La Cámara de Diputados de Salta aprobó de manera unánime un proyecto de declaración solicitando al gobierno nacional la “normalización” de la sede del PAMI en Salta, debido a las múltiples quejas que hicieron llegar asociaciones de jubilados a los legisladores y a partir de noticias al respecto que trascendieron en los medios.
La sesión de ayer fue la primera de carácter ordinaria del año que se hizo de manera presencial y la segunda del 2021, ya que en febrero se convocó a una extraordinaria para habilitar la reforma constitucional, la que se aprobó con los legisladores ocupando sus bancas en el recinto.
El proyecto de declaración es de autoría de Javier Diez Villa y su tratamiento fue habilitado sobre tablas. El diputado calificó de “deficiente” el servicio del PAMI, que conlleva a “innumerables críticas a quienes están a cargo de las distintas delegaciones en la provincia”.
Como antecedente citó lo que sucedió en la ANSES, en donde las autoridades salteñas fueron desplazadas por el gobierno nacional, por los reiterados reclamos que había acerca de la mala atención en las oficinas y la falta de resolución de los trámites que se gestionan en ese organismo. “Eso mismo es lo que pretendemos que pase con la obra social”, expresó Diez Villa, que además indicó que "el Senado ya avanzó con un proyecto similar".
Al momento de reseñar algunos de los problemas del PAMI indicó que se dejaron vencer miles de vacunas contra la gripe, se contrataron 100 empleados, de los cuales ninguno es médico y recordó que tres delegados del interior debieron dejar los cargos por haber cobrado indebidamente el IFE.
En tanto, el oranense Baltasar Lara Gros se quejó de que por esa situación en Orán hace 6 meses que no hay un encargado, pero dijo estar más preocupado en que “solo hay una farmacia en mi ciudad que vende con el Pami, y se arman largas colas porque van jubilados de todo el departamento”.
Distinto fue el planteo de Claudio Del Plá, ya que considera que el problema de la obra social no son los nombres sino la modalidad y las coberturas que presta, lo que ejemplificó en la modalidad de reintegros de pagos que utiliza, “pero los jubilados no tienen un mango para pagar primero por la prestación, además que después le devuelven solo un porcentaje menor”. Por eso el legislador del Partido Obrero pidió una discusión a fondo.
Otro de los pedidos de legisladores del oficialismo provincial, es que vayan a la Legislatura los diputados nacionales salteños para informar acerca de eventuales gestiones que hacen o pueden hacer para normalizar el PAMI.
Del bloque referenciado con el Gobierno Nacional, tomó la palabra la diputada del Frente de Todos, Jorgelina Juárez, quien señaló que “hay que decir cuando las cosas no están bien, en Orán ya se hicieron tres marchas de jubilados”.
Y después explicó que "más allá de pertenecer al mismo frente, el compromiso es con la gente y necesitamos que se resuelva el problema” y cerró afirmando que los diputados nacionales están al tanto y gestionan para resolver.
Suspenden desalojos rurales
Por quinta vez desde que se sancionó la ley 7658 hace diez años, la Cámara de Diputados extendió por dos años el alcance de su artículo noveno, que suspende la ejecución de sentencias cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios.
Este artículo que fue pensado como transitorio para permitir la implementación de la Ley, se terminó convirtiendo en un constante parche legal, ya que aún no se cumplió con lo establecido en la normativa para darle una solución definitiva a los pequeños poseedores rurales.
El autor del proyecto, Ramón Villa, explicó que la ley fue aprobada para que tenga un efecto análogo al de la normativa que se aplica con las comunidades originarias. De esta manera se busca que se les reconozca la propiedad de las tierras que ocupan las familias criollas desde hace varios años, pero que nunca iniciaron trámite alguno para validar esa situación en la Justicia.
Por eso la ley, entre otros puntos, prevé un relevamiento que nunca se realizó, y asesoramiento legal a los pequeños productores para evitar que los saquen del lugar.
Villa subrayó que esta situación fue un efecto colateral del auge de la soja, ya que hasta ese momento “se compraban miles de hectáreas sin conocerlas, y sin saber que adentro de lo que compraban había comunidades originarias o familias de criollos. Durante años estas tierras eran marginales y la situación se sostuvo, pero cuando comenzó la necesidad de ampliar tierras productivas para cultivar granos, empezaron los desalojos”.
Santiago Godoy sumó al relato al indicar que “con esta ampliación lo que hace la Cámara es demostrar que está atenta para evitar que se venza la suspensión, porque ya quedó demostrado que la Justicia siempre falla inmediatamente a favor del titular registral”.
Durante el debate en el recinto fueron varios los diputados que pidieron por una solución definitiva a lo que plantea la ley para no tener que recurrir a estas medidas provisorias.
Por eso Javier Diez Villa advirtió que se incluyó en esta nueva extensión de la suspensión la posibilidad de que el Ejecutivo disponga de las partidas presupuestarias necesarias para avanzar con lo previsto en la Ley, como puede ser el relevamiento para tener el número exacto de poseedores que hay en la provincia.
Renuncia y cargo en el Ejecutivo
Ayer fue la última sesión de Diez Villa, quien presentó su renuncia para asumir un cargo dentro del gabinete provincial, aunque no dijo cual.
Al diputado oficialista le quedaba poco más de un mes de mandato, ya que en las últimas elecciones no se presentó para renovar la banca.
Uno de los cargos posibles es el de secretario General de la Gobernación, que supo ocupar hasta mediados de agosto Matías Posadas, y para el que ya había sonado Diez Villa como sucesor. Sin embargo, desde que este último se fue, ese lugar permanece vacante.
Al momento de tratarse la renuncia del diputado fue despedido por sus pares con palabras afectuosas y le pidieron “que no les deje de atender el teléfono”.
Solamente Mónica Juárez tomó la palabra para recordar un incidente que tuvo con el ahora ex legislador “que me hizo pasar uno de los peores momentos desde que estoy en esta Cámara”, por lo que le exigió que se disculpe antes de irse, lo que por lo menos públicamente no sucedió.
La pelea entre ambos se remonta a hace dos años cuando la diputada solicitaba presidir la comisión de minería, cargo que finalmente no le fue otorgado y derivó en que Juárez se fuese del Bloque Salta Tiene Futuro, que presidía hasta ayer Diez Villa, y armase uno nuevo.
La reemplazante que completará el mandato hasta el 24 de noviembre será Carolina Ragone, quien acompañaba a Diez Villa en la lista por la que fue electo en el 2017.