La causa por el cobro o registro indebido del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que llegó a tener a 50 funcionarios imputados, de a poco va llegando a su fin. Los primeros días de este mes 30 concejales y tres funcionarios públicos de Campo Quijano, accedieron a realizar trabajos voluntarios y a hacer donaciones a organizaciones públicas por un monto que supera el millón de pesos. Y ayer se supo que otros ocho fueron sobreseídos ya que estaban en una lista de los que si bien intentaron inscribirse, habían sido rechazados por el sistema.

Entre los que por ahora quedaron libres de culpa y cargo está el electo intendente de la localidad de Aguaray, Guillermo Alemán, quien figuraba como uno de los que intentó inscribirse en ese beneficio que Nación otorgó a los más necesitados durante la restricción de circulación establecida por la pandemia. Y se sumaron Raúl Arroyo, María Valdiviezo y Claudia Subelza, de Salvador Mazza; Guillermo Gutiérrez, de Las Lajitas; Maribel López, de Santa Victoria Este; Hugo Luna Castro, de Cachi, y Carlos Sánchez, de El Potrero. Con esto, estarían quedando solo nueve imputados a la espera de una resolución.

La Sala 1 de la Cámara de Revisión Federal de Salta, Integrada por los jueces Ernesto Solá Espeche, Santiago French y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, decidió revocar de manera unánime el fallo de la Sala 2, compuesta por Guillermo Elías, Alejandro Castellanos y Mariana Catalano, quienes en una primera instancia habían rechazado el pedido de sobreseimiento realizada por las defensas de los imputados por entender que se debía someter a proceso penal a Alemán y los otros 7 concejales.

Los magistrados en esta instancia de revisión consideraron que este grupo solo incluía los casos de tentativa de defraudación al Estado Nacional, es decir, que no habían llegado a cobrar ninguno de los IFE pero figuraban como rechazados por el sistema de la ANSES. Por ello entendieron que la simple solicitud no podía ser comprendida como una acción penal “sino que serían actos preparatorios no punibles”, explicó a Salta/12 el fiscal de la causa, Ricardo Toranzos.

A su vez, los jueces de revisión resaltaron que la víctima, o sea, el Estado Nacional, no denunció los hechos, “lo que les hace presumir que no le dieron entidad”, añadió Toranzos. El fiscal subrayó que de esa manera descartaron su posición en cuanto a que los funcionarios públicos deben tener un mayor cuidado y compromiso en no perjudicar el erario público, “ya que entienden que la víctima pudo realizar los controles respectivos”.

Aunque aclaró que esa decisión de la Sala 1 “no implica que las conductas de los concejales sea ética o moral, máxime que los causantes habían reconocido que la hicieron”. Y detalló que su fiscalía hizo reserva de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una vez que tenga los fundamentos finales del jurado, por escrito.

Quien en diciembre asumirá como jefe comunal de Aguaray, reemplazando al depuesto Enrique Prado, tras haber ganado en las elecciones provinciales de agosto, y que hasta ese momento se desempeñará como presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Alemán, aceptó en todo momento que había llenado los requisitos solicitados por la ANSES para acceder al IFE, pero bajo el argumento de que era un instructivo para los vecinos de su localidad y que compartió en redes sociales.

El concejal dijo a Salta/12 que nunca estuvo en sus planes solicitar el beneficio con fines de percibirlo, ya que sabía que su solicitud sería rechazada por el sistema. Y recordó, como lo hizo en la Justicia, que siempre realizó tareas de asesoría previsional “para que los vecinos puedan solicitar beneficios sociales, como las jubilaciones de ama de casa, las asignaciones y pensiones”. Y que al momento de lanzarse los IFE, realizó un video instructivo para enseñarle a las personas cómo debían cargar sus datos en la página de la ANSES desde sus casas “y respetando el aislamiento obligatorio”.

Alemán relató que para hacerlo debió ingresar sus propios datos, “para enseñar paso a paso" cómo se llenaba la solicitud, y que gracias a ese instructivo “que fue de público conocimiento” 1500 vecinos de Aguaray recibieron ese beneficio.

Asimismo, recordó que el juez de la causa, Julio Bavio, ya había aceptado en primera instancia sobreseerlo, pero que el fiscal había rechazado su decisión y los jueces de Revisión de la Sala 2 le habían hecho lugar a ese rechazo. Por eso la Sala 1 fue la que tuvo que resolver ante la insistencia del defensor de Alemán.

La concejala de Salvador Mazza María Valdiviezo también sostuvo su inocencia en todo momento, negando haber sido quien intentó inscribirse. “Yo pedí que se investigue profundamente todo lo sucedido, porque quería saber de dónde salió que yo me había inscripto”, y a diferencia de Alemán, aseguró que en ningún momento lo utilizó como instructivo para otras personas “porque yo nunca hago gestiones por internet, para mí la informática no existe, no la entiendo y me cuesta”.

“Me enteré por las noticias que figuraba en esa lista de investigados, pero no tengo idea de dónde salió, alguien debe haberlo hecho, pero nunca fui yo”, insistió, y añadió que hasta que no tenga el veredicto final de la Corte Suprema, seguirá “con la angustia de lo que sucedió”, y que en parte por el estigma que debió sufrir en este último tiempo, decidió alejarse de la política.