El “Microfonazo” de las redes de medios populares de todo el país, cuya actividad central se realizó en la puerta del Ministerio de Comunicaciones y el Enacom, se replicó mediante una cadena nacional de medios comunitarios en todo el país a 500 días del decreto 267. El objetivo fue “mostrar la realidad invisibilizada” a partir del decreto, con el que el presidente Mauricio Macri derogó los artículos centrales de la Ley de Medios votada por el Congreso en 2009, y dar voz a todos los sectores de la comunicación afectados por la política del Gobierno de Cambiemos. “No se trata de un sector que no existe sino que tiene numerosas expresiones en todo el país y cumple la función de informar lo que ocultan los medios tradicionales y de llevar las voces de las comunidades y los trabajadores a la discusión pública”, afirmó la periodista Natalia Vinelli de Barricada TV a PáginaI12.

Las radios y televisoras populares tomaron como símbolo el decreto 267 — “que se suponía transitorio, pero ya lleva un año y medio”, subrayó Vinelli— para denunciar una política que “demora y no ofrece resoluciones de los problemas del sector de una manera completa”, indicó la comunicadora de Barricada TV.  Los convocantes denunciaron que mientras “funcionarios, medios de los grupos económicos y entidades que los agrupan se empeñan en instalar que la libertad de expresión 'ha vuelto’ a la Argentina”, existe otra realidad  “tapada por ese discurso”.

A pesar de que Cambiemos evitó tocar los artículos referidos a la comunicación comunitaria en aquel decreto 267 —que barrió con derechos, obligaciones y normativas internacionales por las que el Gobierno tuvo que responder ante la CIDH—, el sector comunitario lo siente como parte de una política “que nos deja en una situación de debilidad”, señaló Vinelli.

“Seguimos sin cobrar la totalidad de la deuda que tiene la Enacom por el pago de los fondos de fomentos de los concursos que ganaron en regla diversos medios. Se adeudan aún muchos pagos de Fomecas 2015, todavía no se conocen los ganadores de los Fomeca 2016, y aún no se lanzaron los de 2017”, denunció Laura Yanella, integrante de la Red Colmena, que nuclea a cooperativas de comunciación.  Mientras el organismo encabezado por Miguel de Godoy demora los pagos, los comunicadores populares también denuncian “una gestión administrativa en la que te corren por tres hojas que no están firmadas y eso dispara denuncias e intimaciones”.  

“El Enacom está enviando notificaciones con cuestionamientos a la presentación de los proyectos que en muchos casos son irrisorios y que llevan a pensar que lo que quieren hacer es dilatar el pago de los fondos correspondientes.  Nos preguntamos: ¿Qué está haciendo el Estado con ese dinero?”, apuntó Yanella en diálogo con PáginaI12.

A esta problemática se suman “las persecuciones y los decomisos a algunas radios a las que se las acusa de interferir comunicaciones o de no estar cumpliendo con la ley”, agregó la integrante de Barricada TV, señal que ganó por concurso un licencia de Televisión Digital que, un año y medio después, Enacom todavía no habilitó. Desde febrero, el Enacom decomisó tres radios, inició causas penales contra comunicadores —que tenía a la televisora Antena Negra como único antecedente alarmante— y sacó del aire a otras tantas emisoras a partir de la aplicación de un estricto protocolo de supuestos de interferencia de aeropuertos.

“Es una preocupación más que aparece cuando pensamos que esta historia de los decomisos contra las radios comunitarias era algo del pasado. Muchas de las radios comunitarias vivimos durante los años ‘80 y  ‘90 bajo la amenaza del decomiso y ahora el fantasma de la camioneta de la CNC vuelve a aparecer. No queremos volver al pasado, por eso militamos tanto por una ley de servicios de comunicación audiovisual que deje atrás un decreto de la dictadura”, advirtió Yanella, integrante de Radio En Tránsito, emisora del oeste del Conurbano que está por cumplir 30 años al aire.

“Peleamos fuerte porque exista una ley que regule la comunicación, queremos ser legales, pero el propio estado no nos permite acceder a las licencias y encima parece optar por la política de persecución”, insistió la periodista que integra también la Asociación de Revistas Independientes de Argentina (AReCIA), sector comunitario que lleva años reclamando una ley para el sector gráfico.  

El “Microfonazo”, que llegará a todo el país a través de la cadena nacional de medios populares, también abre su informe sobre libertad de expresión a otros sectores que están siendo afectados por las políticas del macrismo, como ocurre con los trabajadores de prensa despedidos recientemente de Radio Nacional, Paka-Paka y Encuentro, o políticas como “ la falta de regulación, los sucesivos decretos que fomentan un mapa mediático cada vez más concentrado y la distribución arbitraria de la pauta oficial”.