Organizaciones que agrupan a referentes de comunidades indígenas y campesinas elevaron notas al gobernador Gustavo Sáenz para manifestar su preocupación respecto de los talleres de consulta territorial que lanzó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta en el marco del proceso de revisión y actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). 

Las organizaciones señalaron que el proceso de actualización de este ordenamiento es poco transparente, aseguraron que se viola la ley de acceso a la información pública "entre otras normativas, leyes constitucionales e internacionales inherentes a los derechos de los pueblos indígenas", destacaron asimismo la falta de consenso respecto de cómo seguir adelante posibilitando una real participación de los sectores más afectados y solicitaron "la inmediata suspensión y anulación" de estos talleres y que "se brinde a todas las comunidades originarias de la provincia la información completa, bilingüe y con la debida antelación" sobre estas actividades. 

Por su parte, el titular de la Secretaría de Ambiente de Salta, José Aldazábal, afirmó ante Salta/12 que se tomarán en cuenta las observaciones y que queda un extenso trabajo por hacer. Detalló como ejemplo la falta de actualización sobre el mapa original del OTBN que desde “2016 está sin actualizar”. Esto implica que no se cuenta con la cartografía de las deforestaciones y autorizaciones de desmontes que se fueron otorgando. “Nunca se volvió a trabajar sino desde que empezamos nosotros”, afirmó el funcionario al sostener que los pasos que se dan durante el proceso de actualización del Ordenamiento “son avalados por el Ministerio de Ambiente” de la Nación.

Una veintena de organizaciones de comunidades indígenas presentaron el 9 de septiembre pasado una nota dirigida a Aldazábal en la que cuestionan la falta de formalidad en las invitaciones a las convocatorias de la mesa de trabajo, como lo venía difundiendo el gobierno provincial a través de comunicados oficiales. 

En la misma nota solicitaron entre otros puntos, incorporar en la mesa de discusión la incidencia de los conflictos de desalojo por desmontes en los distintos territorios, además de la revisión de las categorías de conservación en los ex Lotes 55 y 14. También pidieron revisar las recategorizaciones de suelos (que incluyen a tierras que originalmente se debían conservar y luego se cambiaron de color para el desmonte), dado que se violó el principio de no regresión ambiental. 

También demandaron que se evalúe el impacto de las resoluciones de la Secretaría de Ambiente N° 333 y 411 de este año, en las que se habían establecido algunas flexibilizaciones para favorecer los permisos para deforestar, además de la necesidad de garantizar deforestación cero en los territorios del yaguareté, una de las especies amenazadas ante su posible extinción. La propuesta de los referentes se amplía a un plan de manejo integral consensuado en el que se intensifiquen y efectivicen controles a desmontes, además de mesas de trabajo en donde se elaboren proyectos de reforestación y reparación ambiental articulados con las comunidades para la aplicación de los fondos destinados a esos fines y previstos por la Ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques.

Que se suspendan los talleres

Tras la nota de las comunidades y frente a los reclamos ante el Consejo Asesor del OTBN en la reunión del 10 de septiembre pasado, Carlos Trucco presentó su renuncia como coordinador de la Unidad Ejecutora (UE) de la Revisión de OTBN. Aldazábal sostuvo que fue por motivos particulares. 

Ya a esa altura se habían realizado algunos talleres participativos para la revisión del OTBN en el sur de la provincia, según la información oficial que se dió en la página digital del gobierno, el 25 de agosto pasado. Ante ello, en una nota que se elevó el 16 de septiembre pasado, las comunidades exhortaron a las autoridades a disponer la “inmediata suspensión y anulación de los mencionados talleres que la Unidad Ejecutora de la Secretaría está realizando en los territorios donde vivimos las comunidades originarias, hasta tanto se cumpla con la legislación que nos brinda las garantías de participación intercultural y bilingüe consensuada”. 

“Estas primeras reuniones son informativas en donde se explica el alcance de la Ley de Bosques”, afirmó por su lado Aldazábal. "Vamos 11 o 12 años de la Ley de Bosques y hay lugares donde la gente no sabe que puede recibir fondos por conservar”, aseguró. Sostuvo que a su entender la de este año es, luego de casi una década del OTBN, la primera vez que se realizan más convocatorias de consultas a todos los sectores. “Toda la metodología tiene un aval del Ministerio de Ambiente de Nación”, añadió. 

No acotar tiempos 

En cuanto a la falta de una cartografía, el funcionaraio insistió en que se trabaja en un mapa que hace al menos cinco años está sin ser actualizado, por lo que no puede ser volcado a la mesa sin un análisis pormenorizado. Reconoció que el tema de los conflictos territoriales surgió de algunas de las reuniones de los talleres, y dijo que se volcarán las propuestas para discutirlas en la mesa y avanzar con la segunda ronda de talleres. 

Para los referentes de las comunidades, en tanto, es difícil continuar con tiempos acotados ante la complejidad que presenta la realidad de los bosques nativos. 

Lucía Ruiz, de la Asociación Civil Unión y Progreso de pequeños productores, advirtió que “los plazos del proceso se están apurando, sin respetar los tiempos que se necesitan ya que deberían revisarse las mensuras y regularizar la titularidad de la tierra de campesinos y pueblos originarios para la elaboración correcta de los mapas”. 

En un comunicado, las organizaciones sostuvieron que “la realización con transparencia del OTBN es vital para defender la sustentabilidad en la provincia que tiene el mayor índice de desmontes del país, la mayor biodiversidad y también, alta conflictividad por desalojos de campesinos y comunidades originarias, debido a desmontes. Desde la sanción de la Ley 26331 se desmontaron en Salta 628.307 hectáreas. Muchos de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido”.