El 12 de abril de este año el Concejo Deliberante de Orán destituyó al edil Héctor Barraza (Ahora Patria), por la imputación penal que pesa sobre él por el delito de abuso sexual simple. Sin embargo, ahora la Corte de Justicia de Salta decidió que el legislador vuelva a sus funciones hasta que se resuelva un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por su defensa.  

La Corte sostuvo que la decisión del Concejo Deliberante oranense es una cuestión justiciable y que el recurso de inconstitucionalidad es “la vía idónea para demandar el control del Tribunal sobre actos de esa naturaleza”. Y procedió a "declarar formalmente admisible el recurso planteado y concederlo con efecto suspensivo", es decir que Barraza debe mantenerse en sus funciones mientras se analiza la inconstitucionalidad planteada en contra de la resolución de destitución. 

En el recurso el edil aseguró que su destitución fue ilegal pues se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa en juicio. Había sido destituido con 8 votos a favor y 3 en contra, cumpliendo con los dos tercios que se establece en la Carta Orgánica de la ciudad, quedando en la banca vacante Jimena Nataly Bermejo, segunda en la lista electoral. 

La concejala Verónica Hilario (Partido de la Victoria) se mostró indignada por la decisión de la Corte de Justicia, teniendo en cuenta el contexto de violencia creciente contra las mujeres que existe en el departamento oranense. Aseguró que se trató de una decisión machista "en favor del agresor", ya que Barraza está acusado de abusar de una menor de edad. 

La legisladora contrastó la situación de su par con el caso de Yolanda Vargas, una joven de 26 años de muy escasos recursos, que además sufría violencia machista, a quien el Estado responsabiliza por la muerte de sus hijos de 4 y 6 años porque fallecieron en un incendio de la precaria vivienda en la que residían cuando ella había salido a comprar alimentos. 

Recientemente el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco José Oyarzú, elevó a juicio la causa contra Vargas, a quien la fiscala Claudia Carreras acusa por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo por la muerte de sus dos pequeños hijos. 

"La justicia actúa rápido para juzgar a las mujeres", afirmó Hilario, molesta por la decisión de la Corte respecto de Barraza, que aún no ingresó formalmente al Concejo Deliberante. Por su parte, la presidenta del cuerpo de concejales, Gabriela Orellana, precisó ante Salta/12 que hasta que la Justicia no envíe una notificación, "no se puede tomar ninguna determinación".

Hilario fue quien, junto a Javier Ramírez (Unión Cívica Radical) y Jorge Ferreyra (Movimiento Evita), presentó el pedido de destitución. A los votos a favor de estos tres concejales se sumaron los de Gonzalo Díaz, Miguel Burgos, Emanuel Zalazar, Leonel Méndez y Lucía Cardozo, que preside la Comisión de la Mujer.

A pesar de la decisión judicial, la concejala recordó la autonomía que tiene el cuerpo deliberativo y recordó que cuando presentaron el proyecto lo hicieron basándose en el reglamento interno y en la Carta Orgánica Múnicipal que los rige. El principal argumento para la destitución es que Barraza estuvo ausente sin aviso por más de tres sesiones ordinarias, lo cuale es motivo para el pedido de apartamiento del cargo. 

La ausencia del concejal se debió a que estuvo detenido desde el 27 de febrero, luego de que la fiscala penal María Sofía Fuentes lo imputara por abuso sexual, por lo que también pidió su detención. Al día siguiente, el edil pidió licencia sin goce de sueldo, pero Hilario explicó entonces que no existe la figura de licencia en la Carta Orgánica. Además, aclaró que un concejal no puede ausentarse por más de 8 días sin haberlo informado antes. 

"Por más que estuviese detenido, tenía que presentar (las justificaciones de las ausencias) por escrito", agregó. La concejala reiteró que ese reglamento faculta al Concejo a excluirlo del cargo, "y nosotros nos amparamos en él". Después de ser destituido, Barraza presentó un pedido para que se lo restituya en el cargo con una reducción del 50 % de su dieta, pero sus pares lo negaron. 

El delito por el que se lo acusa fue en perjuicio de una adolescente de 17 años, quien denunció que el 26 de enero fue a una entrevista de trabajo en una colchonería de la ciudad de Pichanal que es de propiedad de Barraza. La joven se reunió con el edil y éste la invitó a pasar al fondo con la excusa de que conociera el local. Una vez allí, le manoseó los pechos y la joven huyó, dando aviso a sus padres, que luego hicieron la denuncia. 

El concejal fue electo en el cargo a través del partido Ahora Patria, del ex diputado nacional y empresario sojero de derecha Alfredo Olmedo. Y antes de ocupar una banca en el municipio, era pastor evangelista. Fue además quien impulsó el proyecto para que se declare a Orán como ciudad pro vida y pro familia y también fue uno de los funcionarios que solicitó cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).