En lo que va del año, Nayib Bukele tomó una serie de medidas que alarmaron a las organizaciones sociales salvadoreñas y provocaron un protesta masiva la semana pasada. Desde la reforma de la carrera judicial que implicaría la expulsión automática de un tercio de los casi 700 jueces de todo el país y la destitución de jueces para imponer magistrados afines al mandatario, hasta la decisión de no avanzar en proyectos de ley que podían significar la ampliación de derechos para las mujeres y la comunidad LGBTIQ en el país centroamericano, el avance sobre las instituciones del mandatario salvadoreño no parece tener límites.
Bicentenario salvadoreño
El año del bicentenario de la independencia centroamericana tuvo entre sus primeras marcas el triunfo del partido de Bukele, Nuevas Ideas, que consiguió una mayoría en la Asamblea Legislativa. La primera moción del congreso de mayoría oficialista resolvió la destitución de cinco jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fueron sustituidos por magistrados cercanos al mandatario.
Para Saúl Baños, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el avance contra el modelo democrático comenzó en 2020 cuando Bukele buscaba la aprobación de un crédito de 109 millones de dólares para equipar a las fuerzas de seguridad. “Lo que ocurrió el nueve de febrero de 2020 cuando el presidente de la república y miembros del ejército y la policía irrumpieron en el palacio legislativo. Un intento de golpe prácticamente y no hubo sanción”, afirmó Baños a Página/12.
En 2021, con el triunfo electoral del partido Nuevas Ideas, el mandatario volvió a avanzar. “En la primera sesión plenario, un sábado, inusual, nos sorprendió a toda la población ya que con dispensa de trámite la primera moción fue la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional. Los depusieron del cargo de manera inconstitucional y nombraron a los sustitutos”, explicó el experto. El paso siguiente fue la destitución del fiscal general y el nombramiento inmediato de un sustituto. “Con esa acción se hizo de buena parte del poder y con eso trastocó el régimen republicano”, subrayó.
Concentración de poderes
“Tienen el ejecutivo y la asamblea legislativa, que fue resultado de una elección pero que terminó cooptando la sala constitucional”, puntualizó Baños, quien también se refirió a las decisiones que tomó el congreso. “Van en retroceso de lo poco que se ha avanzado. Por ejemplo,aprobaron la ley Alabi, que da amparo de impunidad para que no se investiguen las compras estatales de 2020. Son decisiones que impiden que la ciudadanía solicite y conozca cómo se manejan los fondos públicos. La ley de bitcoin, (primer país delmundo que oficializa una criptomoneda) fue aprobada de manera inconsulta, sin discusión legislativa, en un madrugón”, recordó. Mientras que los nuevos magistrados le dieron luz verde a Bukele para que pueda aspirar a un nuevo mandato en 2024, a pesar de que la constitución salvadoreña prohibe expresamente las reelecciones presidenciales sucesivas.
“Tenían que transcurrir dos mandatos (10 años), pero con esa resolución de la sala impuesta permite la relección del presidente. Faltan dos años para que termine esta administración, pero la sala ya autorizó al presidente para que se pueda reelegir ignorando la jurisprudencia constitucional”, señaló Baños.
Reforma a la carrera judicial
Otra de las decisiones que preocupa a las organizaciones sociales fue la reforma de la ley de la carrera judicial, que según Baños también se introdujo con dispensa de trámite y sin deliberación. La semana pasada Bukele, de 40 años, promulgó la ley que pasa a retiro a un tercio de los jueces y una normativa similar para los fiscales. El proyecto de ley fue aprobado por el Congreso -de mayoría oficialista- el pasado 31 de agosto.
“Se establece que por esa reforma todos los jueces y juezas que tengan 60 años o más o que cumplieron 30 años de servicio deberán ser reemplazados”, explicó. Entre los jueces que deberán dejar su cargo a partir del 25 de septiembre, cuando entra en vigencia la reforma, está el juez Jorge Guzmán que investiga la matanza de El Mozote en 1981. En 2020 Guzmán pidió a la Fiscalía investigar y determinar si Bukele cometió algún delito en el bloqueo de las inspecciones judiciales de archivos del Ejército. En los documentos el juez buscaba información sobre el operativo militar que derivó en la famosa masacre.
“Hacer una reforma a la ley de la carrera judicial de esa manera no persigue hacer un proceso de depuración. Porqué únicamente a los jueces que tienen 60 años de edad, ahí se están yendo jueces con una experiencia enorme. Los propósitos son otros”, afirmó Baños. Los diputados de Nuevas Ideas habían promovido la reforma asegurando que la medida busca depurar el sistema judicial y combatir la corrupción. Pero en el texto no están mencionadas las presuntas prácticas de corrupción.
“La corrupción es un argumento que les sirve. Pero hay un mecanismo para hacerlo, un debido proceso. Acá no se respetó lo que establece la Constitución. Distintas organizaciones como la que represento venimos planteando la necesaria depuración del sistema judicial, tanto altas cortes como jueces de primera instancia, pero se debe seguir respetando las normas para facultar el proceso”, indicó Baños.
Retroceso en derechos
Por otro lado, el presidente salvadoreño decidió eliminar la inclusión de la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia del proyecto de reforma constitucional de su gobierno. "He decidido, para que no quede ninguna duda, no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer), o con la eutanasia", escribió el mandatario en sus redes sociales.
El país centroamericano cuenta con una de las legislaciones más restrictivas al prohibir totalmente la interrupción del embarazo incluso en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la mujer. En este sentido, Morena Herrara, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico, rechazó la decisión del mandatario salvadoreño. “Nosotras lamentamos la posición que ha expresado el presidente porque está negando los derechos de las mujeres y no advierte las consecuencias de una legislación draconiano y de unas políticas públicas que están condenando a niñas y a mujeres”, dijo en diálogo con Página/12. “Nosotras tenemos una visión de que las cosas no están cerradas, que este gobierno actúa por conveniencia política, por imagen en medios de comunicación y en redes sociales. Seguimos reivindicando la responsabilidad que tienen de garantizar la salud y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes, así como los derechos de las personas que se identifican desde las disidencias sexo genéricas”, agregó.
Para Herrera es fundamental por un lado mantener vivas las demandas y aumentar la presión social y por otro lado la necesidad de que escuchen a la comunidad internacional. En este sentido explicó que en este momento hay dos demandas en el sistema interamericano de derechos humanos, una es la de una campesina llamada Manuela, condenada a 30añosdeprisión por abortar. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso se conocerá en los próximos meses. La otra causa se conoce como Beatriz vs El Salvador.
“En el caso de Manuela está enfocada en la violación de derechos por la criminalización de mujeres que viven en situación de pobreza y que fueron acusadas de aborto y luego condenadas por homicidio agravado. Es un proceso que tiene relación con el contexto de penalización absoluta del aborto, pero no es específico sobre aborto. En el caso de Beatriz sí es una demanda específica sobre aborto y ahí pensamos que el carácter de obligado cumplimiento de las sentencias de la corte jugará un papel en las políticas y legislación de El Salvador”, afirmó Herrera, quien también reivindicó la necesidad de restablecer la institucionalidad democrática, de la separación de poderes.
“Vemos un panorama difícil en El Salvador, pero esta es la realidad en la que vivimos y en la que necesitamos construir alternativas. No es la primera vez que se cierran espacios y consideramos que no nos queda otro camino que continuar luchando, incidiendo y transformando la realidad, convenciendo a la población de la importancia de estos derechos”.
Protesta
El pasado 15 de septiembre entre 5000 y 8000 manifestantes salieron a las calles de San Salvador para intentar poner un freno a los abusos de poder en la primera protesta masiva del mandato de Bukele. "Más allá de la cantidad de gente," escribió el corrresponsal de El País de España. "Bukele fue derrotado en dos escenarios en los que hasta ahora no tenía rival: la calle y las redes. La convocatoria se convirtió en tendencia desde el día anterior y terminó con el silencio después de varios meses de polémicas reformas que han suscitado el rechazo dentro y fuera del país; desde Estados Unidos, que lo comparó con Hugo Chávez, a Naciones Unidas, que pidió respeto a la independencia judicial."
La respuesta Bukele no se hizo esperar. Primero cambió la descripción de su cuenta de Twitter, autodefiniéndose como "dictador de El Salvador" y horas más tarde subió la apuesta: pasó a llamarse “el dictador más cool del mundo mundial”.
