El empresario del juego ilegal Leonardo Peiti, imputado por manejar esa actividad clandestina en Rosario, Rafaela y Melincué, desató un escándalo en Santa Fe al declarar que en sus negocios están o estaban involucrados dirigentes de la política provincial. Peiti llegó a un preacuerdo para enfrentar un juicio abreviado que contempla una pena de unos seis años de prisión y una multa de 536 mil dólares. También pidió acogerse a la figura del arrepentido, que en caso de ser admitida rebajaría a la mitad la pena. En ese camino, brindó información sobre su estructura de negocios y mencionó a quien sería el senador Armando Traferri, un peronista enfrentado con el Ejecutivo santafesino. También involucró a otros senadores, incluidos dos del radicalismo y un cuarto, también del PJ, pero cercano al oficialismo provincial.
Los rumores sobre la declaración de Peiti involucrando a dirigentes políticos en las causas por apuestas clandestinas que se ventilan en diferentes lugares de Santa Fe, su pedido de ser considerado arrepentido y su decisión de firmar un juicio abreviado se confirmaron cuando el fiscal Luis Schiappa Pietra lo reconoció públicamente en las últimas horas. Se trata, indicaron fuentes de la causa, de un “preacuerdo” por el cual Peiti abonará una cifra millonaria en efectivo y en bienes con la esperanza de obtener la mitad de la pena, tres años, apuntando a cambio hacia cuatro senadores provinciales de distintos partidos políticos que, según la teoría de la fiscalía, recibieron dinero malhabido, al parecer para financiar campañas políticas, justo cuando se inicia el camino hacia las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.
El caso por juego ilegal provocó un cimbronazo institucional en Santa Fe, cuyas consecuencias aún están por verse. La pesquisa de Schiappa Pietra y Matías Edery mandó presos al fiscal Gustavo Ponce Asahad, que firmó un acuerdo abreviado como arrepentido y pronto se irá a su casa, y el jefe de los fiscales rosarinos, Patricio Serjal, imputado en la causa. A la vez, los acusadores pretenden sentar en el banquillo al senador Traferri, por ahora sin suerte.
La complejidad del tema llevó a que el 9 de septiembre pasado se llevara adelante una audiencia virtual con los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de tres jurisdicciones en las que está acusado como jefe de asociaciones ilícitas Peiti --Melincué, Rosario y Rafaela--, con la supervisión del jefe de fiscales provinciales, Jorge Baclini, y ante la jueza Marianela Verón.
Según fuentes de la causa, Peiti apunta contra Traferri, cosa que ya había reconocido con anterioridad: que pretendía obtener la concesión del juego online, lo que terminó en manos de la firma Boldt y que motivó incluso una denuncia penal contra el gobierno provincial por parte de diputados del radicalismo. Y da detalles de aportes, millonarios en pesos, para campañas electorales. En concreto, el planteo de Peiti es que les pagó a Traferri y otros para que gestionaran que la Lotería de Santa Fe le concediera a la empresa Wildar Gaming SRL --cuyo titular es el propio empresario-- la explotación de máquinas para apuestas online en salas habilitadas por el organismo.
Pese a su presunto carácter confidencial, el convenio entre los abogados defensores Luis y Angelo Rossini y los fiscales adquirió amplia difusión en las últimas horas. En caso de ratificarse, incluiría una multa de 536 mil dólares: compuesta por 236 mil cash y 300 mil en inmuebles, aunque Peiti, quien por ahora sigue alojado en una clínica psiquiátrica, puede quedarse con la propiedad de su vivienda de Funes, siempre según esta fuente.
Para los fiscales, Peiti conformó una asociación ilícita como organizador junto con Serjal (tiene prisión domiciliaria) y Traferri (protegido por sus fueros legislativos), y como miembros con Ponce Asahad, el empleado del MPA Nelson Ugolini, el fallecido zar del juego clandestino de Rafaela David Perona y el comisario retirado Alejandro Torrisi (que también firmó un acuerdo abreviado). Peiti enfrenta acusaciones similares en Melincué, donde el caso ya se elevó a juicio, y Rafaela, donde también la pesquisa salpica a otros actores políticos e institucionales.
