El blanqueo de capitales que en 2017 el gobierno de Mauricio Macri presentó como un acontecimiento histórico a nivel mundial, por el volumen de adhesión, y "una muestra de confianza en el país", en palabras del ministro de Economía Nicolás Dujovne, está empezando a mostrar su "lado B", a medida que avanzan las tareas de control y fiscalización sobre la documentación respectiva. Según pudo saber Página 12, la tarea de control y fiscalización realizada por distintas áreas de la AFIP, en base a datos recibidos de organismos públicos de otros países en el marco de los convenios de intercambio de información financiera, ya arrojó como resultado que 176 contribuyentes perdieran los beneficios del blanqueo al detectarse otros activos no declarados, entre ellos inmuebles (en el país o en el exterior). Hasta ahora, las actuaciones del organismo recaudador ya han dado lugar al reclamo de diferencias de impuestos por más de 100 millones de pesos.

Cuando las autoridades del gobierno de Cambiemos se ufanaban en 2017 de haber alcanzado una cifra de u$s 116.800 millones, ocultaban que uno de los principales "incentivos" al blanqueo era que, a partir del año siguiente, entraban en vigencia los acuerdos de intercambio de información financiera entre las oficinas fiscales de los países adheridos, con lo cual lo que se investigara y detectara en Suiza, España o Uruguay perteneciente a residentes argentinos, iba a ser recibido por la AFIP argentina al año siguiente. 

Y así sucedió a partir de 2018. Sin embargo, las tareas de fiscalización y control recién comenzaron a ejecutarse a partir de octubre de 2019, justamente el mes en que Mauricio Macri supo que sus sueños de reelección se derrumbaban. No está claro si ese impulso tardío por fiscalizar aportó elementos en favor del fisco o provocó un efecto contrario. Porque uno de los elementos más escandalosos de aquel blanqueo, que se reveló a partir de la publicación de los Panamá Papers y otros cruces de datos y resultados de diversas investigaciones, fue que Gianfranco Macri, hermano del entonces presidente, había sido beneficiado por el blanqueo a partir de declarar la propiedad de unos 35,5 millones de dólares que no había informado al fisco al liquidar sus impuestos. 

Tanto funcionarios del gobierno como sus familiares estaban inhibidos de ingresar al blanqueo. Por eso el caso de Gianfranco, que además compartía directorios con su hermano presidente en empresas offshore, provocó el escándalo y sospechas de arbitrariedades sobre aquel blanqueo, nunca corregidas. Quizás hasta ahora.

La tarea de fiscalización que, a partir de diciembre de 2019, realizan distintas áreas de la AFIP bajo el mando de Mercedes Marcó del Pont, puso especial atención en este punto. Una parte significativa de los casos analizados y procesados, pudo saber este diario, corresponde a funcionarios y sus familiares, que ingresaron al blanqueo pese a que la ley expresamente los excluía. 

Otra irregularidad detectada, que también provocó la caída del beneficio del blanqueo, fue la identificación de bienes y activos omitidos por los contribuyentes al ingresar al régimen de regularización. Esta tarea de control ya dio lugar a reclamos por diferencias de impuestos por un monto cercano a los 100 millones de pesos. Los contribuyentes que perdieron los beneficios del blanqueo ya comenzaron a pagar para regularizar su situación, aseguran allegados a la investigación.

El mejor blanqueo del mundo

En abril de 2017, Nicolás Dujovne (ministro) y Alberto Abad (titular de la AFIP) presentaron los resultados del "Programa de Exteriorización de Capitales", como se denominó oficialmente al blanqueo, destacando que se habían declarado patrimonios ocultos hasta entonces por un valor de 116.800 millones de dólares. El 80 por ciento de ese valor correspondía a bienes radicados en el exterior. Una de las mayores ventajas del blanqueo es que no obligaba a sus propietarios a repatriarlos, ni siquiera los activos líquidos (cuentas en el exterior o colocaciones financieras). Apenas un pequeño diferencial de tasa del impuesto "premiaba" a quien lo repatriara. Resultaba una atractiva oportunidad regularizar la propiedad de los activos pero mantenerlos afuera.

De esos 116.800 millones de dólares entonces declarados, el 48% estaba colocado en distintos tipos de inversiones, el 29% en cuentas bancarias y otro 17% en inmuebles. En este último caso, por un valor total declarado de u$s 20.500 millones, correspondiente a 167 mil inmuebles (110 mil dentro del país y 57 mil en el exterior). 

En total, se beneficiaron con aquel blanqueo 254.700 contribuyentes. Unos 10 mil titulares eran personas jurídicas, pero las otras 245 mil (el 96%), personas humanas. 

La presentación al programa de regularización estuvo abierta desde julio de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017. Pero la fiscalización de las declaraciones juradas recién se puso en marcha en octubre de 2019, dos años y medio después del cierre de la inscripción de los blanqueadores. Los procedimientos recién se activaron cuando la derrota electoral de Cambiemos quedó confirmada.

Según la OCDE, Argentina es el octavo país del mundo con mayor volumen de capitales fuera de su tierra. Y lo siguió siendo pese al "exitoso" blanqueo, que en definitiva premió esa conducta.