El gobierno de Salta, informó que desde hoy se avanzará en la presencialidad total en las escuelas estatales y privadas de la provincia. Sin embargo, desde el sector de los Docentes Autoconvocados, calificaron de apresurada la decisión del Ejecutivo, porque aseguran que aún no existen las condiciones sanitarias ni de infraestructura adecuadas para hacerlo.
El criterio que maneja el Ministerio de Educación de Salta, según la resolución 439/21, es que se avance en la presencialidad en aquellos establecimientos que puedan asegurar la distancia entre alumnos de 90 centímetros. No obstante, también sostiene que se evaluarán los casos de "excepcionalidad", que establece una distancia de 50 centímetros entre los estudiantes.
La vocera de los Docentes Autoconvocados de la Plaza, Sandra Nieva, indicó que la decisión de la cartera que dirige Matías Cánepa, se hizo de "manera apresurada" porque "no se ha dado tiempo para que las instituciones puedan organizarse". Aseguró que recién tomaron conocimiento de dicha resolución el jueves último, cuando ya se había emitido el jueves 9 de septiembre.
El anuncio gubernamental causó revuelo entre la docencia porque incluyó al sector estatal, en el ámbito de la educación privada ya contaba con escuelas que venían implementando la presencialidad total desde el lunes 6 de septiembre.
Si bien, la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, aclaró que cada institución atenderá a su realidad, es decir, espacio y cantidad de alumnos, la prioridad es que se de un regreso total del nivel inicial y de primero y séptimo grado de la primaria. Esto porque son los curso de transición entre niveles de educación.
Según supieron los Autoconvocados, dentro del Ministerio existe preocupación por el proceso de aprendizaje de estos grados, debido a que el sistema de bimodalidad propició escasas clases presenciales, sumado a la prolongación del receso invernal y del paro docente, que se desarrolló en todo el mes de agosto.
"Entendemos que lo que se busca es hacer un apoyo importante (en las trayectorias educativas), en este momento por la situación sanitaria", dijo Nieva. Desde el Comité Operativo de Emergencia local, se informó que la provincia no cuenta con departamentos en riesgo epidemiológico; por lo que determinó que corresponde establecer un esquema de medidas de una normalidad controlada.
Sin embargo, la docencia sostiene que la cuestión de infraestructura "es un punto débil" en toda la provincia, incluso reconocida desde el propio Ministerio, afirmó Nieva. "Si hicieron obras, no alcanzaron", señaló.
Salta tiene 1.502 establecimientos educativos. De ese número, 1.331 son escuelas estatales y 171 privadas. En mayo el entonces ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, recordó en una visita a la provincia, que se invirtieron 55 millones de pesos para la refacción de 104 establecimientos educativos salteños.
La vocera sumó que existen reclamos por parte de la docencia de los departamentos de San Martín y Rivadavia, por la falta de agua. Situación que es recurrente en el norte salteño cuando empiezan las temperaturas estivales que superan los 35°.
También dijo que de aumentar la presencialidad, es urgente que se designen más personal de maestranza, para poder dar cumplimiento a los protocolos sanitarios. "Hay una precaridad en la cuestión sanitaria", subrayó.
Afirmó también que existe un retraso en los fondos nacionales y provinciales que se destinan para la compra de insumos, como alcohol en gel o lavandina, debido a que por trámites burocráticos, se da una demora en las entregas presupuestarias. Esto ocasiona que algunas escuelas se queden sin elementos sanitarios por un tiempo hasta que se aprueben los nuevos fondos.
Los Autoconvocados levantaron el paro de actividades el 6 de septiembre, anunciando que retomarían las medidas de fuerza si el gobierno provincial no los llamaba a las reuniones de mesas técnicas, que comenzaban el viernes 17. El encuentro finalmente sí se produjo y fue encabezado por propio ministro Cánepa; donde acordaron reunirse todos los viernes hasta lo que resta el ciclo lectivo.
El próximo viernes ya definieron hablar sobre la grilla salarial, y como temas a futuro, ya establecieron la titularización docente y el sistema de concursos. De la primera reunión, también participaron las autoridades del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Salta (Sitepsa), principales aliados del sector, que se sumaron a la medida del paro de agosto.
Un acto de irresponsabilidad
Por su parte, el docente oranense identificado con el sector de la Asamblea Provincial Autoconvocada Docente, Samuel Huerga, sostuvo que se trata de una "acto de irresponsabilidad" del gobierno porque no resolvió las problemáticas estructurales, como la contratación de las nuevas ordenanzas. "Es un acto aventurado del gobierno porque están siendo irresponsables ante una pandemia", cuestionó.
Huerga no sólo apuntó a la cuestión edilicia, también lo hizo en la falta de garantía de los servicios como agua y luz. En su caso, enseña en el colegio secundario N° 5023, en el departamento de Orán, y contó que allí existe un conflicto con la luz. De no ser eficiente este servicio, también se afecta la provisión de agua, ya que funciona con una bomba que demanda electricidad.
"Ya están todos los reclamos hechos, pero no se toman las medidas en el tema", denunció. Al igual que Nieva, afirmó que la situación sanitaria se agudiza en los departamentos del Chaco Salteño porque "si no es el problema de la luz o el agua, es la falta de elementos básicos y personas".
Este sector denunció públicamente y después que se levantara el paro, que más de mil maestros tuvieron descuentos salariales por los días que pararon en mayo y junio. Aseguraron que se trata de una medida disciplinadora por parte del gobierno de Gustavo Sáenz, en represalia por la última medida de fuerza, que duró todo agosto y se extendió hasta los primeros días de septiembre.
También pidieron por la anulacion de las resoluciones ministeriales Nº 428 y 432, ya que afirman que no se respeta el derecho a la huelga.