Como siempre alentaron el suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, y su superior directo, el ministro de Seguridad porteño Martín Ocampo, la Justicia puso un corte a las puertas giratorias: confirmó la preventiva sobre Potocar, que seguirá detenido acusado de ser el jefe de una asociación ilícita, que exigía dinero a comerciantes de Núñez y Saavedra, a cambio de protección. Ocampo, defensor de la presunción de inocencia (al menos, de Potocar), no será citado por la Legislatura porteña ya que el pedido presentado por el diputado Gabriel Fuks (CNLM) chocó ayer contra el oficialismo que no dio quórum, abroquelado detrás de la presunción de inocencia del ex jefe.   

El comisario general Potocar fue procesado con prisión preventiva –medida que incluyó un embargo de 450.000 pesos–, por el juez de instrucción Ricardo Farías, quien días atrás rechazó excarcelarlo.

Para hoy está prevista la audiencia planteada por la defensa de Potocar, a cargo de Christian Poletti, ante la Sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal. Lo que defina la sala podría derivar en el futuro de Potocar en la causa ya que si confirma la preventiva será porque considera que los argumentos de Farías son suficientes para el procesamiento.

Potocar fue procesado por los delitos de asociación ilícita (en calidad de jefe) y cohecho, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presuntos pedidos de dinero a comerciantes de los barrios porteños de Núñez y Saavedra a cambio de brindarles seguridad. El método no es novedoso: la protección es contra sí mismos. 

El pedido de detención e indagatoria a Potocar fue impulsado por el fiscal José María Campagnoli, quien interviene en la instrucción del sumario en el que ya fueron procesados varios oficiales y suboficiales vinculados a Potocar, que habían pasado por la seccional 35ª.

Potocar había sido detenido –“sorpresivamente” según sus defensores– el 25 de abril último, después de concurrir al despacho de Farías para presentar un descargo por escrito.

El día anterior, el ministro Ocampo había defendido al ex jefe, durante un acto en el que distribuyó chalecos antibalas nuevos. “Pedro Potocar no está imputado ni procesado, está mencionado en la causa –aseguró Ocampo–. Esperamos que él aclare su situación en la Justicia y rápidamente vuelva a desempeñarse como jefe de la fuerza.”

Para su abogado, Christian Poletti, no hay “ninguna prueba” en su contra.

Ese día, el letrado dijo que estudió “detenidamente” las cuatro mil fojas de la causa penal y se dio cuenta de que “desde el derecho no se explica”, por lo que consideró que se trató de “algo similar a un escándalo jurídico”. 

“En la causa no hay prácticamente ninguna prueba que involucre ni directa ni indirectamente a Potocar. No sabemos si es una cuestión política o de vedetismo o de posicionamiento de la fiscalía”, aseguró entonces el defensor.

El 29 de diciembre pasado, Potocar había sido designado jefe de la nueva Policía de la Ciudad, de la mano del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego del traspaso de las comisarías de la Federal a la Ciudad. Para esa fecha, el nuevo jefe ya estaba siendo investigado por el fiscal José María Campagnoli. La causa era conocida por Rodríguez Larreta: un policía de la 35ª había denunciado ante la justicia y en los medios que se cobraban peajes de protección a comerciantes de Saavedra, Núñez y Villa del Parque, y a trapitos para permitirles trabajar en la calle.

Farías sostiene que los acusados “organizaron una asociación que funcionaba paralelamente a la estructura de la seccional 35ª, con jurisdicción en los barrios de Núñez y Saavedra, para llevar adelante una pluralidad de planes delictivos con el objeto de percibir dinero indebidamente”. Entre noviembre y diciembre se realizaron allanamientos en las comisarías 52, 37, 41, 43 y 47, y fueron detenidos los policías Marciano Quiroga y Alejandro Malfetano, y luego los suboficiales Adrián Otero y Sergio Ríos. Néstor Villarreal –ex titular de la comisaría 35 y luego pasado a la seccional 52– continúa prófugo. 

Según los investigadores, Potocar aparece mencionado en la causa por un cuaderno con anotaciones sobre supuestos pagos y cobros de coimas. En el momento en que se inició la investigación, Potocar ocupaba el cargo de Director General de Comisarías, vértice de comisarías. Según los investigadores, también vértice de cobros.

El ahora suspendido jefe fue sostenido en el cargo durante cuatro meses, pese a que en la causa fueron detenidos varios uniformados y el entonces jefe de la comisaría, Villarreal, quedó prófugo.

En abril el escándalo se disparó cuando uno de los detenidos, el subcomisario Stefanetti, pidió ampliar su declaración y dijo que Potocar y el comisario Villarreal se llevaban “entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales cada uno”. La declaración de Stefanetti se agregó a las pruebas recolectadas, en las que se determinaban pagos de comerciantes de Núñez, con identificación, de entre 1500 y 3500 pesos para recibir protección, y el pago que entregaban los trapitos, entre 400 y 500 pesos por semana, para que la policía no los echara en supuestos operativos de control destinados a presionar a los trapitos o detenerlos según hayan registrado pagos o no.

Cuando saltó el escándalo, Rodríguez Larreta optó por desplazar en forma transitoria al jefe Potocar de un modo particular: “La decisión, adoptada a través del decreto 139/17 del Jefe de Gobierno por recomendación del ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, preserva el principio de inocencia de Potocar y se adopta hasta tanto se resuelva su situación procesal en la causa N° 26.168/2016 que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional N° 14 a cargo del Dr. Ricardo Luis Farías, Secretaría N° 143 a cargo del Dr. Sebastián Del Gaizo”, indicó el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. En el comunicado ministerial, se informaba que “Potocar no está procesado” pero el estar investigado “le impondrá la necesidad de dedicar tiempo y energía al ejercicio de su derecho a defensa”. El paraguas duró poco. Lo arrasó el viento.

Ayer, en la Legislatura porteña no alcanzó el quórum necesario para debatir una citación a Ocampo, para que dé explicaciones sobre Potocar. La interpelación a Ocampo había sido impulsada por el legislador de la Corriente Nacional de la Militancia (CNLM) Gabriel Fuks, quien reunió las firmas de 25 legisladores de la oposición –más de un tercio de la cámara, según el artículo 68 del reglamento– para solicitar la sesión especial.

El bloque de legisladores oficialistas no se presentó para darle inicio a la sesión especial. “No es una situación puntual por el caso Potocar, sino en general sobre el debate de seguridad. Hay muchas incógnitas y pocas respuestas”, declaró Fuks.