Con el testimonio de Alejandro Lorenzo y el de la hija de Juan Alcaraz, dos hombres que fueron secuestrados y torturados en el centro clandestino Virrey Cevallos durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, continuará este viernes el juicio de lesa humanidad contra el vicecomodoro retirado de la Fuerza Aérea Jorge Espina en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata del primer debate oral que enfrenta Espina, que no pudo participar del primero que se llevó a cabo por los hechos de ese centro que funcionó en el barrio porteño de Montserrat ya que para entonces estaba prófugo.

Espina comenzó su carrera en la Fuerza Aérea en 1954 y la culminó con su retiro en 2003. Durante el período bajo análisis en el juicio por los crímenes de Virrey Cevallos, se desempeñó como jefe de las divisiones “C”, primero, y “A”, después, del Departamento de Interior de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor general de la Fuerza Aérea. El centro clandestino funcionó bajo la órbita de esa Jefatura y de ese departamento.

Estuvo prófugo durante cuatro años y fue capturado dos meses antes de que comenzara el primer juicio por las violaciones a los derechos humanos que tuvieron como escenario la casa de dos pisos que funcionó en Virrey Cevallos al 600, en territorio porteño. Quedó fuera de aquel debate, un proceso que finalmente debe enfrentar desde el viernes pasado. Luego de que el Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires diera por comenzado el juicio de lesa humanidad en su contra y que el requerimiento de elevación a juicio elaborado por la Fiscalía fuera leído, se negó a declarar.

Espina llega al juicio acusado de autor mediato en el secuestro y las torturas sufridas por diez personas que fueron encerradas y sometidas allí a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dos de ellas, los hermanos Alejando y Jorge Lorenzo, se incorporaron a la causa en este debate. Alejandro será uno de los que declare mañana, junto a la hija de Alcaraz, que falleció hace un tiempo. Las partes prevén un juicio corto, con no más de veinte testigos.

Según postula la acusación de la Fiscalía, por los cargos jerárquicos que ocupó en la estructura burocrática de la Inteligencia de la Fuerza Aérea, “tuvo un rol en la cadena de mandos a través de la cual se transmitieron las órdenes que culminaron con la comisión de los hechos investigados”.

Y allí, planteó el Ministerio Público Fiscal, en la “burocracia”, es donde descansa la razón de su responsabilidad “mediata”, es decir no directa. A la luz del plan sistemático de exterminio desplegado durante la última dictadura, la “naturaleza del dominio” es que “nada escape del cálculo, que ninguna pieza ponga en riesgo el plan trazado que, por otra parte, todos conocen”. Según el razonamiento fiscal, la lejanía entre el autor y la víctima del delito “se compensa con el dominio organizativo, el cual a su vez aumenta en correlato con el ascenso en la escala jerárquica del aparato”: “Todo aquel que tuvo autonomía para transmitir las órdenes ilegales (y lo hizo), se convierta en autor mediato como consecuencia de haber empleado sus atribuciones para ordenar la ejecución de acciones punibles”, se lee en los argumentos de la acusación pública.

En los legajos de por lo menos tres responsables directos de secuestros y torturas --Jorge Luis y Enrique Monteverde y Félix Morilla-- fueron firmados por Espina en los años en los que tuvieron lugar los crímenes juzgados.

El abogado querellante Pablo Llonto --representa a algunes sobrevivientes--, opinó en la misma línea en su requerimiento de elevación a juicio, en donde sostuvo que Espina desarrolló “una activa y extensa trayectoria en el área de Inteligencia, clave en el accionar represivo y de terrorismo de estado que se gestó desde las cúpulas de las Fuerzas Armadas y que se fue ’perfeccionado’ y convirtiendo en accionar del horror por parte de los oficiales de inteligencia, que, como Espina, hacían sus respectivos aportes en los centros clandestinos donde operaban y en las acciones operativas que comandaban, en algunos casos, desde sus escritorios”.

Los hermanos Monteverde fueron juzgados en 2018 junto a quien fue Jefe del Estado mayor de la Aérea, Omar Rubens Graffigna, en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Virrey Cevallos, un debate del que Espina quedó afuera además de una veintena de civiles y militares retirados señalados por sobrevivientes. Rubens Graffigna fue condenado a 15 años de prisión y Jorge Luis a 13. Enrique fue absuelto, razón por la que la querella apeló el fallo. Hace algunos meses, la Cámara de Casación habilitó la crítica y encomendó al TOF 2 que emitiera un nuevo veredicto. Sin embargo, el resultado fue una nueva absolución.