El fiscal Franco Picardi resiste los embates de los espías por hacer caer la causa de espionaje centrada en las andanzas de los Súper Mario Bros y la vigilancia penitenciaria a exfuncionarios y empresarios kirchneristas que estaban presos y a quienes los visitaban.Picardi le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que está a cargo del expediente desde que se mudó desde Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py, que rechace los pedidos de nulidad de la investigación.

En junio, el abogado defensor de los espías Leandro Araque y Facundo Melo, Fernando Sicilia, hizo un planteo extenso para pedir que se declare la nulidad de muchas medidas en las que se edificó la causa que tiene 38 procesados, entre los que están sus dos defendidos, los exjerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), los exdirectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la exfuncionaria Susana Martinengo. La investigación se inició en mayo del año pasado en Lomas de Zamora y estuvo inicialmente en manos del juez Federico Villena. Después de que la Cámara Federal de La Plata lo apartara, el juez Juan Pablo Augé tomó su lugar y delegó la instrucción en los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

Melo y Araque forman parte del núcleo central que investigó la justicia de Lomas para reconstruir cómo operaba un sector de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Araque integraba la Policía de la Ciudad y fue reclutado por otro compañero de esa fuerza, Jorge “Turco” Sáez, a quien el primer director operacional de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra, le pidió que conformara un grupo que iba a funcionar “desenganchado” de la estructura tradicional de la exSIDE. Sáez, que había sido parte del área de inteligencia del SPF, se llevó a su compinche a Araque con él.

A Melo también lo sumó Sáez. El abogado de Lanús inicialmente reportó al llamado “Proyecto AMBA”, una iniciativa de la AFI que consistió en desperdigar bases y espías por la provincia de Buenos Aires durante 2017, el año que marcó el regreso de Cristina Fernández de Kirchner a la contienda electoral. Terminadas las elecciones y desmantelado el “Proyecto AMBA”, Melo se sumó a los Súper Mario Bros, el grupo de espías que tenía como alma pater a Sáez y que tenía su base de operaciones en un departamento del barrio de Mataderos.

A través de su abogado, Melo y Araque pretenden que se anule prueba fundamental para la causa. Por ejemplo, el defensor Sicilia le apuntó a la declaración indagatoria que brindó un detenido por narcocriminalidad, Cristian Sergio Rodríguez --alias “Verdura”-- que dio origen a la causa de espionaje. “Verdura” había declarado ante el juez Villena que conocía a Melo, que lo había visitado en su estudio jurídico y que él lo había conchabado para que fuera a dejar una bomba sin conectar en un domicilio en el que había vivido José Luis Vila, que, para entonces, era funcionario del Ministerio de Defensa de Macri.

Sicilia sostiene que el relato de “Verdura” estaba armado para perjudicar a sus clientes y así armar la causa. Además, adjudica irregularidades en cómo se secuestraron los teléfonos de los espías, desde donde se sacó información clave para entender cómo operaba esa célula de la AFI, dedicada al espionaje político. Entre otros casos, la justicia federal de Lomas de Zamora pudo probar que espiaron a Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Florencia Macri (la hermana menor del entonces presidente) y a los exfuncionarios o empresarios kirchneristas que estaban presos en el penal de Ezeiza.

Al planteo de Sicilia se subieron gran parte de los abogados de los acusados. Entre otros, se plegaron el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, la exsubdirectora Silvia Majdalani, el exdirector de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz, Sáez y su hija Belén y Martinengo. Por otro lado, fueron muchos querellantes los que pidieron, al igual que Picardi, que los rechazaran. Entre otros, CFK, la Unidad de Información Financiera (UIF), Vila, la Comisión Provincial por la Memoria, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, los abogados Rafael Resnick Brenner, Jorge Chueco y Maximiliano Rusconi.

El fiscal, en algunos casos, negó la veracidad de lo denunciado y, en otros, remarcó que no se trataba de “inobservancias formales, sino de cuestiones de valoración probatoria” en un detallado dictamen al que accedió PáginaI12. Ahora deberá ser el juez Martínez de Giorgi quien se expida.

“Es un vano intento por pretender sostener una causa que se desmorona por todos los cimientos”, protestó Sicilia en comunicación con este diario. “Lamentablemente, el fiscal no explica fundadamente los motivos por los cuales pretende sustentar una causa manifiestamente ilegal. Se pretende investigar hechos que se indican como ilegales mediante otra investigación ilegal”, agregó el abogado de la dupla Araque-Melo.

Toda la atención en la Cámara

El verdadero partido por el futuro de la causa de espionaje se juega en la Cámara Federal porteña, donde los jueces Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi deberían definir si confirman los 38 procesamientos que en febrero dictó Augé así como la falta de mérito del secretario privado de Macri y actual candidato a legislador porteño, Darío Nieto.

El pronóstico no es bueno. Las preocupaciones se acrecentaron durante el fin de semana después de que el diario La Nación publicara que la Cámara avanza hacia la declaración de una nulidad parcial de la causa y que dirá que el espionaje durante la era Macri estuvo lejos de ser una práctica sistemática y organizada desde la central de inteligencia.

En las últimas horas, los abogados Resnick Brenner y Chueco --que fueron víctimas del espionaje penitenciario-- se presentaron ante la Cámara Federal para pedir que se investigue el origen de la filtración o de la anticipación del que podría ser el cauce del fallo que, a su entender, consagraría “una inexplicable impunidad en beneficio de sus verdaderos responsables que sin duda se encuentran en las más altas esferas del anterior gobierno.”

Tras la publicación, tanto Resnick Brenner y Chueco como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal volvieron a recusar a los camaristas Llorens y Bertuzzi. Los jueces deberán hacer sus descargos y, según explicaron fuentes judiciales, será Farah --al ser el único que no fue recusado de la Sala-- quien deberá resolver si sus dos colegas continúan el frente del expediente. Todo terminará dilatando una ya dilatada definición de la Cámara.