Diputados del oficialismo se comprometieron públicamente ayer a retomar el debate por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se inicie el año legislativo. El compromiso fue anunciado por el macrista Daniel Lipovetzky, que preside la Comisión de Legislación General, cabecera del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En el mismo sentido se pronunció, la radical Alejandra Martínez, titular de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, la otra comisión por la que debe pasar la iniciativa. Lo expresaron en el marco de la reunión informativa que se realizó en la Comisión de Salud de la Cámara baja, donde mayoritariamente se escucharon argumentos a favor de la despenalización de parte de diputadas y diputados de un amplio arco político –FpV, PRO, Frente de Izquierda, Libres del Sur, UCR– y de profesionales de la salud, abogados, y referentes de organizaciones de mujeres y de derechos humanos. Lipovetzky celebró el debate con un pañuelo verde al cuello, símbolo de la Campaña.
Como viene sucediendo en los últimos años, terminan las sesiones ordinarias sin que la discusión por el derecho al aborto avance más allá de reuniones informativas en alguna comisión, es decir, sin lograr sacar un dictamen que habilite el debate en el recinto. El compromiso asumido por diputados de Cambiemos fue recibido como un logro por referentes de la Campaña. No obstante, quedó en evidencia, a partir de las intervenciones de varias de sus integrantes el “enojo” por la falta de voluntad política, durante el kirchnerismo y ahora bajo la nueva gestión macrista para discutir seriamente el tema. Aunque ayer se escucharon voces mayoritariamente a favor de consagrar como un derecho la interrupción legal del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, y más allá de ese plazo en casos de violación y malformaciones fetales graves –como propone la iniciativa de la Campaña–, con la última renovación parlamentaria las posiciones contrarias han ido ganando bancas. En este sentido, la kirchnerista Juliana Di Tullio hizo una autocrítica “siendo feminista y peronista” por no haber logrado que se discutiera el derecho al aborto cuando el FpV tenía mayoría.
La reunión en la Comisión de Salud fue encabezada por su presidenta, la diputada Carolina Gaillard (FpV-Entre Ríos). Comenzó poco después de las 11, en la sala 5 del tercer piso del Anexo, después de que a último momento las autoridades de la Cámara impidieran que se realice en una más grande, la 2, y pretendieran que tuviera lugar en un salón para eventos para restarle importancia y marco institucional a la apertura del tratamiento del aborto. Un dato que se mencionó en la reunión fue que este año el proyecto de la Campaña logró unas cuarenta firmas de legisladores de casi todos los partidos políticos, un número significativamente menor a la presentación anterior, en 2014, cuando llegó a tener más de sesenta, lo que marca un cambio de escenario para debatir el tema. Aunque no se dijo abiertamente, en la Campaña reconocen que la presencia de Jorge Bergoglio en el Vaticano complejiza aún más el contexto para avanzar en el tratamiento.
Expusieron especialistas de distintos espacios, a favor y en contra, y diputadas y diputados de diversos bloques. Fue llamativa la diferencia en número entre los que fundamentaron su posición de apoyo a la despenalización y legalización del aborto, y en contra: solo una, la diputada Miriam Gallardo, del FpV-Tucumán, pidió la palabra para dejar sentada su oposición al proyecto. En cambio, fundamentaron su respaldo a una reforma legislativa que descriminalice la interrupción de embarazo, Victoria Donda (Libres del Sur), la kirchneristas Di Tullio y Gaillard, Araceli Ferreyra (PpV), las radicales Alejandra Martínez, Brenda Austin y Karina Banfi; Soledad Sosa (FIT), el misionero Jorge Daniel Franco (FCM), y Lipovetzky del PRO. La diversidad de bancadas muestra los apoyos transversales que logra el derecho al aborto. También estuvo Facundo Moyano (FR), quien ha expresado a integrantes de la Campaña informalmente estar a favor, pero no llegó a firmar el proyecto ni ayer manifestó su posición. La intervención del diputado Franco, ya casi llegando al cierre de la reunión, sacudió la modorra de la tarde, cuando contó su experiencia como médico en un pequeño pueblo misionero y admitió que desde un comienzo él estuvo en contra de la legalización porque “nos forman para dar vida”, pero luego cambio su parecer al conocer la realidad del aborto, y cómo la clandestinidad afecta a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad social. Y subrayó que a su consultorio iban a pedirle ayuda frente a un embarazo no deseado, “muchos que me decían que estaban en contra del aborto”.
Lipovetzky afirmó: “Estoy a favor de la despenalización. Es clave que cada mujer tenga derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. La mejor manera de generar consensos es debatir para avanzar en la ley que todos queremos”. A su turno, Donda señaló: “Es importante dar este debate de cara a la sociedad, es una responsabilidad que tenemos como legisladores nacionales. Este es el inicio del debate. Es tiempo de que la democracia nos reconozca el derecho al aborto legal”.
El impacto que tiene el aborto clandestino en las tasas de mortalidad de mujeres por gestación fue uno de los argumentos que se plantearon para encuadrarlo como un problema de salud pública. Como ejemplo, se mencionó que en 2014, fallecieron por esa causa 24 jóvenes menores de 30 años, de las cuales 5 tenían entre 15 y 19 años, según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de la Nación. Otros de los argumentos fueron que la penalización no disuade a las mujeres de la práctica; que afecta, restringe y viola derechos humanos fundamentalmente de niñas, adolescentes y mujeres; que induce a recurrir a métodos inseguros y riesgosos para su vida y su salud; que impacta negativamente en el acceso a los abortos legales; que valida un mercado millonario y clandestino que lucra con la autonomía de las mujeres; que las expone a ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y de violencia institucional.
Entre las voces que argumentaron a favor, estuvieron las de los ex ministros Ginés González García y Daniel Gollán. “Desde el punto de vista sanitario, la muerte de mujeres por abortos clandestinos es un problema serio. En Argentina hay un marco legal para las interrupciones del embarazo en casos no punibles, pero el tema es que no se cumple” indicó González García y destacó la falta de insumo que hoy sufre el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, lo que dificulta que se eviten los embarazos no deseados al haber disminuido el reparto gratuito de anticonceptivos a las provincias. “Mientras una sola mujer muera de una causa evitable como esta, es una tragedia. Hay mucha hipocresía. Démosle la posibilidad a Argentina de terminar con estas muertes evitables”, expresó Gollán.
También defendieron la despenalización el tocoginecólogo Mario Sebastiani, presidente del Comité de Bioética Asistencial del Hospital Italiano; la abogada especialista en Derecho de Familia y DD.HH. Nelly Minyersky; Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina; la periodista Marta Dillon, por el Colectivo Ni Una Menos; la secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz, la socióloga Victoria Tesoriero, por Católicas por el Derecho a Decidir; Martha Rosenberg, de la Campaña; Analía Bruno, de la Red de Profesionales de la Salud; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y quien suscribe esta nota como integrante de la comisión directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras referentes.
Entre quienes mostraron posiciones contrarias a avanzar con la legalización del aborto, se destacaron argumentos fundamentalistas, ligados a posiciones religiosas, que llegaron a comparar la interrupción de un embarazo con un asesinato. Estuvieron Ana Belén Mármora, coordinadora de los Centros de Buenos Aires de la Asociación Civil Frente Joven; la abogada Úrsula Basset, de la Universidad Austral; el rabino Fernando Szlajen, Director del Departamento de Cultura de AMIA; Fabián Romano, presidente Federación de Asociaciones Médicas Católicas de Latino América; Miguel Haslop, de la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles; y María Inés Franck, del Centro de Bioética Persona y Familia de la Fundación Latina de Cultura.