Desde Madrid

Uno de los mitos en los que el nacionalismo catalán asienta sus aspiraciones de separación es la supuesta existencia de una entidad nacional previa al Reino de España. A ese conjunto de territorios, que el rigor histórico agrupa en el Reino de Aragón pero que el ingenio nacionalista bautizó como Països Catalans, perteneció hasta 1720 la isla italiana de Cerdeña, hoy convertida en uno de los destinos turísticos más exclusivos de Europa.

En Alguer, el pueblo donde el expresidente de la Generalitat (gobierno autonómico) de Cataluña, Carles Puigdemont, de 58 años, fue detenido el jueves por la noche, se habla aún una lengua conocida en el lugar como “dialecto alguerés” de gran similitud con el catalán. Se trata de una de las 12 lenguas minoritarias reconocidas oficialmente en Italia. No se sabe si empujado por la nostalgia por el país que nunca existió, Puigdemont se encontraba en el lugar para participar en un encuentro de cultura popular catalana donde también, al parecer, tenía previsto reunirse con líderes independentistas sardos.

Sedición

No pudo hacer nada de eso. Apenas pisó territorio italiano fue detenido en el aeropuerto en cumplimiento de una orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de España, país del que huyó hace cuatro años para evitar comparecer ante la justicia tras la celebración del referéndum ilegal que desembocó en la fallida declaración de independencia de Cataluña en octubre de 2017. Puigdemont está acusado por los supuestos delitos de sedición y malversación, por haber utilizado fondos públicos para la celebración del referéndum.  

El líder independentista fue dejado en libertad este viernes a la tarde por la justicia local y podrá abandonar suelo italiano de inmediato, con la obligación de retornar el 4 de octubre, fecha de la primera audiencia prevista para decidir sobre su eventual extradición.

A diferencia de nueve de sus compañeros, que permanecieron en Cataluña y tras presentarse ante las autoridades judiciales fueron juzgados, condenados y encarcelados durante tres años, Puigdemont ha estado durante todos estos años huido en Bruselas, desde donde ha seguido ejerciendo como líder del sector más conservador del independentismo catalán, agrupado actualmente en el partido JuntsXCat (Juntos por Cataluña).

Doble liderazgo

El secesionismo catalán, un conglomerado del que forman parte partidos políticos de la ideología más diversa además de distintas asociaciones culturales y de la sociedad civil y que suele aglutinar la mitad de los votos en las convocatorias electorales, tiene en el plano político un doble liderazgo. Por un lado, Esquerra Republicana de Catalunya, un partido de izquierdas fundado durante la Segunda República que en las dos últimas décadas evolucionó hacia el independentismo al que pertenece el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. 

El otro socio del Gobierno catalán es JuntsXCat, una formación heredera de Convergencia Democrática de Cataluña, un partido liberal en el ámbito económico y conservador en lo político que ejerció casi ininterrumpidamente el poder en Cataluña desde la recuperación de la democracia y al que los numerosos escándalos de corrupción obligaron a una metamorfosis profunda. 

No solamente cambió de nombre, también pasó de ser una formación considerada garante de la estabilidad en la política española -su líder histórico, Jordi Pujol, ahora imputado por corrupción, se caracterizaba por pactar tanto con el PSOE como con el PP a cambio de prebendas para Cataluña- a convertirse en un partido reacio a cualquier diálogo y radical en el reclamo de la independencia catalana.

Radicalización

Puigdemont, alcalde de la ciudad de Gerona, llegó a la presidencia de la Generalitat tras la dimisión de su antecesor, Artur Mas, y desde allí encabezó el proceso de radicalización de este ala del independentismo catalán hasta proclamar la independencia en 2017, lo que provocó que el entonces presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, suspendiera la autonomía y convocara elecciones.

Tras huir, Puigdemont se estableció en Bruselas, reclamado por la justicia española, en contraste con sus compañeros, encabezados por el exvicepresidente Oriol Junqueras (de Esquerra) que acabaron siendo juzgados y condenados a fuertes penas de prisión, de donde salieron este año tras ser indultados por Pedro Sánchez.

Al ser eurodiputado, Puigdemont podría gozar de inmunidad, pero el pasado julio el Tribunal General de la Unión Europea decidió mantener firme la suspensión de su inmunidad legislativa decidida por el Parlamento Europeo.

La detención de Puigdemont supone un problema inesperado para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tras la concesión de los indultos a los nueve independentistas encarcelados había conseguido sentar al Gobierno catalán en una mesa diálogo con la que aspiraba a resolver una crisis política territorial cuya génesis se remonta a la crisis económica de 2008.

Sánchez no cuenta en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los parlamentarios de JuntsXCat, pero sí con los de Esquerra, cuyo voto necesita para sacar adelante los presupuestos del año próximo y con ello garantizarse la estabilidad de su gobierno hasta 2023, cuando acaba la legislatura.

JuntsXCat ya intentó boicotear esa mesa de diálogo con Madrid al proponer que su representación la asumieran algunos de los políticos primero condenados y después indultados por Sánchez, una situación que era inadmisible para el Gobierno español. Sólo la firmeza de Aragonés y de su partido, Esquerra, permitieron que la mesa finalmente se celebrara, todo en un contexto en el que cada movimiento del presidente español en relación con Cataluña es mirado con lupa crítica no sólo por los partidos de la oposición, sino también por el resto de los gobiernos regionales, que temen que verse perjudicados si se produce un exceso de concesiones al Gobierno catalán.

Encrucijada

Sánchez, que ya ha asegurado que respetará lo que decida la justicia, se encuentra en una encrucijada donde ninguna salida le favorece. Con una mayoría precaria en el Congreso basada en alianzas regionales, depende de los votos de los diputados independentistas catalanes de Esquerra. También necesita esos votos para evitar la derrota en un eventual voto de no confianza que podría proponer la oposición.

Si Puigdemont no es extraditado, le lloverán sospechas de connivencia y de haber operado para que así sucediera; pero si finalmente es llevado a España para comparecer ante la justicia, es previsible que las protestas incendien las calles de Barcelona y de otras ciudades catalanas hasta hacer imposible que su acuerdo con Esquerra perdure.