El 23 de septiembre detuvieron al expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, a las puertas del avión, al aterrizar en el aeropuerto en Cerdeña, Italia. Desde el 30 de junio, los tres eurodiputados catalanes están sin inmunidad parlamentaria (Puigdemont, Comín y Ponsatí) como decidió el Parlamento Europeo. Pero el juez comunitario considera que ninguno de los tres eurodiputados, que permanecen solicitados por la justicia española, corre el peligro de ser detenido y entregado a las autoridades españolas porque las órdenes europeas de detención y entrega cursadas por el Tribunal Supremo español están de momento suspendidas, a la espera de que el tribunal europeo resuelva el conflicto entre la justicia española y la belga.

A Puigdemont lo retienen en Italia debido a una coordinación policial (italiana y española) y un deseo de encarcelarlo dentro de la campaña de juzgar a los independentistas. Lo liberan el 24 de septiembre por la tarde. Lo que se viene repitiendo es: detención, euforia desbocada en Madrid, revés judicial europeo y derrota política en Cataluña. Estos reveses judiciales les pasaron en Bélgica el 3 de noviembre de 2017; en Alemania el 25 de marzo, luego de la sentencia del 1 de octubre (que encarcelaron a los políticos catalanes en España por poner urnas); en el 2019 el juez Pablo Llarena envió una euroorden europea e internacional por tercera vez y ahora nuevamente en Italia. Todas las veces el juez Llarena envió las euroórdenes, luego las retiró o quedaron en nada.

Hasta ahora, el Estado español no perdió tiempo en hacer un juicio a los independentistas sin pruebas claras, así y todo, llevarlos a la prisión. Hoy siguen existiendo unas 3.000 causas contra ciudadanos catalanes por el 1 de octubre y las manifestaciones que siguieron en esos días. Junto a ello, hay 40 implicados en un procedimiento del Tribunal de Cuentas (órgano viciado de claridad legal y con cargos hereditarios) que busca recuperar dinero público supuestamente malversado por la Generalitat en la promoción internacional del procés entre 2011 y 2017; pero en realidad lo único que busca es seguir escarmentando a los políticos catalanes llevándolos a la ruina económica.

Muy naif sería pensar que la justicia española haga tanto el ridículo. Claramente podemos pensar en otro objetivo. No olvidemos que el dictador murió en su cama, y que muchos de los organismos del Estado nunca fueron depurados. Aquí podemos pensar dos temas que se juntan para entender el porqué de estos intentos sin sentido de las euroórdenes. Claramente, el primero es contra los independentistas, y el otro es Pedro Sánchez.

No por nada, la ministra Carmen Calvo y vicejefa de gobierno afirmó: “que esta situación no afecte a la aprobación de los presupuestos que tanto necesitan los españoles”. Sin el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, partido que gobierna en coalición en Cataluña), es probable que no se aprueben y que sea una presión para adelantar las elecciones generales en España. Cobrándose así, lo realizado por Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en 2018 --el presidente conservador cayó por la moción de censura impulsada por el PSOE-. Por otro lado, a ERC se le dificulta apoyar a un gobierno central que propone diálogo y quiere poner preso a Puigdemont, no frena los otros juicios y no dialoga de “amnistía y autodeterminación”.

Esta acción fue para demostrar a Pedro Sánchez que hay estructuras del Estado (como la judicial y policial) que no responden directamente a sus órdenes, y no tiene que ver con la división de poderes. Que generar más tensión en Cataluña está en función de que se saque el apoyo al gobierno socialista, y obligar al PSOE a girar a la derecha en cuestión de derechos fundamentales.

Josep Puig Bóo es Presidente Mutual Catalana