El juicio contra César Arakaki y Daniel Ruiz, dos de los miles que se manifestaron el 18 de diciembre de 2017 contra la reforma previsional, está entrando en su recta final. A finales de noviembre de 2019, había comenzado el proceso contra cinco de los manifestantes que aquella jornada participaron del repudio masivo a la reforma jubilatoria que impulsaba el gobierno macrista, que comenzó con represión cerca del Congreso y afectó incluso a legisladores, siguió con una lluvia de piedras durante varias horas contra las fuerzas policiales y la posterior cacería de los uniformados que dejó graves heridos y varias personas que perdieron un ojo. "Fue todo una farsa, desde el momento de la primera audiencia se planteó un escenario en el cual supuestamente al calor del juicio se iba a ratificar la decisión del juez Sergio Torres de haberme detenido 13 meses y que se iba a saber la verdad, pero en lugar de comprobarse las imputaciones quedó demostrado que fue una arbitrariedad mi detención en un penal de máxima seguridad y la desigualdad en cuanto a la cantidad de testigos: hubo 114 de los cuales sólo dos fueron para mi defensa", dijo Ruiz a Página/12.

Arakaki, militante del Partido Obrero, y Ruiz, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado, enfrentan cargos por intimidación pública y atentado agravado a la autoridad por su participación en la movilización del 18 de diciembre del 2017. El juicio es llevado adelante por el Tribunal Oral (Unipersonal) 3, a cargo del juez Javier Feliciano Ríos, y está llegando a su fin con los testimonios de Myriam Bregman y Gabriel Solano, en la última audiencia de recepción de la prueba. "La imputación del Ministerio Público Fiscal es una expresión más de la política de criminalización de la protesta social y en particular de esta movilización que se opuso a la reforma previsional y a la vez frenó objetivamente la intención del gobierno macrista de avanzar con el tratamiento de una reforma laboral que atentaba contra los derechos adquiridos de los trabajadores", expresó la abogada de Arakaki, Claudia Ferrero, a este diario. "El pedido de condena de concretarse en el alegato fiscal, expresará el reclamo de la burguesía, de criminalizar la capacidad de reacción de las masas contra el avasallamiento de sus derechos", agregó. 

Consultada sobre la posibilidad de que su defendido sea condenado, Ferrero respondió: "Siempre existe la posibilidad de condena cuando hay una imputación con penas de 4 meses a 6 años. Arakaki también está imputado de lesión en agresión, que por medio de la exposición de videos y de la declaración de la víctima Brian Escobar, creemos que ha quedado claro que ha sido ajeno a la producción de esas lesiones. El oficial Escobar se retiró de su carácter de querellante, lo cual no quita que el fiscal en su alegato pida condena por este delito". En relación a la supuesta intimidación publica, la letrada manifestó que "si bien la Cámara de Apelación Penal en el momento de revisar el procesamiento de Arakaki lo desestimó, la fiscalía requirió por el mismo".

La abogada de Arakaki agregó que el delito de atentado a la autoridad agravado por la participación de dos o más personas es con el cual "se condenan los actos de defensa de quienes ejercen el genuino derecho a movilizarse y resisten el avance policial" que tiene como objetivo despejar la zona y terminar la movilización. "Estas imputaciones y estos tipos penales son comunes contra los ciudadanos en el marco de una movilización social reprimida por el Estado. La condena o absolución tienen sus fundamentos más en consideraciones de política criminal que de aplicación del código penal, por lo tanto recordemos que el fiscal de la Cámara de Apelaciones Germán Moldes llamó a todos los que se movilizaron aquel 18 de diciembre como 'bestias sociales'", apuntó.

Espiado en la cárcel

La mayoría de los testigos de este juicio fueron policías y miembros de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que plantearon un escenario en el cual nombraban supuestos grupos armados para hacer desmanes, "pero ninguno se correspondía con los que estábamos imputados ahí ni tampoco pudieron reconocernos, entonces hablaron de supuestos encapuchados vestidos de negro, sin embargo tampoco estamos en los videos que presentaron". Ruiz dice que el proceso fue una pérdida de tiempo, "con audiencias semanales de dos horas para estirarlo y esperar un nuevo momento político, porque independientemente de los gobiernos la justicia tenía un rol claro, que es judicializar la protesta social y buscar un culpable como sea. Entonces la situación de Sebastián Romero, Dimas Ponce, César Arakaki y la mía es un castigo al pueblo que se movilizó e hizo tambalear al gobierno de Cambiemos en su momento, el juez Torres y el Tribunal Oral 3 siguieron las órdenes de Bullrich y de Macri". A Dimas Ponce, militante del PO, y a Mariano Stansiola, de la UOM La Matanza, el juez Feliciano Ríos les concedió la probation. En tanto el quinto acusado, Sebastián Romero, será juzgado aparte porque estuvo prófugo hasta julio de 2020.

Ruiz reveló que fue víctima de inteligencia ilegal durante el año y un mes que estuvo preso en la cárcel de Marcos Paz. "En estos meses hubo otra causa en Lomas de Zamora donde se comprobó que miembros de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal siguieron mis llamadas y monitorearon todas mis visitas (entre ellas la de Página/12), mi familia y los organismos de derechos humanos. Hicieron seguimiento ilegal de mi persona cuando estaba preso, hay imputados ahí que están libres, pero a mí me metieron preso sin pruebas, esas son las dos justicias de este país", dijo. "Este código penal de los ricos seguramente nos van a condenar, si sucede eso plantearemos la nulidad y el pedido de absolución, la libertad de Sebastián Romero, y para eso estamos organizando una jornada de protesta con un acto frente a Tribunales para el 18 de octubre. Ese día, en los alegatos finales voy a defender el derecho genuino a manifestarnos, defendernos de la represión, pelear por lo nuestro e intentar cambiar las cosas con la movilización, la huelga y el piquete", agregó el militante del PSTU.