municipalidad con Cecaitra fue objeto de una observación legal por parte del Tribunal de Cuentas Municipal, que implica formal oposición y la suspensión de su cumplimiento.
La observación legal que se decide ante la "existencia de vicios graves y groseros que vuelven ineficaz un decreto", fue notificada por el Tribunal de Cuentas al Ejecutivo.
Notificado el Ejecutivo de esa decisión del organismo de control, dispone de 15 días hábiles para insistir con el decreto.
Si es que toma esa decisión el Ejecutivo, la debe comunicar al Tribunal de Cuentas y éste remitir los antecedentes al Concejo Deliberante, para que se expida en 30 días corridos.
El Ejecutivo fue notificado el 31 agosto, con lo cual si se consideran los tres días de la celebración la festividad del Milagro, en los que no hubo actividad administrativa formal, sino solo guardias en la Municipalidad, el plazo vence el próximo jueves.
Si el Ejecutivo no insiste, trascurridos los 15 días el decreto pierde eficacia y muy posiblemente se inicie una etapa de reclamos por parte de Cecaitra que ya instaló equipos y tenía prevista una inversión total de $162 millones, con un acuerdo que le dejaba el 45% de las multas cobradas.
El decreto de aprobación (N°248), del denominado Convenio de Cooperación en Materia de Seguridad Vial y Movilidad Ciudadana Sustentable, fue publicado el 3 junio de este año, pero solo en su parte dispositiva, sin el texto detallado del acuerdo.
Varios concejales reaccionaron y los funcionarios responsables de la iniciativa fueron convocados a dar explicaciones el 25 de agosto.
Tras esa reunión muy tensa, el Concejo Deliberante emitió una resolución en la que solicitó la suspensión del acuerdo por la cantidad de información faltante y sobre todo porque el cuerpo legislativo fue ignorado en su tramitación.
Sobrevino después la observación legal del Tribunal de Cuentas, tras lo cual por varios días ningún miembro del Ejecutivo volvió a hablar del tema, que por momentos tuvo ribetes de escándalo, sobre todo después de la reunión entre funcionarios y concejales.
Recién el viernes 10 de setiembre la intendenta Bettina Romero se pronunció sobre el asunto cuando fue abordada por periodistas al visitar una obra en el centro de la ciudad.
“Es todo información pública; ustedes deben saber” dijo la intendenta cuando le preguntaron qué va a pasar con el convenio con Cecaitra que el Concejo Deliberante bloquéo.
“Nosotros propusimos un convenio con una empresa, lo cual los concejales dijeron que quieren reveer, frenar, analizar y es lo que hicimos, pero no quepan dudas que para mí es una prioridad que la ciudad sea más segura”, agregó la jefa comunal.
Además la intendenta dijo estar “convencida que es apoyándonos en tecnología que vamos a ir mejorando nuestra ciudad; Salta tiene uno de los índices más altos de siniestralidad, todas las semanas muere alguien y nos horrorizamos con accidentes”.
Romero precisó respecto del convenio que “estamos dispuestos a analizar cuál es la mejor manera de hacerlo, con quién y volver a discutir las formas, pero el objetivo es concreto; hacer de Salta una ciudad más segura”.
En ese contexto opinó sobre la conducta de los salteños en materia de tránsito y dijo que “ no se respeta al ciclista, no se respeta al peatón, hay adultos mayores que tienen miedo de cruzar las calles tenemos una actitud bastante salvaje a la hora de manejar y tenemos que hacer como se hizo en todo el mundo, control, orden y multas”.
