La persecución de opositores durante el macrismo produce durísimas polémicas y reformas en todos los organismos que fueron instrumentos del hostigamiento: uno de los principales, la Agencia Federal de Ingreso Públicos (AFIP). El diario La Nación salió este lunes a defender incluso que bajo el gobierno de Mauricio Macri se hayan armado grupos de tareas --el mismo nombre que usaban las patotas que secuestraban durante la dictadura militar- para investigar a un puñado de contribuyentes a quienes se adjudicaban vínculos con Cristina Fernández de Kirchner. 

Se intenta convalidar también que la AFIP haya contratado, por millones de pesos, a abogados que no eran del organismo para impulsar causas específicas contra esos contribuyentes o que se accediera de forma irregular al sistema informático del ente recaudador, violando el secreto fiscal. Mercedes Marcó del Pont, en diálogo con PáginaI12 señaló que “las irregularidades detectadas a partir de las auditorías realizadas evidencian las maniobras de persecución y hostigamiento contra la vicepresidenta Cristina Fernández y su familia. Por eso, hoy son parte de una investigación judicial”. Es que, en base a las auditorías internas, la AFIP denunció a las anteriores autoridades.

"El diario La Nación hace una intervención política en su tapa"

El argumento de la oposición política y mediática consiste en esconder lo hecho de 2016 a 2019 señalando que lo que se está haciendo en la actualidad es favorecer a empresarios y a exfuncionarios de Cristina. Por ejemplo, sostienen que se benefició a los dueños del Grupo Indalo y Oil Combustibles permitiéndoles entrar a una moratoria y, de esa manera, regularizar los pagos. “Lo que hace hoy el diario La Nación en su portada es una intervención política en defensa de la gestión del macrismo. Para ellos, la implementación de una ley como la moratoria, que fue votada por el Congreso y benefició a más de 600 mil empresas son `maniobras para beneficiar a determinados empresarios’".

Uno de los puntos centrales de la polémica es que la AFIP desistió de acusar o de presentar apelaciones en las causas judiciales armadas por el macrismo y que se están cayendo a pedazos ni bien los tribunales orales concretan la realización de pericias que debieron hacerse durante la instrucción. 

En esos expedientes funcionó la alianza política-mediática: los legisladores alineados con Cambiemos y los funcionarios de la AFIP le pasaban informes a periodistas y éstos publicaban los datos como si fueran información propia. Luego, esos mismos legisladores realizaban la denuncia y el resto de la tarea la hacía el aparato judicial del macrismo con sede operativa en Comodoro Py y con la bendición de la Corte Suprema.

Cuando se investiga, se caen las causas

Ese esquema funconó aceitadamente hasta que se llevaron a cabo los procedimientos más elementales. Una pericia destrozó la causa dólar-futuro; otra pericia terminó con el expediente por el Plan Qunita; otro estudio demolió la acusación por los gastos portuarios en la compra de Gas Natural Licuado y así sucedió también con el caso de Oil Combustibles. 

Los especialistas de la Corte Suprema determinaron que la empresa se había acogido a planes que beneficiaron a miles de contribuyentes, que el impuesto a la transferencia de combustibles nunca fue excluido de esos planes o moratorias y que, al momento de la denuncia de la AFIP, no había deuda exigible de Oil Combustibles, que además había pagado ya 7.000 millones de pesos. Eso dejó sin sustento la figura utilizada para acusar: fraude en perjuicio del estado. Pero lo que llevó a la AFIP a desistir de la acusación fue el resultado de las auditorías internas que demostraron los métodos de persecución, incluyendo la participación de funcionarios que no tenían jurisdicción ni estaban habilitados para presentar escritos en la justicia.

Dentro del organismo hasta se produjo un verdadero escándalo. Porque para otorgar planes de pago la decisión no la toma a solas el titular de la AFIP --en aquel momento Ricardo Echegaray--, sino que requiere de una cantidad de firmas de los directores y funcionarios del ente recaudador. El macrismo imputó a todos ellos, que fueron procesados y embargados. Tras la pericia, la AFIP también desistió de acusar a su personal por aquellos planes que, según los profesionales de la Corte Suprema, no significaron ninguna irregularidad. 

La persecusión del macrismo

Otro de los cuestionamientos es por los ascensos y desplazamientos de funcionarios dentro de la AFIP. Del Pont respondió: “desde que comenzó nuestra gestión debimos desandar no solo el desastre económico del macrismo con herramientas como la ley de moratoria sino que también debimos revisar, reparar y sacar a luz las severas irregularidades cometidas por las máximas autoridades del organismo con el objetivo de perseguir y hostigar”.

Un elemento no menor es que, durante el macrismo, la AFIP no sólo persiguió opositores, sino que fue un instrumento clave para quitarle las empresas y encarcelar a quienes no estaban del lado de Cambiemos. Al mismo tiempo, la misma AFIP cerró los ojos ante hechos groseros como la aparición de la familia Macri en los Panamá Papers, el blanqueo de 35 millones de dólares de Gianfranco Macri y la existencia de sociedades misteriosas, algunas incluso en Luxemburgo, desde las cuales la familia del expresidente manejó, por ejemplo, el negocio de los parques eólicos o el de los peajes.