Integrantes de la Federación de Comunidades Autónoma Kollas de Salta, llegaron hasta la ciudad de Buenos Aires para pedir que se garantice el reconocimiento real de la autonomía de las comunidades indígenas y se elimine la participación de las asociaciones civiles que se "entrometen arbitrariamente en las gestiones, medidas arbitrarias y el gobierno interno de los pueblos originarios". 

El reclamo es producto de una acusación que hace la Federación hacia los representantes de la Comunidad Kolla Tinkunaku, en el departamento de Orán, ubicado en el norte salteño. Aseguran que el territorio fue entregado por el Estado nacional a "una tercera persona jurídica que es una asociación civil", llamada Asociación Comunitaria Tinkunaku, y que luego se denominó como comunidad para acceder a la titularización de dichos territorios. 

Por su parte, la Qullamarka, la máxima organización del Pueblo Kolla en la provincia emitió un comunicado donde repudiaron estas acusaciones. Aseguraron que Tinkunaku es una de las primeras comunidades kollas que logró el reconocimiento nacional y provincial y que la Federación, sólo "persigue fines políticos de desestabilizar nuestra comunidad en clara violación a nuestros derechos consagrados". 

No obstante, desde la Federación llevaron hasta el Congreso de la Nación, un proyecto de ley, donde piden que se garantice un nuevo sistema de instrumentación y tratamiento de los territorios comunitarios indígenas. Además de la atención a las emergencias básicas y elementales de las comunidades indígenas del país, de acuerdo a las normativas nacionales e internacionales vigentes. 

El presidente de la Federación, Miguel Siares, denunció ante Salta/12 que no se está cumpliendo con la Ley Nacional N° 24.242 en las comunidades kollas de Los Naranjos, Río Blanquito de Santa Cruz y San Andrés. En un comunicado que difundieron aseguraron que desde hace 8 años que estas comunidades reclaman la titularización de las tierras ubicadas en el departamento oranense. 

Sostienen que el título de propiedad, "figura sorpresiva e ilegalmente" a nombre de la personería jurídica de la Asociación Comunitaria Tinkunaku, que luego pasó a denominarse Comunidad Tinkunaku, sólo para obtener dichos títulos territoriales, en vez, de otorgarlos a las cuatro comunidades demandantes. 

Siares dijo que se trata de un problema "complicado" porque están recibiendo amenazas de miembros de la asociación. "Los obligan a que las (cuatro) comunidades les tengan que pagar impuestos", sin saber el motivo del cobro. En ese sentido, el dirigente kolla sostuvo que cuando se habla de las tierras comunitarias indígenas no son embargables, por lo que no corresponde el cobro de ningún impuesto. 

Desde la Federación aseguraron que cuando se creó la Ley N° 24.242, en 1993, la asociación cambió su denominación a comunidad, pero siguen manteniendo en su estatuto la figura de asociación civil. "Ellos aducen que son comunidades, pero son una asociación civil", reiteró Siares, quien fuera vocal y luego presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), en 2015. 

Es por eso que como reclamo ante el Estado Nacional, mantuvieron una reunión con las legisladoras por Salta, Verónica Caliva y Alcira Figueroa, quienes se pusieron a disposición para solucionar el conflicto. Ya en Buenos Aires, se reunieron con otros diputados nacionales y hoy, lo harán con los senadores junto a distintas organizaciones sociales del lugar. 

El abogado de la Federación, Anastacio Vilca, dijo que la presentación del proyecto prevé la devolución del territorio indígena a las comunidades bajo las normativas de los derechos nacionales e internacionales. Vilca aseguró que "las comunidades indígenas vienen sufriendo fracasos desde la colonización de América", sabiendo que la situación no cambió mucho con el retorno a la democracia, dado que aún se siguen entregando los territorios indígenas a terceros y no a las comunidades.

Sostuvo que "estos terceros representan el nuevo sistema colonizador", porque privan de los derechos y amenazan constantemente con desalojos a las comunidades. Y señaló que lo que sucede en Tinkunaku es un caso ejemplar de ello. Por lo que buscan que el proyecto también logre un alcance nacional como cobertura de los pueblos indígenas, porque a pesar del relevamiento territorial que se sigue haciendo (Ley N° 26.160), "las comunidades aún son violentadas". 

Abstenerse de continuar

Por su parte, la Qullamarka, la máxima organización del Pueblo Kolla en la provincia de Salta, emitió un comunicado donde repudiaron estas acusaciones. También informaron a las comunidades del departamento de Orán, que está confirmada una audiencia con las autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para hablar sobre el territorio comunitario indígena. 

El integrante de la Qullamarka, David Sarapura, dijo a Salta/12 que desde la organización siempre han buscado la recuperación del territorio y potenciar a las comunidades en el marco del derecho, sabiendo que aún falta la cobertura de necesidades y servicios básicos en la mayoría de los lugares. 

Sarapura manifestó desconocer a la Federación y contó que quienes la impulsan, "no tuvieron buena llegada en la Qullamarka y las comunidades, porque no caminan  los territorios". Apuntó contra la gestión de Siares en el IPPIS, y sostuvo que durante ese tiempo, no logró beneficios para los pueblos indígenas. 

Aseguró que al perder representatividad en el Pueblo Kolla, el ex presidente del IPPIS, está tratando de potenciarse bajo la división en las comunidades; por lo que señaló que quienes acompañan al dirigente están vaciando de contenidos el debate. Además de sostener que la división planteada "no solo crea conflictos sociales, sino que está viciada con odio y egoísmo, logrando romper la vida de la comunidad". 

"Tinkunaku está reconocida ante el INAI, es legal y está vigente", afirmó y agregó que no van a ceder en la división de las comunidades porque eso también significaría dejar de lado el sentido comunitario de vida del Pueblo Kolla. Expresó que ese objetivo no es al que apuntan como organización y por eso, sostienen que el funcionamiento del Qullamarka se basa en ser una coordinadora donde están presentes todas las comunidades. 

Destacó ese funcionamiento porque fue "la única forma más cercana (que encontraron) hacia el bienestar comunitario". Tinkunaku cuenta con la personería nacional 4091/97 y Sarapura aseguró que fue el Estado nacional, quien la reconoció como comunidad, después de varios procesos legales. "El Estado reconoció que es una comunidad y le dio el título de propiedad comunitaria", reiteró. 

Por lo que aseguró que los argumentos esgrimidos por la Federación son confusos y solo persiguen el objetivo de romper la paz social y la vida comunitaria en el ámbito geográfico, político y administrativo del Pueblo Kolla. 

Desde el Qullamarka solicitaron al Defensor del Pueblo de la Nación, Juan José Böckel; y demás autoridades políticas a "no intervenir ni dar intervención a terceros que buscan desestabilizar la institucionalidad comunitaria ancestral del Pueblo Kolla". Agregando que no reconocen a ninguna organización ni federación que esté presente en cuestiones internas sobre la administración del territorio del Qullamarka. 

En el comunicado pidieron a "aquellos terceros que algún momento de su vida emprendieron esta lucha ancestral por el territorio kolla, abstenerse de continuar con la instigación a la violencia, el odio, la xenofobia y la estigmatización de los hermanos dirigentes". Aclarando que la información que circula por diferentes medios y redes sociales es falsa e inexacta, y que sólo "persigue fines políticos de desestabilizar nuestra comunidad en clara violación a nuestros derechos consagrados". 

Es más, afirmaron que la comunidad de Tinkunaku, fue una de las primeras comunidades kollas que contó con el reconocimiento legal en Nación y Provincia, como también sucedió con el Consejo Kolla de Finca Santiago. 

"Tinkunaku es una comunidad indígena con amplio reconocimiento legal, tanto en el ámbito provincial, nacional, e internacional", expresaron. Y que además, cumplieron con la Ley Nacional N° 24.242, a través de un proceso judicial, "con lo cual es totalmente falso que no se haya cumplido en todos sus términos". "Es engañoso que se convoque a una movilización al respecto", concluyeron.