El juicio por el caso Oil Combustibles entra este jueves en su etapa final. Es el turno del primero de los alegatos, el del fiscal Juan García Elorrio, que seguramente acusará a los tres imputados, el extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y los dueños de Oil, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La acusación sufrió un golpe durísimo con el peritaje encabezado por profesionales de la Corte Suprema y luego firmado de manera unánime, que concluyó que “no existía deuda líquida y exigible” de Oil, que la empresa se acogió a planes generales y particulares con los que también se beneficiaron miles de otros contribuyentes y que en cada caso se pagaron los intereses resarcitorios y punitivos previstos. 

A esto se agrega otro elemento de máxima importancia: existe el llamado expediente Oil 2, contra los funcionarios de la AFIP que aprobaron los planes, dado que Echegaray ni se enteraba de algunos de ellos porque eran casi automáticos. En Oil 2, la AFIP no acusa a ninguno de sus funcionarios, entiende que todos hicieron lo que correspondía, lo que también deja huérfana la acusación contra el propio Echegaray.

El delito por el cual se produjo la elevación a juicio es el de fraude en perjuicio del Estado, con Echegaray como autor --ejercen la defensa León Arslanián y Martín Arias Duval-- y como coautores Cristóbal López --defendido por Fabián Lértora-- y De Sousa --defendido por Carlos Beraldi--. El cargo en concreto era que Oil debía muchísimo dinero de impuestos y que con ese dinero compró otras empresas. El peritaje demolió la acusación al señalar que tenía planes de pago como otras muchas empresas y que estaba al día en los pagos. 

Hace dos semanas, la AFIP también desistió de acusar en este juicio y lo hizo con un durísimo escrito firmado por Mercedes Marcó Del Pont. En el texto presentado al Tribunal Oral, la AFIP sostuvo que, en base a sumarios internos e investigaciones dentro del organismo, se detectaron “graves hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad” en los que estaba presente “la persecución y el hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”. Marcó del Pont enumeró, por ejemplo, que se armó un grupo de tareas (tenía ese nombre) dedicado a investigar a Oil y a ningún otro contribuyente; participaron funcionarios que no tenían jurisdicción; presentaron escritos en la Justicia personas no autorizadas, hubo una ruptura continua del secreto fiscal y una larguísima lista de irregularidades. La AFIP concluyó que el armado de la causa Oil se basó en métodos ilegales.

De esa manera, ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso, sólo habrá un acusador: el fiscal García Elorrio. El funcionario tiene la tradición de acusar siempre, de manera que buscará ángulos que no serán nada sencillos de sostener tras el peritaje y los innumerables testimonios del juicio. Hubo declaraciones coincidentes de funcionarios de la AFIP que, por ejemplo, explicaron que el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) es como otros, es decir que se le permite al contribuyente acogerse a los planes generales y particulares de la AFIP. Es más, en un texto también firmado por Marcó del Pont, se consignó que, en todas las moratorias del siglo XXI, desde 2001 en adelante, siempre se incluyeron las deudas por el ITC en esos planes de pago. 

Aún así, García Elorrio tratará de argumentar para conseguir una condena: tiene cuatro horas este jueves y otras cuatro horas en las dos audiencias siguientes.