Un juzgado en Bolivia le rechazó el recurso presentado por la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, para ser procesada en un juicio de responsabilidades y no ante la Justicia ordinaria bajo el reclamo de que se considere su calidad de exmandataria. Áñez enfrenta cargos por su participación en el golpe de Estado al expresidente Evo Morales en 2019.
La Sala Penal Segunda del Tribunal de la Paz descartó el recurso de incompetencia de la Justicia ordinaria para procesar expresidentes presentado por la defensa de Añez, quien enfrenta cargos de sedición, terrorismo, conspiración y genocidio, entre otros delitos por su participación en el golpe de Estado contra Evo Morales.
Pedidos a la CIDH
En su cuenta de Twitter, Áñez apuntó contra la decisión del juzgado de la capital boliviana. “Denuncio ante Bolivia y la comunidad internacional, que soy víctima de violencia procesal y política”, escribió en su cuenta de Twitter, donde también pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie al respecto. En un informe la CIDH había revelado que durante el golpe de Estado de 2019 en Bolivia se registraron masacres por parte de las fuerzas militares y policiales contra civiles, al menos 37 personas perdieron la vida en varios puntos del país.
Áñez también enfrenta cargos por genocidio tras las denuncias de las familias de las víctimas de la represión del 15 de noviembre de 2019 en la localidad de Sacaba, cerca de la ciudad de Cochabamba, y el 19 de noviembre de 2019 en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el barrio de Senkata, en la ciudad de El Alto.
La comisión internacional presentó el documento que fue elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que realizó alrededor de 400 entrevistas y analizó más de 120 mil expedientes. Para la GIEI se trató de dos masacres y contabilizó 22 muertos en la represión en Sacaba y Senkata.
Acusación de la Fiscalía
El mes pasado la Fiscalía General presentó una acusación formal contra Áñez por hechos calificados de forma provisoria como “genocidio, lesiones graves y lesión seguida de muerte” por las masacres durante su mandato de facto. La acusación fue presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia, que deberá pedir una autorización al Congreso para juzgarla. Al día siguiente se conoció que la expresidenta de facto intentó suicidarse mientras aguardaba prisión preventiva, el círculo cercano a Áñez denunció el deterioro de su salud.
Según su hija, Carolina Rivera, Áñez solicitó dos veces la asignación de la renta que le corresponde a los expresidentes, pero el mismo fue negado por el ministerio de la Presidencia que argumentó que Áñez no acreditó legalmente que fue presidenta.
La oficina de Naciones Unidas en Bolivia la visitió en prisión y confirmó que “se constataron lesiones auto inflingidas que requirieron asistencia médica”. La ONU también aseguró que las autoridades permitieron que uno de los hijos de Áñez la acompañara en la cárcel hasta su mejora.
Prisión preventiva
Áñez guarda prisión preventiva desde marzo mientras espera ser juzgada por su participación en la ruptura del orden constitucional en su país. Una investigación periodística reveló que previo a su detención, Áñez intentó huir a Brasil para evitar ser detenida y juzgada. Otros miembros de su gabinete de facto lograron escapar a la justicia de Bolivia, como su ministro de Presidencia, Yerko Núñez, y la ministra de Aguas, María Elva Pinckert. En tanto el que fuera su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue detenido en Estados Unidos acusados de recibir sobornos de una empresa estadounidense para asegurar un contrato con el gobierno de Bolivia y luego lavar los sobornos a través del sistema financiero norteamericano.
