El Concejo Deliberante de Salta avanza en el análisis del proyecto de ordenanza que busca crear el Programa de Regularización e Integración de Barrios Populares, por lo que los ediles se reunieron en una mesa de trabajo con funcionarias de la gestión de la intendenta Bettina Romero y representantes de la Mesa de Barrios Populares de la Capital. Además, en el intercambio se presentó el estado de las obras que lleva adelante el gobierno municipal con fondos nacionales; siendo el primer municipio de la provincia que aseguró obras de infraestructura licitada en barrios populares. 

El autor del proyecto, José García (Yo Participo), mostró su satisfacción por el encuentro ya que, dijo a Salta/12, el objetivo es "dejar de llamar problemas a los barrios y asentamientos" de la ciudad y posibilitar llegar a acuerdos con soluciones superadoras. Por eso, el sustento de la iniciativa está en la Ley Nacional N° 27.453, que establece el Régimen de regularización dominal para la integración socio urbana. 

Otro marco jurídico que acompaña la iniciativa es el decreto nacional 358/17, que creó el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y permitió reunir información sobre las villas y asentamientos de Argentina. De acuerdo a ese registro, en la capital salteña existen 46 barrios populares. 

García señaló que gracias al decreto y la ley nacional, se visibilizó la situación de los barrios y permitió darle "un nombre y apellido a cada barrio que tuvo un origen de urbanización espontánea". Añadió que por eso es necesario contar con una herramienta más en el municipio para garantizar el cumplimiento de las leyes, pero sobre todo para dejar una marco de protección a los vecinos, independientemente de los gobiernos de turno. 

El edil viene trabajando en la temática desde antes de ocupar una banca en el Concejo, siendo una de sus principales propuestas de campaña, por lo que subrayó que el proyecto surgió “netamente desde adentro de los barrios, apoyándonos en una ley nacional que ya existe”.

Por su parte, el representante de la Mesa de Barrios Populares Román Oviedo sostuvo que se debe "reforzar lo que dice la ley" y además pidió "que se trabaje con la comunidad". Mientras que Saturnina Guaymás, también integrante de la Mesa, señaló que llevan "años esperando. Los gobiernos nos vulneran todos los derechos que necesitamos para una buena calidad de vida, son años de espera en donde nuestros hijos crecen y se van, porque fueron privados de lo económico de lo cultural y de lo social", ratificó. 

También afirmó que no comprenden las demoras en las obras ya aprobadas por Nación: "los fondos están, no entendemos que se demore tanto para que lleguen las obras de pavimento, cordón cuneta y enripiado”, aseguró. 

Oviedo y Guaymás solicitaron a las representantes del gobierno de Romero que refuercen la comunicación y la participación de las comunidades en los proyectos que se planean desarrollar en los barrios.

Es que el gobierno nacional activó este año el Fondo de Integración Socio Urbana, con el que la gestión municipal obtuvo proyectos para algunos de los barrios salteños incluidos en el Renabap. Así es que se dispusieron obras de infraestructura en los barrios Sanidad 2, con un monto de $49 millones; 23 de Agosto, con $82.600 millones, y Juan Manuel de Rosas, con $69 millones. 

La subsecretaria de Promoción Social, Inclusión y Discapacidad, Jacqueline Cobo, dijo a Salta/12 que en el caso de Sanidad 2, es el primer barrio que ya cuenta con una obra en ejecución, con lo que se está pudiendo "dar una respuesta a una prioridad que determinaron los vecinos del lugar", que en este caso incluye obras de cordón cuneta y de agua fluvial y cloacas. 

En tanto, en el barrio 23 de Agosto se prevé la obra de una plaza, como así también la instalación de redes de agua y cloacas, y de alumbrado público, pavimento y cordón cuneta. Mientras que para Juan Manuel de Rosas se aprobó la conexión domiciliaria e instalaciones intra-lote de la red de agua y cloacas.

Cobo resaltó que con la implementación de la ley nacional se está buscando "satisfacer el derecho a la vivienda" para "mejorar la calidad de vida de las familias". Uno de los puntos a destacar en cada una de las ejecuciones es que un 25% de la mano de obra debe ser de vecinos de los barrios, o personas que estén en cooperativas. Las obras en estos tres barrios beneficiarán a más de 1800 familias. 

La funcionaria también explicó que el programa tiene cuatro ejes de trabajo: lo social, con los procesos participativos; la dirección de acceso al suelo, con la regularización dominial; la parte de proyecto en sí mismo, y la administración. Y aclaró que por la pandemia la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación cambió los protocolos de los procesos participativos. A lo que agregó, dirigiéndose a los vecinos, que se queden tranquilos, "que todos los procesos se van y se deben cumplimentar”.

El concejal García afirmó que ahora el proyecto pasará a sus respectivas comisiones. Y añadió que también apuntaron las demandas que surgieron en la mesa de trabajo, que tienen que ver con generar un presupuesto participativo, y definir las prioridades de las obras, de acuerdo a la sugerencia de los vecinos. "Esperamos que se llegue a un acuerdo generalizado porque el proyecto no genera ningún palo en la rueda y está amparado en la ley nacional", finalizó el edil.