Un año atrás, la fiscal regional María Eugenia Iribarren planteaba que en el Gran Rosario llegó a haber picos de hasta 20 balaceras diarias, por lo que desde el Ministerio Público de la Acusación apuntaban a adaptar las investigaciones a las cambiantes dinámicas de las bandas. Por esos días fue creada la unidad especial para investigar esa modalidad delictiva y centralizar las denuncias por delitos con armas. La fiscal Valeria Haurigot, a cargo de la Unidad de Investigación y Juicio especializada en balaceras, junto a Pablo Socca y Federico Rébola, indicó a Rosario/12 que aun no tienen estadísticas terminadas, pero como dato señaló que desde septiembre de 2020 hasta la semana pasada la unidad contabilizaba 1038 ingresos de causas judicializadas, relacionadas con abuso de armas de fuego. En ese sentido, hizo un repaso por la modalidad de trabajo que busca "explicar un conflicto", el ida y vueltas de las balas y los hechos que son ordenados desde la cárcel.
La modalidad de balaceras a frentes de viviendas o edificios -que no llegan a provocar lesionados- ocupó en el último año a un equipo de fiscales que va repensando modelos de investigación, como indicó la semana pasada la fiscal Haurigot, al hablar de una de las causas más resonantes que tuvo la unidad y que tiene presos a seis policías de la comisaría 10° por falsear datos para detener a dos personas por una balacera, y así favorecer a una banda de la zona, según la investigación del fiscal Rébola.
Pero en los últimos meses, tuvieron otras causas importantes como la que incluyó la figura del agente revelador, que se hizo pasar por cliente de una banda acusada por venta de armas, desbaratada en mayo pasado. En aquel momento, el fiscal Socca estimó que el accionar de esa organización se traducía en "un aporte importantísimo" a los ataques violentos. "Es la única fiscalía, creo que en Argentina, que aplicó la figura del agente revelador y sin ningún cuestionamiento de nulidad", destacó Haurigot.
A un año del trabajo de la unidad de balaceras, la fiscal planteó que en algunos casos, un mismo hecho puede tener más de una denuncia, por lo que los datos se están depurando. Entre las diferentes motivaciones aparecen conflictos con drogas, extorsiones, amenazas, ida y vuelta entre bandas y móviles variados.
"Creo que la premisa que tuvo la fiscal regional cuando decidió convocarnos fue que cada episodio que involucre armas de fuego tenga una mirada amplia", remarcó. El equipo lo conforman fiscales que venían de diferentes unidades. "Lo que había hasta el momento era una unidad que separaba las portaciones y tenencias de armas", recordó. Y lo que se planteó desde la nueva unidad es "mirar el fenómeno a partir de testimoniales y otro tipo de técnicas para abordar la problemática completa y ver a qué responde, explicar el conflicto".
Haurigot apuntó a que una de las cuestiones que buscaron es "empezar a poner en la agenda judicial el tema de la intimidación pública como el conflicto que afecta a toda la sociedad en su conjunto". Además, señaló que trabajan en coordinación con otras unidades en el intercambio de información. Y, al mismo tiempo, planteó que también es la modalidad de trabajo con la policía, donde los fiscales son encargados de dirigir la investigación.
La fiscal mencionó que la unidad utilizó métodos novedosos de investigación como seguimiento de Iphones, entre otros. "Lo que buscamos es, dentro de las posibilidades, llegar a estructuras organizadas", puntualizó.
Otra de las cuestiones que vienen planteando los fiscales de la unidad tiene que ver con que buena parte de las balaceras son ordenadas desde las cárceles, aunque aún no tienen terminadas las estadísticas en relación a eso. "Los casos de alta lesividad tienen algún engranaje que está en la cárcel", dijo Haurigot sobre cómo se conforman las bandas delictivas que cometen este tipo de hechos. En ese sentido, recordó el caso de un preso con condena, imputado en julio pasado por ordenar balear al encargado de la construcción de su casa en Serodino, por demoras en la obra. "Hay todo tipo de motivaciones", expresó la fiscal. Y en ese sentido apuntó a la importancia de la "reeducación en las cárceles".
En relación a la circulación de armas, destacó el trabajo de la policía en la calle por entender que cuando se secuestran armas en esas circunstancias, pueden ser vinculadas a balaceras con el cotejo que se hace desde la unidad. También recordó que el tráfico de armas es un delito que tiene a cargo la Justicia Federal. Además, indicó que en el Ministerio Público de la Acusación, los secuestros de armas relacionadas con hechos delictivos están sistematizados y tienen una política de control que parte de la Fiscalía General.