Una Corte Suprema y sin prestigio: Cuando tres personas deciden sobre un país

La designación de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema de Justicia, realizada por Zoom, con su propio voto y con la ausencia de dos de los cinco integrantes del tribunal, sigue cosechando rechazos. “El problema no es que entre tres elijan al presidente de la Corte sino que tres personas decidan sobre la institucionalidad del país”, afirmó el excortesano Raúl Zaffaroni, quien destacó la necesidad de ampliar el tribunal para evitar “la concentración de poder” y “la tentación de manipularla”. Para el diputado Leopoldo Moreau, del Frente de Todos, el episodio simboliza “el final de una etapa de degradación a la que no se le ha podido poner coto” por no contar el oficialismo en el Congreso con mayorías especiales que le permitan iniciar juicios políticos o promover la ampliación del tribunal como “una forma de oxigenación”. 

La mirada de Zaffaroni

El número de jueces de la Corte “es uno de los grandes problemas del Poder Judicial”, afirmó Zaffaroni en diálogo con la AM750, luego de que se conociera la elección de Rosatti como nuevo presidente en lugar de Carlos Rosenkrantz, ahora vice, acordada entre ambos y Juan Carlos Maqueda, sin la participación de Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco. 

“Obviamente hay una tensión interna y una crisis en la Corte que se ve desde afuera. Dos ministros no quisieron participar y los tres que son mayoría eligieron el presidente”, subrayó el actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La Corte que integré era de siete personas que teníamos diferencias, distintas trayectorias, formación jurídica, pero siempre cuidamos ‘la imagen de la empresa’, todo se resolvía en una mesa y para afuera estaba todo bien. Tengo la impresión de que Rosenkrantz no satisfizo a quienes lo habían votado”, advirtió.

“El problema no es que entre tres elijan al presidente de la Corte sino que tres personas decidan sobre la institucionalidad del país”, evaluó Zaffaroni. “Tres personas tienen una concentración peligrosa, deciden sobre la constitucionalidad de cualquier ley o cualquier causa”, advirtió, y volvió a plantear la necesidad de ampliarla. “Se necesita una Corte de 15 miembros dividida en salas con especialistas en cada área”, lo cual permitiría que el tribunal “sea plural y que conozca las materias sobre las que están decidiendo”.

“El otro problema de la Corte es no tener el stare decisis, es decir, que la jurisprudencia constitucional de la Corte sólo sirve para el caso. Cada juez sigue haciendo lo que se le da la gana. Y el tercero es que no tenemos casación nacional, es decir que tenemos códigos únicos con 25 posibles interpretaciones diferentes”, señaló Zaffaroni, que integró la Corte hasta fines de 2014, cuando renunció al cargo al cumplir 75 años como exige la Constitución.

La reacción de la política

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, aseguró que se trata de "otro poder del Estado, ellos eligen sus autoridades, se ponen de acuerdo y nosotros somos respetuosos de su independencia. Los felicitamos y bueno, que hagan su trabajo", dijo y agregó que "la justicia es un poder independiente y nosotros nunca nos metemos en eso".

Por su parte, el exdiputado Jorge Rivas indicó que "son cinco, votan tres, y encima se autovotan. La manera en que la Corte Suprema eligió a su propio Presidente pone al desnudo la decadencia de un Poder judicial que debe ser reformado profunda y urgentemente".

“Más allá de los nombres, (la designación de Rosatti) ha sido el último acto de una parodia, de una tragedia, no sé cómo calificarlo”, afirmó el diputado Moreau en la AM530. “Esta es una Corte que hace mucho tiempo ha perdido prestigio, ha perdido el respeto no solamente de la ciudadanía sino dentro del propio Poder Judicial, con excepción de Comodoro Py, que se siente cómodo con esta Corte porque fue la que toleró, alentó, apañó y apadrinó todas las barbaridades que se cometieron en los últimos años, y que dio como resultado lo que caracterizamos en la investigación sobre el espionaje ilegal y la persecución política como un Estado mafioso, que pretende transformar lo ilegal en legal”, destacó.

Moreau definió al episodio como “el final de una etapa de degradación a la que no se le ha podido poner coto porque lamentablemente no nos dan las herramientas institucionales la posibilidad de hacerlo: no hay mayorías especiales en las cámaras de Diputados y Senadores para materializar un juicio político, ellos están aferrados a los cargos, ni siquiera tenemos la posibilidad de abrir el camino de una ampliación de la Corte, que podría ser una forma de oxigenación”, lamentó.

"Cada vez más lejos de la ciudadanía"

La abogada Natalia Salvo, por su parte, consideró que el mecanismo de autodesignación del presidente de la Corte es “una muestra más de la evidente autofiscalización”, propia de “un poder rígido, perimetrado”. En diálogo con la AM530, recordó que los flamantes electos (Rosatti y Rosenkrantz) “son los dos jueces que se avinieron y aceptaron ingresar en la Corte a través de un decreto de los primeros días del gobierno de Mauricio Macri, en contra de la Constitución Nacional, y recién después lo hicieron del modo que corresponde”. 

Pero “no es ese el único escollo republicano” porque también “son dos jueces que tienen sendos llamados con (Fabián) Pepín Rodríguez Simón, prófugo con alertas rojas de Interpol, y que son llamados que no se pueden explicar porque fueron en el marco de la plena vigencia de la “mesa judicial”, cuando Rodríguez Simón era el monje negro de Macri en materia judicial y el ministro de Justicia en las sombras, quien amenazaba a (la entonces procuradora) Alejandra Gils Carbó para poner a (Eduardo) Casal, o amenazaba a empresarios del Grupo Indalo para que su canal se constituya en ariete de persecución contra opositores políticos”, recordó Salvo, que también es docente en la UBA y en la UNPAZ. “Creo que es un síntoma más, un síntoma preocupante, una clave de época en donde el Poder Judicial está cada vez más alejado de la ciudadanía” y que “vuelve a poner en evidencia que es un poder aristocrático, que quiere conservar su poder, y que básicamente no cumple con la función que está llamado a cumplir por la Constitución Nacional, que es administrar justicia y ser la cúpula de ese poder constituido del Estado”.