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"¿Dónde están?", volvieron a preguntarse este domingo los familiares de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero. "Ni con tanques ni metrallas, Ayotzi no se calla", gritaban por su parte cientos de estudiantes de escuelas normales que compartieron su dolor en movilizaciones en la ciudad de México y en otros puntos del país. A siete años de una de las mayores tragedias de derechos humanos en la historia mexicana, los restos de solo tres de los 43 jóvenes fueron identificados y el principal investigador del caso en el gobierno anterior, Tomás Zerón, continúa prófugo en Israel.
El presidente Andrés Manuel López Obrador le anunció días atrás a las familias de los estudiantes desaparecidos que se trabaja en dos nuevas búsquedas de restos. Además se sigue investigando a responsables del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que buscaron sacarse de encima el asunto a partir de un falso relato de los hechos construido a partir de torturas a testigos. Sin embargo, el hartazgo empieza a aflorar en las familias, golpeadas además por la reciente muerte por coronavirus de dos padres, Saúl Bruno y Bernardo Campos. "Si bien este gobierno se comprometió desde el principio a resolver el caso Ayotzinapa, esto no implica que haya habido muchos avances. Y es preocupante porque el sexenio (mandato presidencial) se nos va, y conforme va pasando el tiempo es más difícil llegar a la verdad", explica a Página/12 Manuel Vázquez Arellano, uno de los sobrevivientes de la tragedia.
Los restos que derrumbaron la verdad histórica
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, quienes los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula tirando los restos en un río cercano, el San Juan. Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
El gobierno de López Obrador derrumbó definitivamente esa versión al identificar los restos no calcinados de Christian Alfonso Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero de la Cruz en junio de este año, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero. De Rodríguez fue un fragmento del pie que pesaba apenas un gramo, de Guerrero una vértebra lumbar. Esas dos identificaciones se suman a la de Alexander Mora Venancio, cuyos restos fueron hallados en el río San Juan en 2014. "Estos pasos en la dirección correcta, que nosotros como organismo de derechos humanos podemos entender que van en la dirección correcta, pues desde la perspectiva de las familias que llevan siete años esperando que haya verdad, les sabe a muy poco", advierte a este diario Santiago Aguirre, director del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
La Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, dirigida por Alejandro Encinas, da por hecho que los estudiantes nunca estuvieron juntos en un mismo lugar y que en la desaparición participaron criminales y fuerzas de seguridad de todos los niveles, no solo policías municipales. Encinas sostiene que el fin del viaje de los estudiantes no era interrumpir un acto de la presidenta del sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Iguala, María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces alcalde José Luis Abarca, como se quiso presentar en un principio.
En realidad los jóvenes de entre 17 y 25 años buscaban colectivos para trasladarse a la Ciudad de México el dos de octubre. Ese día se conmemoraban 46 años de la masacre de Tlatelolco, donde militares y agentes parapoliciales reprimieron ferozmente una protesta estudiantil dejando un saldo de al menos 300 muertos. Para Aguirre queda claro que la verdad histórica "se postuló como narrativa de cierre del caso, más por una decisión política que con base de evidencia y más por una motivación de sofocar toda la indignación social que se había despertado en México".
Órdenes de captura y prófugos
Un año atrás, en el sexto aniversario de la tragedia, el presidente López Obrador anunció que por primera vez se emitían órdenes de captura contra militares por el caso y poco después fue detenido el capitán José Martínez Crespo. Pero si bien valoran los esfuerzos de la Comisión de la Verdad y del fiscal especializado, Omar Gómez, los familiares de los estudiantes desaparecidos entienden que la Fiscalía General se demora con las detenciones y el Ejército oculta información.
"Hay que cumplimentar las ordenes de aprehensión. Es bueno que haya el señalamiento hacia personas claves, pero también estamos viendo que muchas de esas personas clave han sido asesinadas en los últimos meses", comenta Vázquez Arellano. Las cifras son contundentes: de las 89 órdenes de captura por el caso Ayotzinapa, todavía siguen pendientes 40. Además, al menos 21 personas vinculadas al caso murieron o fueron asesinadas.
Las órdenes de detención incluyen, además de los posibles autores materiales, a funcionarios del gobierno anterior que diseñaron la verdad histórica. El viernes pasado, durante una reunión entre el gobierno y las familias, López Obrador anunció que le envió una carta al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para que acelere la entrega de Tomás Zerón, quien huyó a ese país con el que México no tiene tratado de extradición.
Director de la ya extinta Agencia de Investigación Criminal, Zerón está acusado de construir la verdad histórica a través de la fabricación de pruebas y la tortura de sospechosos y testigos. "Es fundamental investigar la tortura, sobre todo porque en México la tortura sigue con mucha recurrencia, siendo una práctica de investigación generalizada en las fiscalías del país que suele quedar impune", señala Aguirre al respecto.
Una historia recurrente
El caso Ayotzinapa es emblemático en un país que atraviesa una severa crisis con más de 90 mil personas desaparecidas desde 1964, la inmensa mayoría posteriores a 2007. "Sigue habiendo un número muy alto de desapariciones en estos últimos años, y no estamos viendo aun un esfuerzo serio del Estado en México para atender esta crisis", remarca Aguirre. Para el director del Centro Prodh, la gran mayoría de los desaparecidos se dieron "a partir de que se intensificó la guerra contra el narcotráfico y México se sumió en la crisis de violencia en la que estamos".
Manuel Vázquez Arellano, uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa, se hizo llamar Omar García durante mucho tiempo para proteger su identidad ante las amenazas que venía recibiendo a partir de la noche del 26 de septiembre. Meses atrás, Vázquez Arellano fue electo diputado federal por el oficialista Morena. Por eso su análisis de lo que puede acontecer en el caso no excluye a la esfera política: "Si vuelven al poder los 'priistas' o 'panistas' (partidos opositores) el caso se cierra. Si continúa el gobierno de la cuarta transformación habrá que ver cómo continúa la investigación, si en los mismos términos en que está ahora o con más fuerza como merecen las familias".
