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Mientras el viernes todo el mundo miraba otro canal, a la espera de anuncios del Gobierno, el macrismo en la Legislatura porteña transformaba un simple proyecto sobre firmas digitales en la justicia en una reforma que pretende darle al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires el poder de revisar causas que tramitan en la justicia nacional. No es una cuestión burocrática menor. Para ilustrar la cuestión: lo que buscan es darle fuerza de ley a lo que intentaron hacer los Macri al llevar el caso del Correo a la corte local, en cuyos integrantes confían, para que revierta el expediente a cargo de la justicia comercial nacional que terminó en la quiebra de la empresa en julio de este año. Con ese antecedente es difícil no leer la jugada como una apuesta a institucionalizar un mecanismo de forum shopping (elegir el tribunal más conveniente o afín), incluso entrometiéndose en un tema cuyo debate, en todo caso, debería hacerse en el Congreso y que está también a estudio de la Corte Suprema.
La trama
La Ciudad de Buenos Aires (CABA) tiene tribunales propios con un fuero penal, contravencional y de faltas y otro contencioso, administrativo, tributario y de relaciones de consumo. Los tribunales sobre cuestiones comerciales o civiles, por ejemplo, siguen funcionando bajo la órbita de la justicia nacional, que a la vez conserva sus juzgados penales y contenciosos, entre otros. El traspaso de estos últimos a la órbita porteña se discute hace muchos años y formó parte de los proyectos de reforma que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, pero nunca se concretó. Por lo tanto, si el Tribunal Superior de la Ciudad se pone a revisar las sentencias de los tribunales nacionales, estaría pisando una jurisdicción ajena. Tan ajena que, por ejemplo, a les jueces contencioses porteñes las/los eligen la Legislatura de la CABA y Ejecutivo porteño, pero les jueces/zas jueces contenciosos nacionales o comerciales o civiles, son elegidas/os con acuerdo del Senado y el Ejecutivo nacional.
Pese a que esta organización es clara y ninguna ley la modificó, hubo dos casos emblemáticos donde el propio TSJ admitió meterse en territorio nacional. El más reciente y escandaloso es el concurso de acreedores del Correo Argentino, que lleva 20 años de trámite en la justicia comercial nacional, pero cuando se venía la declaración de quiebra la empresa decidió pedirle a la corte porteña que aparte a la fiscala de la causa ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, y a la jueza Marta Cirulli. Boquin es quien denunció en 2017 el intento del Correo de licuar su deuda millonaria en un acuerdo con el Estado nacional cuando quien gobernaba el propio Mauricio Macri. Cirulli es la jueza que finalmente decretó la quiebra y se hizo eco de todas las denuncias de maniobras fraudulentas de la fiscalía. Es claro que los Macri --accionistas de Socma, la principal controlante del Correo-- fueron al TSJ con la esperanza de conseguir un fallo favorable que no conseguían en la Cámara Comercial.
El antecedente previo, donde el propio TSJ habilitó este camino fue el reclamo del panelista Gabriel Levinas, que arrastraba una condena civil por una demanda de la familia del artista plástico León Ferrari. Debía pagar 88.000 dólares porque vendió obras de arte que Ferrari le habia dado para exhibir en París y tampoco le devolvió el dinero. En ese caso, las/os cortesanas/os de la CABA se metieron con la justicia civil a nivel nacional y anunciaban que lo harían en otros casos también.
El Tribunal Superior de Justicia tiene cinco integrantes, tres de los cuales guardan una vinculación clara con el macrismo. Su presidenta es Inés Weinberg de Roca, la jueza que Macri había elegido para ocupar la Procuración General de la Nación, aunque no consiguió los votos para designarla en el Senado. Otro de sus integrantes es Santiago Otamendi, ex número dos de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Cambiemos. Marcela de Langhe fue nombrada también por el macrismo en Instituto Superior de Seguridad Pública porteño. Este trío es el que admitió tanto a pedido de Levinas como del Correo, ponerse a revisar lo que hace la justicia comercial nacional. La discusión escaló ya hasta la Corte Suprema, que tiene pendiente una decisión sobre el asunto. El procurador interino, Eduardo Casal, ya opinó ante lxs supremxs que "no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia" dictada por la justicia nacional. "La admisión de una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la justicia nacional ordinaria modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación", dijo.
La trampa
El viernes al mediodía se reunió la Comisión de Justicia de la Legislatura, que preside el ex ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo (UCR-Evolución). Estaba previsto el tratamiento de un proyecto destinado a regular las audiencias administrativas y judiciales virtuales o mixtas e implementar las notificaciones electrónicas. La diputada autora de la propuesta, María Luisa González Estevarena (Vamos Juntos) explicó los ejes, que ya habían sido consensuados incluso con el Frente de Todos. Pero al instante tomó la palabra el legislador Gastón Blanchetière (Vamos Juntos) y tras invocar la autonomía de la CABA dijo, con aires de distraído, que aprovecharían al ocasión para hacer un agregado y "otorgarle al Tribunal superior de Justicia las competencias que le corresponden por sobre la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires". Dijo que se apoyaba en los fallos del propio TSJ y que le parecía una "una oportunidad para que queden claro de una vez por todas" cuál es su campo de acción. Esto que Blanchetiére introdujo en una reducida explicación implica un cambio absoluto del proyecto de origen y una reforma judicial sobre cuestiones que atañen al sistema judicial nacional, no local.
Enseguida la legisladora Claudia Neira (Frente de Todos) advirtió que no tenía nada que ver con lo conversando y que su fuerza no apoyaría este proyecto. "La medida avanza sobre competencias específicas de la justicia nacional, regladas en el código de procedimientos dictado por el Congreso Nacional, lo que torna controvertido desde el punto de vista constitucional este proyecto", le dijo Neira a PáginaI12. "Pretenden pasar causa de la justicia nacional a la ciudad en un intento más de forum shopping, pero esta vez con el aval de la Legislatura. Hay que avanzar en la transferencia de competencias como corresponde, no con intereses políticos y por la ventana", sostuvo.
La legisladora Lucía Cámpora (Frente de Todos), sorprendida con las modificaciones forzadas por el oficialismo señaló que "buscan convalidar legalmente una postura del Tribunal Superior de Justicia, que tiene que ver con la discusión sobre las competencias entre la justicia local y la nacional. Se trata de un tema que aún está en discusión en la propia Corte Suprema y que tiene ribetes conocidos como fueron los intentos de Macri para que la causa Correo se resuelva ante el TSJ porteño". "Lamentable --añadió-- estamos ante otra avanzada del oficialismo en lo que tiene que ver con la Justicia de la ciudad. En lo que hace a la Legislatura, es impensado que un proyecto así no tenga más debate y que no pase, por ejemplo, por la Comisión de Asuntos Constitucionales".
El proyecto en cuestión sería tratado en al sesión del 30 de septiembre sin debate alguno y habilitará una intromisión de lxs cortesanxs porteños en causas de todo tipo y con toda clase de intereses en juego: comerciales, laborales, civiles, contenciosas.
