En una sesión con muy pocos proyectos a tratar pero con muchas exigencias de los legisladores hacia los funcionarios provinciales y nacionales, la jornada de ayer transcurrió entre pedidos de informe, solicitudes de convocatoria al recinto y denuncias de despidos en el municipio de El Quebrachal.

Ya desde el comienzo el senador por La Poma, Dani Nolasco, se mostró muy ofuscado con el director de Vialidad Nacional en Salta, Francisco Agolio, con quien intentó comunicarse en más de una ocasión y hasta fue a buscarlo a las dependencias de ese organismo, sin obtener respuestas, “nunca se lo encuentra y tampoco contesta”, sostuvo.

El enojo de Nolasco se asocia al mal estado de la ruta nacional 40 “sobre todo en algunos tramos como el que va de Payogasta a La Poma”, pero también señaló que desde San Carlos hasta la ruta 51, llegando a la cuesta del Acay, en el departamento Los Andes, “se encuentra en pésimo estado”. “Pasan una máquina que no es suficiente, porque hay que hacer otros trabajos por el desgaste que tiene el camino”, agregó.

El legislador detalló que son cinco departamentos los que sufren el mal estado de esa ruta, San Carlos, Cachi, Molinos, La Poma y Los Andes, “es una situación muy grave la de encontrar a gente en la ruta con sus autos rotos”, expresó, y pidió que las autoridades de ese Cuerpo soliciten la presencia de Agolio para “que venga a dar explicaciones de por qué no prestan el servicio que corresponde”.

“Es vergonzoso por los habitantes de la zona que transitan cotidianamente y por los turistas que recorren la provincia”, concluyó.

Al pedido se sumó el representante de Molinos, Walter Abán, quien recordó que el año pasado mantuvieron una reunión con el delegado local de Vialidad Nacional “porque este problema es de vieja data”, adujo, y añadió que los mismos inconvenientes los tienen con la provincia en todos los tramos que le corresponden. Por eso solicitó que se incluya en el pedido la convocatoria el titular de la Dirección de Vialidad de la Provincia, Jorge Macedo.

Más adelante Abán presentó dos proyectos de declaración, uno solicitando que se realice el mantenimiento y reparación, “con carácter de urgente”, del puente sobre el Río Molinos por donde pasan camiones transportando toneladas de uvas, y aseguró que “corre peligro de caerse y vamos a quedar aislados totalmente”.

El otro proyecto fue para que se adelanten los fondos de Recursos Hídricos destinados a reforzar las defensas sobre los ríos Amaicha y Luracatao, ya que según el senador, ese dinero se envía en diciembre, “y ya es tarde”.

Salado al Senado

A las quejas por el estado de las rutas se sumaron las del ineficiente servicio que presta Aguas del Norte en casi todo el territorio provincial. Varios senadores, entre ellos Silvina Abilés, Manuel Pailler y Carlos Rosso, manifestaron su malestar y el de las comunidades que representan por la falta de agua y de obras de infraestructura. Por ese motivo, el presidente de la comisión de Obras Públicas, Sergio Ramos, anunció que invitarán al presidente de COSAySA (Compañía Salteña de Agua y Saneamiento), Luis María García Salado, y al secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, para la próxima sesión, que se realizará un día antes de lo normal, debido a que el jueves 30 se reúnen los convencionales constituyentes en ese recinto.

Tanto Abilés como Pailler, subrayaron que en reiteradas ocasiones enviaron pedidos de informes al organismo que conduce García Salado sin obtener respuesta alguna, “esperemos que pueda contestar de manera verbal y con su presencia”, acotó la legisladora por La Caldera. Mientras que Rosso solicitó que en la invitación se le adelante que a la hora de asistir a la reunión, lo haga con un informe detallado de las obras que se están realizando en cada departamento.

Minutos más tarde, se aprobaron tres pedidos de informe del senador Mashur Lapad, requiriendo al Ministerio de Infraestructura y a COSAySA que informen sobre las obras de reparación y ampliación de la infraestructura existente para la provisión de agua a vecinos que aún no cuentan con ese servicio en los municipios de Rivadavia Banda Norte, Banda Sur y Santa Victoria Este.

Emergencia para el turismo

Tras ser revisado y modificado por Diputados, se sancionó en definitiva la Ley de Emergencia en el sector turístico. Su autor, el senador por Rosario de la Frontera Javier Mónico alegó que no quería detenerse a revisar las modificaciones que llegaban desde la Cámara Baja a su proyecto, por la urgencia que tienen quienes trabajan en ese rubro.

Pero reconoció que algunas revisiones sumaban, como la de facultar a la autoridad de aplicación a la firma de convenios para recuperar las rutas aéreas y buscar nuevas con la flexibilización de tasas aéreas provinciales. También rescató el agregado que indica que el 75% de lo recaudado por el impuesto a la tómbola podrá ser utilizado para fomentar el turismo de reuniones, como eventos, convenciones y jornadas educativas.

La emergencia estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año y beneficiará con exenciones, ayudas económicas y créditos blandos al servicio de transporte turístico, hoteles y alojamientos, establecimientos gastronómicos, agencias de viaje y guías de turismo y rent a car.

Despidos en El Quebrachal

El senador por el departamento Anta, Marcelo Durval García, aprovechó el momento de homenajes para denunciar que en el municipio de El Quebrachal, su intendente, Rolando Rojas, en medio de las negociaciones paritarias con los municipales, decidió despedir a parte de su personal que desde hace siete días está de paro por falta de pago y acuerdo salarial. Ayer se encontraban cortando la ruta nacional 16 a la altura del pueblo de Gaona.

“Son gente con 8, 10, 12 y algunos hasta con más de 20 años de antigüedad”, contó García. Y detalló que el miércoles, en reunión con los representantes gremiales de ATE y UPCN, si bien aceptó pagar los sueldos y el incremento del 15% solicitado para llegar al 51% anual acordado con provincia, se negó a reincorporar a los despedidos.

Pero según el legislador, eso no fue todo, sino que Rojas arremetió contra uno de los representantes gremiales a quien lo amenazó con perseguirlo “hasta que se vaya de la municipalidad”, y afirmó que hay videos que dan fe de lo sucedido.

Ese mismo día por la tarde, el delegado municipal de ATE, José Daniel “Quechua” Quinteros, radicó una denuncia en la Fiscalía de Joaquín V. González contra el intendente, por amenazas, malos tratos y acoso laboral.

Durval García pidió la intervención del Ejecutivo provincial “a los efectos de recobrar y restablecer la paz social en el municipio, que se vio quebrada por la falta de voluntad de una de las partes, que es el municipio”.