La Secretaría de Minería y Energía de la provincia optó por intimar y paralizar las obras de extracción de áridos en las márgenes del Río La Caldera tras verificar lo que los habitantes de los dos municipios del departamento La Caldera venían denunciando de manera reiterada, y que incluso llegó hasta la Procuración General de la provincia, que en marzo de este año pidió informes a la cartera encargada de realizar los controles pertinentes.

Desde 2020 se repiten las denuncias de los vecinos de Vaqueros, quienes apuntan al intendente Daniel Moreno, por permitir que se instalen sobre la margen del río La Caldera empresas que extraen áridos. Se trata de unas seis empresas privadas y una municipal, los vecinos señalan que esta extracción se hace sin permisos ni estudios de impacto ambiental correspondientes, y que con esta acción están generando entre otras cosas, la contaminación del acuífero del que viven más de 200.000 personas de esas localidades y el norte de la ciudad de Salta.

La resolución 021 de la Secretaría de Minería de la provincia, indica que el personal del Programa de Gestión y Policía Minera constató en una inspección los incumplimientos de la municipalidad de Vaqueros en la extracción de áridos que se realiza en las cercanías del puente Wierna.

“Carencia de convenio o permiso para realizar trabajo de extracción en el sector en cuestión; incumplimiento de presentación de informe de impacto ambiental”, y “falta de inscripción en el Registro de Productores Mineros de la Provincia”, son las irregularidades que se desprenden de ese documento que dispuso que se mantenga la medida de paralización de obras hasta tanto no se dé respuesta, por parte de las autoridades municipales, a los requisitos solicitados, y que sean aprobados por ese organismo.

Además del estudio de impacto ambiental y las habilitaciones que corresponden, se solicitó la presentación de un Plan de Trabajo de disposición de descartes, que deberá ser previamente aprobado por el Programa de Gestión y Policía Minera, dependiente de la Dirección General de Minería.

En 2016 Moreno había avanzado con un acta acuerdo de extracción de áridos justamente en la denominada Zona de Exclusión de Aguas del Norte ubicada sobre el Río La Caldera, en donde le permitió a seis firmas privadas, a las que sumó una municipal, trabajar en polígonos demarcados, en un área cercana al margen del río y que por lo tanto, aseguran los pobladores, viola la Ley de Minería y contamina el agua que luego es la que se deriva para el consumo de todos los que viven en la zona norte de la ciudad de Salta.

Pero además sostienen que en reiteradas ocasiones se dirigieron al jefe comunal solicitando información pero nunca les respondió. La última nota data del 29 de junio pasado, en ella más de 60 vecinos de Vaqueros y Valle Hermoso presentaron un documento informando sobre la gravedad de la contaminación sonora y ambiental de la reserva hídrica de La Caldera, como también las violaciones a leyes provinciales y las propias municipales, requiriendo información sobre la extracción de los áridos, “nota que hasta el momento no fue respondida por el intendente”, detallaron.

En la carta adjuntaron fotografías de los niveles de contaminación, basurales y daño ambiental, que se producen “por la explotación descontrolada de áridos”. E insistieron en que los trabajos, tan cercanos a “uno de los acuíferos más importantes para la población de esta provincia”, están contaminando las aguas con sedimentos, grasas lubricantes y combustibles.

Asimismo, indicaron que la falta de regulación de la explotación incide directamente en la calidad del agua superficial, provocando modificaciones en la dinámica del río, alterando su dirección, velocidad, zonas de erosión y sedimentación en el cauce, vulnerando principalmente las márgenes del curso de agua y exponiendo el sistema a un alto riesgo de inundación, en perjuicio de obras civiles como el puente Wierna, la ruta nacional 9 y las viviendas más próximas.

Agregaron que la contaminación sonora “producida a toda hora” fue medida “y viola las contravenciones municipales de niveles de ruidos permitidos y genera estrés y daños comprobados a la salud”. Y que con todo esto como vecinos perdieron el derecho “a disfrutar del río”, debido a que las máquinas “generan montículos grandes de material y socavones en el cauce, no sólo arruinando el paisaje sino haciendo prácticamente imposible la circulación a pie para poder llegar al agua”.

A lo que sumaron que hay zonas de acopio de máquinas, áridos, chatarras y desperdicios, “sin autorización ni estudios correspondientes para funcionar en las inmediaciones del puente Wierna”.

Reserva Hídrica

Como antecedente, esa zona del Río La Caldera, en las inmediaciones del puente Wierna, fue declarada por la Secretaría de Minería, en septiembre del 2004, y a pedido de Aguas de Salta, como Reserva Hídrica, ya que allí se encuentran situadas las obras de captación de agua de la empresa.

Al declararla reserva, la resolución indica expresamente que se prohíbe, siguiendo lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley 7.141 (Código de procedimientos mineros), “extraer materiales áridos a una distancia menor de 800 metros aguas arriba y 200 metros aguas abajo del lugar donde se encuentran las tomas de agua”.

La decisión de Minería

Tras las inspecciones pertinentes, la autoridad de aplicación determinó que la municipalidad de Vaqueros “no cuenta con autorización para realizar trabajos de extracción en el sector en cuestión, ya que se trata de una Zona de Exclusión, por encontrarse a menos de 800 metros aguas arriba del puente carretero, y se observaron montículos de descarte sobre el cauce que deben ser ordenados y sobre la margen”. Y que tampoco se habían presentado nunca los estudios de impacto ambiental.

El organismo resolvió aplicar un “Apercibimiento” al municipio, debido a los incumplimientos constatados, y paralizar toda actividad. La secretaria de Minería, Flavia Royón, confirmó a Salta/12 que el municipio presentó un recurso, pero dijo que esas obras siguen paralizadas. Y que en un principio, el Ejecutivo de Vaqueros no había realizado el descargo pertinente dentro del plazo estipulado de cinco días desde la orden de paralizar las obras. Mientras que Daniel Moreno contestó que se están realizando los estudios de impacto ambiental y todos los requisitos solicitados. 

Algunos vecinos informaron que ya están accionando en la Justicia provincial “con denuncias penales” contra el convenio que firmó Moreno en 2016 para realizar extracciones en esa parte del río, y “por la falta de procedimientos adecuados para realizar las extracciones”. Pero añadieron que también lo harán en la justicia Federal “por daño a la propiedad nacional, y daños ambientales”.