La Fiscalía de Chile abrió una investigación por el violento ataque a un grupo de inmigrantes venezolanos, cuyas precarias pertenencias fueron quemadas en la ciudad de Iquique. El sábado, una manifestación congregó a unas tres mil personas que, con banderas chilenas y al grito de "¡Fuera ilegales!" protestaron en contra en la creciente llegada de migrantes a la ciudad del norte del país. Pese a los pedidos de soluciones a la problemática migratoria de 24 organizaciones chilenas y otras internacionales como Unicef, el ministerio del Interior Rodrigo Delgado aseguró que continuará con "el plan de expulsiones". El gobierno venezolano expresó su repudio a "la xenofobia y las agresiones" a los migrantes en Chile.
La fiscal Jócelyn Pacheco de la ciudad de Iquique instruyó a la Policía de Investigaciones que investigue los hechos ocurridos "que terminaron con la quema de pertenencias de familias migrantes", tuiteó este domingo la Fiscalía de la región de Tarapacá. Pacheco también "dispuso medidas de protección para las víctimas", unos 16 migrantes, entre ellos niños y ancianos, que tuvieron que huir con lo poco que lograron rescatar y dormir en calles y playas de Iquique.
"Ayer me sentí muy asustada, con tanta xenofobia, los niños lloraban y me decían 'mamá vamos a escondernos, a escondernos'. Nos gritaron algunos de los manifestantes mandándonos a nuestro país, pero la policía trancó las calles para protegernos", contaba a la prensa Jenny, una mujer de 34 años, rodeada de sus cinco hijos, un nieto, un yerno y su consuegra. La familia está juntando dinero para viajar a Santiago, casi dos mil kilómetros al sur de Iquique.
La violenta protesta ocurrió luego de que, el viernes, la policía desalojara una plaza donde acampaban familias de inmigrantes con niños, en medio de la creciente crisis migratoria en la zona. Miles de venezolanos indocumentados cruzan la frontera entre Bolivia y Chile por pasos no habilitados en el inhóspito Altiplano, poniendo en riesgo sus vidas. Unos 11 inmigrantes han muerto en esta ruta en el último año.
Condena a la violencia
Los lamentables hechos del fin de semana recibieron la condena del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González, quien calificó el incidente como una "inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables".
Por su parte, Unicef manifestó "su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique" y le exigió al Estado chileno "garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país".
Además, 24 organizaciones de ayuda a inmigrantes y de derechos humanos repudiaron los ataques y pidieron al gobierno de Sebastián Piñera soluciones a la problemática migratoria. Entre esas soluciones destacaron el acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas y el inicio de procesos de regularización para los extranjeros. "Actos como estos atentan contra la construcción de una sociedad humana, acogedora e inclusiva", declararon las organizaciones en un comunicado.
El gobierno de Nicolás Maduro también condenó este domingo la "xenofobia y agresiones contra inmigrantes venezolanos" en la ciudad de Iquique. "Venezuela exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respeto a la integridad física y psicológica de nuestros connacionales", dijo en Twitter la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Al respecto, Rodríguez informó que el presidente Maduro ordenó la activación del plan llamado "Vuelta a la Patria", que busca facilitar el retorno de migrantes que padecen xenofobia en los países receptores.
Falta "una política humanitaria"
Algunas de las personas que participaron de la caótica manifestación del fin de semana se acercaron luego a los venezolanos agredidos para pedirles disculpas y ayudarlos con dinero, ropa, comida y carpas. "Dijeron que nunca buscaron atacarnos", sostuvo Daniel, un venezolano de 25 años, acompañado de otros inmigrantes. "Han venido a decirnos que ellos apoyaron la marcha para que el gobierno chileno nos encuentre refugio o nos ayude para no dormir en las calles", aseguró otro.
El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, manifestó su desacuerdo con la violenta protesta. Sin embargo, Delgado destacó que va a "seguir con los desalojos en todos los espacios públicos que se requieran" y también "con el plan de expulsiones" de personas indocumentadas que lleva a cabo el gobierno chileno. "Tenemos que seguir dando señales de orden", agregó el ministro.
Al respecto Claudio González, secretario ejecutivo de la Fundación Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), manifestó: "Este maltrato a los inmigrantes ocurre ante la falta de una política humanitaria por parte del gobierno que ha preferido las expulsiones y detenciones. Esta xenofobia ha sido alentada porque enfrentamos la situación con una mirada económica y no humanitaria".
Los inmigrantes intentan llegar en su mayoría a Santiago. Pero los más pobres carecen de recursos para costearse un viaje hasta la capital chilena y han tenido que quedarse en Iquique u otras ciudades del norte del país, acampando en las calles en condiciones inhóspitas. Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos suman 23.673 hasta julio, casi siete mil más que en todo el año pasado, según el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) del mes de septiembre.
