En Berlín, la capital alemana, el 80 por ciento de sus 3,6 millones de habitantes -una población similar a la de la Ciudad de Buenos Aires- alquila la vivienda en la que vive. Por eso, el gobierno berlinés decidió salir a intervenir en el mercado de propiedades y acordó la adquisición de 14.750 viviendas y 450 locales a dos de las principales inmobiliarias. Además, el Senado de Berlín deberá decidir si aprueba una consulta popular que reunió 175 mil firmas para avanzar en la expropiación de viviendas en un mercado cocentrado.
El gobierno de la capital alemana cerró un acuerdo de 2500 millones de euros, tras varios meses de negociaciones, con las inmobiliarias Deutsche Wohnen y Vonovia para quedarse con 15.300 viviendas y locales comerciales, con los que intervendrá en el mercado en busca de bajar los precios. De todas maneras, no podría fin a la crisis de vivienda: se estima que para 2030 Berlín necesite 200 mil nuevas propiedades.
Las viviendas compradas quedarán bajo control de las compañías públicas de vivienda de la ciudad -organismos como el Instituvo de Vivienda de la Ciudad (IVC)- y se sumarán a otras 6 mil viviendas sociales que el Estado capitalino había recomprado en a la inmobiliaria Ado Properties en 2019. Ese mismo año se impuso una política de congelaminto de alquileres que finalizará en 2022.
Expropiación
El mercado inmobiliario de la capital alemana está altamente concentrado: las dos principales inmobiliarias poseen 200 mil viviendas y locales comerciales. Las asociaciones de inquilinos denuncian la concentración del mercado e impulsaron una moción popular para forzar a la Cámara alta estatal a tratar un proyecto de expropiación.
El proyecto que reunió las 175 mil firmas necesarias para que sea tratado por el Senado proponer que el gobierno expropie otras 250 mil propiedades en manos de las inmobiliarias que cuenten con una cartera de más de 3000 viviendas.
El primer intentio del gobierno de Berlín para aliviar la situación de los millones de inquilinos que habitan la capital fue en 2019, cuando ordenó el congelamiento de los precios de los alquileres hasta 2022. Con esa medida se logró reducir los precios de los alquileres, pero el mercado respondió con una reducción de la oferta.
