"Es la oportunidad que tienen las familias de clase media para hacer un aporte concreto a la igualdad en Argentina. Registrar a su trabajadora para reducir la desigualdad de género y la pobreza es un ejercicio distributivo que se va a poder realizar a partir del primero de octubre", se entusiasma Lucía Cirmi Obón, directora nacional de Políticas de Cuidado, cuando se refiere al programa Registradas que diseñó el Ministerio de Mujeres junto con el de Trabajo con el objetivo de promover el acceso de las trabajadoras de casas particulares al empleo formal, asegurar su permanencia e incentivar su bancarización.

En diálogo con PáginaI12, una de las mayores responsables del programa explica cuál fue el contexto que las llevó a diseñar esta medida, qué objetivos pretende cumplir y responde a las críticas que surgieron de varios sectores sociales acerca de que el programa es "un subsidio a la clase media".  

-  ¿Qué escenario llevó a que diseñen y anuncien esta medida?

- Este programa surge de un diagnóstico incluso previo a la pandemia. Desde el momento en que conformamos la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado hace ya un año identificamos que el sector de casas particulares venía con un estancamiento en los números de formalización a partir del 2014. Con la pandemia este hecho se agravó y por eso diseñamos esta política que venimos trabajando desde hace tiempo. 

Al mirar qué pasó con la evolución de la formalización en Argentina de las trabajadoras de casas particulares se identifican dos momentos muy importantes: uno cuando se incluyó la deducción de la remuneración de las trabajadoras en el pago del impuesto a las ganancias de los empleadores en 2005 y después durante el 2013 cuando se sancionó la Ley de Contrato de Trabajo para el personal de Casas Particulares, que instaló una discusión social sobre el tema aclarando los derechos de las trabajadoras y por lo tanto jerarquizando al sector.

- ¿Cuánto impactaron estas medidas que nombrás en los índices de informalidad del sector?

- Esas medidas hicieron que bajaran 10 puntos de informalidad en el sector, de 85 a 75 por ciento. Luego, durante el macrismo, esta tendencia paró y la formalización se estancó. Es que se eliminaron los indicadores técnicos de AFIP que permitían hacer presunciones, es decir deducir por determinados parámetros que un o una contribuyente tiene una trabajadora de casa particular no registrada e instarlo a registrarla. El macrismo cortó esta herramienta. 

- ¿Cuán afectadas se vieron las empleadas de casas particulares durante la pandemia?

- Totalmente afectadas, por varios canales. A muchas trabajadoras se las consideró como despedidas por no asistir al trabajo y por lo tanto no se les pagó el salario, a muchas otras se asumió que porque cobraban el IFE no tenían que pagarles. Muchas otras estaban formalizadas pero se las dieron de baja porque no la podían mantener, ya que muchas familias aún de clase media se vieron afectadas también por la crisis. Y también se vulneraron muchos derechos humanos, como es el caso de las trabajadoras cama adentro a las que no las dejaban salir, y algunas imágenes públicas de ese estilo. 

Todo eso hizo que de las 1.300.000 trabajadoras de casas particulares en Argentina, 300.000 perdieran su trabajo. Esa pérdida fue mayormente sobre quienes no estaban registradas. Es decir que incluso dentro del sector la crisis impactó de manera más fuerte a quienes no estaban registradas. 

- Se escucharon críticas al programa aludiendo a que es un "subsidio a la clase media". ¿Tiene algo de eso?

- La realidad es que el 65 por ciento de las trabajadoras de casas particulares, que trabajan o perdieron su empleo durante la pandemia, se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esta es principalmente una política antipobreza, que después tiene un efecto positivo en las familias empleadoras es verdad, pero nuestro objetivo es con ellas y para llegar a ellas necesitamos pasar por los y las empleadoras porque la informalidad es altísima.

Con respecto a las críticas, este programa es antipatriarcal. El Estado argentino destinó muchísima plata en ATP y Repro para proteger sectores mayormente masculinizados y nadie cuestionó que se haya apoyado también a las empresas para lograr llegar a los trabajadores. Entonces la pregunta es: ¿Por qué no hacer lo mismo con este sector que emplea a 1 de cada 5 mujeres? Para poder avanzar en la formalización sí o sí teníamos que involucrar a las dos partes. 

Además, por la propia forma de trabajo hay siempre una situación de poder asimétrica, porque una trabajadora particular está dentro del domicilio de su empleador entonces es muy difícil negociar, la trabajadora está sola sin ver a sus compañeras de trabajo. Entonces que el Estado esté en el medio interviniendo me parece que puede hacer la diferencia. 

- Registradas obliga al empleador a abrirle una cuenta sueldo a la empleada doméstica. ¿En qué clave lo pensaron a este punto del programa?

- Durante la pandemia se notó lo importante es tener esta cuenta bancaria para que, por más que no veas a tu empleador, puedas cobrar igual. Tener una cuenta bancaria implica mayor estabilidad y menor riesgo de quedarte sin ingresos. Por eso Registradas apunta a la bancarización.

Según la normativa de trabajo de casas particulares no era obligatorio tener una cuenta bancaria, pero en los trabajos formales te abren una cuenta sueldo para cobrar. Por eso en el decreto modificamos la normativa para que no sólo las que participen en el programa, sino que todas las trabajadoras de casas particulares tengan una cuenta sueldo. En el plazo de un año los empleadores deben abrírsela. Estando bancarizadas  podrán acceder a créditos pero también a programas como el Ahora 12 que hasta ahora accede sobre todo a clase media. 

- ¿A cuántas trabajadoras calculan que alcanzará el programa?

- Hay 375.000 trabajadoras informales que cumplen con los requisitos para ingresar en el programa, es decir trabajar más de 12 horas en el mismo hogar. Ahora, cuántas se registren dependerá de los empleadores. Hoy en día se dan de alta en AFIP 3.000 trabajadoras por mes y esperamos que por lo menos se triplique o cuadriplique este número. Esperamos tener entre 15 y 20 mil altas mensuales durante los primeros meses a partir de octubre y luego alcanzar a las 60.000 altas nuevas por mes ya sería un éxito del programa. 

Tenemos un comité que coordina el Ministerio de las Mujeres para monitorear y hacer operativos territoriales de inscripción en distintos lugares. Estará vigente hasta el 31 de diciembre, pero iremos evaluando a ver cómo funciona en el impacto en la formalidad del sector y en todo caso extenderlo.

- ¿Qué expectativas tienen dentro del Ministerio?

- Estamos seguras de que muchos empleadores van a volver a llamar a esa empleada que echaron durante la pandemia. Es la oportunidad que tienen las familias de clase media para hacer un aporte concreto a la igualdad en Argentina. Registrar a su trabajadora para reducir la desigualdad de género y la pobreza es un ejercicio distributivo que se va a poder realizar a partir del primero de octubre. 

Y el impacto es prometedor porque esta es una política de empleo, el resultado final es el alta de una persona registrada y es diferente a lo que pueden ser las políticas sociales como el IFE o la AUH. Este detalle no es menor porque el 50 por ciento de los trabajos informales de las mujeres son en este sector. Sino, la reactivación económica es sin nosotras, y no queremos ser la variable de ajuste.