Guillermo es obrero metalúrgico en la Provincia de Buenos Aires, cada día trabaja nueve horas y viaja tres más entre su casa y la fábrica. Cuando a la noche llega a su hogar está destrozado. “Ni tiempo me queda para realizar asuntos personales, me parece una locura tantas horas de esclavitud, si se me permite decirlo, ya que es lo que siento”, me escribió por correo electrónico cuando se enteró del proyecto que presenté para reducir de 48 a 40 el máximo de horas semanales. En su mensaje expresa a la vez escepticismo y esperanza: “Creo igual que todo el empresariado va a poner trabas para que esto no suceda ya que ellos no ponen el cuerpo (…) pero quisiera tener un poco de esperanza aún”.

Con un mapa laboral partido al medio, entre trabajadores formales con convenio y trabajadores informales y una desocupación que afecta particularmente a les jóvenes y a las mujeres, rasgo común en todas partes del mundo, estamos ante la necesidad de repensar las desigualdades y transformarlas en justicia social. Las sucesivas revoluciones tecnológicas aplicadas a la producción hicieron que el tiempo de trabajo sea cuatro veces más productivo que hace un siglo. No podemos reducir esos avances a un aumento de la tasa de ganancia mientras se mantiene la jornada laboral legal establecida en Argentina en 1919. Sí, hace más de un siglo.

Nuestro país que viene de sufrir el cimbronazo de la debacle macrista con la desaparición de unas 30 mil empresas pymes durante sus cuatro años de gobierno. Sobre ese escenario golpeó la pandemia. Hoy estamos saliendo de un contexto económico recesivo y nuestro principal objetivo debe ser que el crecimiento de la economía y la producción se asiente en el mercado interno cuya chispa es el poder adquisitivo de los salarios. Para afrontar con audacia esta realidad, no podemos apelar a las propuestas de reformas laborales flexibilizadoras y promotoras de los despidos, que ya demostraron ampliamente su fracaso en Argentina y en el mundo. En ningún país en que se abarató el costo del despido arbitrario se mejoraron los índices de empleo ni de formalidad laboral. Es necesario explorar en otra dirección. La reducción de la jornada laboral no está pensada específicamente para dar respuesta al desempleo. Pero es una iniciativa que tangencialmente puede tener un efecto positivo. Independientemente de ello, se trata de aggiornar la extensa jornada legal que rige en la Argentina con el objetivo de encontrar una ecuación armónica acorde a los nuevos tiempos de innovación tecnológica, productividad, margen de utilidad empresaria y derecho a una vida mejor de quienes trabajan.

La discusión sobre los tiempos de trabajo está en el origen de las organizaciones obreras. Cada vez que conmemoramos el 1 de mayo, revivimos el nacimiento del sindicalismo, estrechamente vinculado a la lucha por la jornada laboral de 8 horas y al descanso dominical. Una lucha que en el siglo XIX marcó a fuego la historia del movimiento sindical y que perseguía ampliar la libertad del uso del tiempo para el disfrute, la familia, el ocio, el conocimiento, el arte. En su momento ponerle el tope de ocho horas diarias a las alienantes jornadas ilimitadas de labor, fue un avance considerable para el conjunto de la sociedad. Hoy esa jornada laboral de 8 x 6 en Argentina representa una de las más extensas del mundo. Es la misma que definió la OIT hace 102 años como derecho de los trabajadores. Desde entonces no se modificó nunca. Una carga horaria de 48 horas semanales como máximo legal permitido. El proyecto de Ley que presentamos establece su reducción a 40 horas sin ningún tipo de disminución salarial, en lo que podría ser un primer paso hacia experiencias como las que ya atraviesan países como Finlandia y España que buscan llegar a semanas de cuatro días de labor.

Pero no sólo está en juego la posibilidad de obtener mejoras desde el punto de vista cuantitativo. Es por demás relevante la posibilidad de que las personas que trabajan puedan tener una vida menos alienada. Esto representaría beneficios incuestionables para los trabajadores, las trabajadoras y la sociedad en su conjunto. La incorporación de tecnología a los procesos productivos desde la creciente tecnificación y robotización de sus tramos hasta la aplicación de distintas formas de teletrabajo, no pueden pensarse sólo como elementos de ampliación del margen de rentabilidad del capital. Deben ser aprovechadas para beneficio de toda la comunidad. Los avances científicos no sólo deben concebirse como un recurso para elevar la renta empresaria sino también para que los miembros de la sociedad accedan a mejores condiciones de vida tanto en el plano material como subjetivo. En ese sentido, reducir la jornada laboral sin pérdida de salario en el contexto actual permitirá para trabajadoras y trabajadores una mejor distribución de las tareas de cuidado, más tiempo de calidad para dedicar a sus hijos e hijas y la posibilidad de recuperar parte del tiempo para una vida menos agobiante. Además, este avance generaría de manera indirecta, tal como lo demuestra la experiencia de otros países, otras ventajas como la reducción de la combustión, del gasto de energía, de la circulación de gente en las grandes urbes. También beneficiaría a los grupos empresarios puesto que el ensayo sobre la reducción de la jornada laboral demostró mejorar la productividad y reducir el ausentismo, los accidentes laborales y la conflictividad intralaboral.

Al mismo tiempo debemos ser conscientes de que se trata de un fenómeno global. La reducción de días laborales en la semana o su equivalente horario tendrían que plantearse como una iniciativa más allá de las fronteras nacionales porque la deslocalización del capital, que padecemos y conocemos, haría muy difícil sostenerla en un solo país. La búsqueda de empresas que se van desplazando de un lugar a otro del planeta y hacen que la propia cadena de producción de un par de zapatillas incluya la factura de la suela en Vietnam y el armado en México hacen imprescindible pensarla también en la combinación de regulaciones nacionales, acuerdos regionales y perspectiva mundial. Debería ser una meta a lograr, con gradualidad, para la Confederación Sindical Internacional, que se discuta la reducción en todo el mundo, para hacer frente así al argumento extorsivo del empresariado que condiciona a los trabajadores con la quita de derechos usando amenaza de la salida de la empresa del país en cuestión. En términos de países desarrollados que han logrado reducir de manera importante la jornada laboral tenemos naciones como Australia, China, Francia, Italia, Israel, Japón, Rusia, la experiencia que están haciendo los compañeros de España, tenemos países de América Latina que ya antes que nosotros la redujeron. Dentro de esos países, Chile y Venezuela son dos casos que en este momento lograron esa reducción.

Para los que, casi como en un acto reflejo de naturaleza conservadora, plantean su rechazo a esta iniciativa vale recordar que habiendo transcurrido más de un siglo de la institución de esta jornada laboral nuestras sociedades han vivido profundos cambios. La ciencia y la tecnología han revolucionado los modos de producción. La creciente participación de las mujeres en el ámbito laboral ha convertido en una pieza de museo la escena del ama de casa esperando a su marido con la comida servida. Del mismo modo que los hombres reclaman con absoluto derecho mayores tiempos para implicarse en las tareas de cuidado que antes estaban asignadas exclusivamente a la mujer. La sociedad del siglo XXI no puede seguir discutiendo la distribución de los tiempos de trabajo con los mismos parámetros con que se lo hacía a mediados del siglo XX.

A pesar de la racionalidad y de las virtudes del proyecto que estamos proponiendo somos conscientes, como lo anticipa Guillermo en su misiva, de que vamos a tener que enfrentar una fuerte corriente de opinión adversa de los sectores del poder económico y sus círculos aledaños. Hay mucho dinero puesto en los medios y redes para financiar un discurso que busca deslegitimar cualquier política que consista en sostener derechos laborales. Es el discurso de las poderosas corporaciones empresarias que sostienen que eliminar los derechos de los que tienen empleo va a abrir la puerta para que accedan al mismo quienes no lo tienen. En la realidad las cosas no funcionan así. Sencillamente porque la inversión productiva no va donde hay menos regulaciones sino donde hay más posibilidad crecimiento económico. Y el crecimiento económico en la Argentina depende de que haya asalariados con ingreso suficiente para robustecer el consumo interno y con ello mover los motores de la economía.