El 19 de julio de 1924, por orden del gobernador del territorio nacional del Chaco, 130 policías y un grupo de civiles al servicio de estancieros se trasladaron a Napalpí para acallar el reclamo de trabajadores que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón. Con ese fin dispararon más de 5 mil balas de fusil y mataron a 423 personas, la mayoría integrantes de los pueblos originarios Qom y Moqoit. A casi un siglo de la Matanza de Napalpí y a pedido de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, que realizó una extensa investigación, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó tramitar un Juicio por la Verdad, el primero por crímenes de lesa humanidad del Estado argentino contra población indígena. En ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó hoy en el juzgado una investigación propia, que desarrolló como parte del proceso de reconocimiento y reparación de causas históricas, entre las que se encuentran también la Masacre de Rincón Bomba (1947) y los fusilamientos en la Patagonia Trágica (1919-1921).

Los fiscales federales Diego Vigay, Carlos Ammad, Federico Carniel y Patricio Sabadini impulsaron en 2014 una investigación preliminar de las masacres de Napalpí y de El Zapallar, perpetradas contra indios, hacheros y campesinos en 1924 y 1933 respectivamente. Argumentaron que podrían ser delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, por lo que el Estado tendría la obligación ineludible de juzgarlos. A lo largo de siete años recogieron documentos históricos, legajos como el del gobernador Fernando Centeno y el jefe de policía Diego Uribarrie, trabajos de investigación científica, testimonios de historiadores e investigadores, y también las voces de sobrevivientes o bien algunos de sus descendientes.

“Mataron a muchos” y luego “los taparon en un pozo grande, un solo pozo”, recordó en 2014 Pedro Balquinta, de una edad estimada en 107 años. El fiscal Vigay le tomó testimonio en su casa del Paraje San Lorenzo Colonia Necochea, a 300 kilómetros de Resistencia, asistido por una familiar que ofició de traductora de la lengua Mocoví. “En la reducción Napalpí eran Mocovíes los que estaban” aunque también “había unos cuantos paisanos, había hacheros y obrajeros”, añadió.

Rosa Grilo, sobreviviente del pueblo qom y de unos 105 años de edad, contó en 2018: “Yo era niña pero no tan chica, por eso recuerdo”. “Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. Mi abuelo y mi mamá gritaban disparemos, disparemos. No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento”, contó en su hogar, en un paraje rural del Departamento 25 de Mayo de Machagai.

El año pasado la Unidad Fiscal concluyó la investigación y, al no existir imputados con vida, solicitó la realización de un Juicio por la Verdad. Se trata de una instancia judicial sui géneris que en la Argentina se implementó por primera vez a fines de los ‘90, cuando ante la imposibilidad de juzgar a los genocidas --entonces protegidos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida-- se abrieron investigaciones para determinar el destino de los desaparecidos e individualizar a los responsables, aunque sin la posibilidad de sancionarlos.

Los fiscales analizaron la Constitución de 1853 y el derecho internacional basado en las costumbres y las convenciones de las que formaba parte la Argentina como integrante de la comunidad internacional en 1924, y destacaron que la Masacre de Napalpí encuadra en un crimen que lesiona a la humanidad y por eso el Estado está obligado a juzgarlo. Pidieron que el juicio sea oral y público, con una sentencia que reconstruya la Verdad de lo sucedido y con sentido de reparación histórica a los pueblos indígenas que fueron víctimas y a la sociedad en su conjunto.

“Este debate oral es indispensable para que la Justicia Federal logre concretar objetivamente la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad de los crímenes perpetrados, la dignificación de las víctimas y, finalmente, para que los hechos de violencia no se repitan”, argumentaron.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, consideraron responsables al entonces presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear, a su ministro del Interior, Vicente Gallo, al gobernador Fernando Centeno y al administrador de la reducción Napalpí, Mario Arigó; por debajo identificaron a decenas de policías chaqueños y gendarmes que perpetraron la masacre, y hasta al piloto y el copiloto del avión que recordaba Rosa Grilo.

La jueza Niremperger confirmó la imprescriptibilidad de los crímenes contra las comunidades Qom y Moqoit, y consideró necesario “transitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido por su valor simbólico, histórico y humano”. La búsqueda de la verdad es “relevante no solo en términos de memoria colectiva sino que puede operar favorablemente en el terreno de la reparación histórica y simbólica hacia las comunidades”, destacó, y convocó al Ministerio Público Fiscal, a la Defensoría Pública Oficial de la Víctima y a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco --a la que aceptó como querellante-- para que ofrezcan pruebas.

La Secretaría de Derechos Humanos entregó hoy al juzgado una investigación histórica que busca contribuir con el Juicio por la Verdad. Se trata de un informe que analiza documentos oficiales, bibliografía y testimonios de sobrevivientes y familiares para reconstruir los hechos, el contexto histórico y los motivos que llevaron a perpetrar la masacre. La investigación fue realizada desde la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos por un investigador especializado en Historia y recorre el período histórico previo, el proceso represivo en el que se enmarcó la masacre y las razones que llevaron a las comunidades a rebelarse y protestar por las condiciones en las que vivían y trabajaban. Da cuenta del rol de las fuerzas represivas, agentes judiciales y funcionarios del gobierno de Alvear, avanza sobre la negación y el encubrimiento de las autoridades, que lograron sepultar los hechos por décadas, y cómo volvió a salir a la luz a través de sobrevivientes e hijos e hijas que protegieron la memoria sobre estos hechos y lograron relatarlos a la Justicia.