En una jornada atípica para el Senado, que modificó su día de sesión debido a que hoy se constituirá la Asamblea Convencional Constituyente, continuaron los pedidos para que tanto el titular de Aguas del Norte como el de Vialidad Nacional se hagan presentes en el recinto y den explicaciones sobre la mala prestación de los servicios.

A su vez, en el momento de homenajes varios legisladores aprovecharon para rememorar al policía asesinado en la localidad de El Galpón, Mario Pistán, y que fuera ascendido pos mortem a comisario. El senador Guillermo Durand Cornejo, que hoy inicia también su tarea como convencional constituyente, y a la vez es candidato a diputado nacional por Unidos por Salta, aprovechó para seguir de campaña y criticó la falta de seguridad “reinante en el país”, y a la Justicia, por lo que consideró una “política de garantismo que nos coloca a los ciudadanos como rehenes de este sistema”.

Más tarde, Silvina Abilés se quejó porque el titular de Aguas del Norte, Luis María García Salado, se ausentó de la reunión prevista con ese cuerpo. Lamentó que le hayan tenido que solicitar su presencia “porque no contesta los pedidos”, y aseguró que algunas pedidos de información tienen un retraso de más de tres meses. La representante por La Caldera requirió que se insista con la invitación “porque tiene que venir a este recinto a dar la cara y contestar que está pasando con el agua en el interior de la provincia, para que nosotros se lo podamos transmitir a nuestros vecinos”.

El senador Sergio Ramos, presidente de la Comisión de Obras Públicas indicó que lo convocarán para el próximo miércoles. Pero agregó que en caso de una nueva ausencia, pedirán que sea trasladado por la fuerza pública hasta el recinto.

El senador por La Poma, Dani Nolasco, volvió a recordar que en la sesión anterior habían solicitado la presencia del director de Vialidad Nacional, Francisco Agolio, para que dé explicaciones por el mal estado de la ruta nacional 40. Y reiteró su pedido para que en la semana entrante se haga presente. Nolasco informó a sus colegas que ayer muchos pobladores ya habían optado por cortar ese camino en señal de protesta.

Ley de patrimonio natural y cultural

Por otro lado, se dio media sanción a un proyecto de ley que busca constituir el marco legal para la educación, preservación, revalorización, investigación, salvaguardia, protección, conservación, recuperación, restauración, promoción, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del “Patrimonio natural cultural de la provincia de Salta”.

Uno de sus autores, Manuel Pailler, resaltó que a nivel mundial insisten con el cuidado del hábitat natural y el patrimonio cultural, y que sea normada a través de “legislación moderna”. Y señaló que en Salta “se descuidan todos esos bienes, degradando todos los monumentos, así como aún existe el comercio ilegal arqueológico y paleontológico, se demuelen edificios del patrimonio arquitectónico y se depreda el ambiente”.

El representante por San Martín expresó que todas esas acciones “demuestran que para los salteños no ha sido prioritaria la preservación de su identidad natural y cultural, ni aún con respecto al beneficio que puede generar gracias al turismo”.

También lamentó que la ley 6.649 (Régimen de los Monumentos y Museos Históricos, Arqueológicos Y Paleonteológicos) “nunca fue reglamentada, solamente en su artículo segundo”. Pidió involucrar a los sectores públicos y privados así como a la ciudadanía, y recordó que ese pedido surgió de un Cabildo Abierto que se realizó “hace varios años en Salta, para definir el cuidado del patrimonio natural y cultural y de su preservación”.

Con este marco se deberán regular cada uno de esos ámbitos que van de la paleontología, al arte, el paisaje, sitios, lugares y monumentos históricos, el conjunto o grupo de construcciones declarados monumentos y los “jardines históricos, o espacios públicos con arbolado”.

Tabaco

Se aprobó un proyecto de declaración del legislador por Güemes, Carlos Rosso, que solicita a los legisladores nacionales que insistan al Ministerio de Economía de la Nación y a la AFIP para que cobren a todos los productores de cigarrillos y tabaco para consumo, el impuesto pertinente mínimo dispuesto por ley, y que financia entre otras cosas, el Fondo Especial del Tabaco.

Rosso justificó su pedido en que Argentina es el sexto productor mundial de tabaco y el primero en Latinoamérica y que esta actividad se realiza en siete provincias del Norte del país, entre ellas, Salta, para cuya economía regional esta producción es muy importante, representando el segundo rubro que más mano de obra emplea, solo por detrás del sector público. Reseñó que el acopio y la preproducción de la hoja son sus principales trabajos, y que por cada rubro se pagan distintos impuestos.

El legislador recordó que de allí sale el Fondo Especial del Tabaco, que luego vuelve a las provincias tabacaleras “siendo un recurso esencial para corregir asimetrías históricas”. Y que los productores reciben una parte del precio al momento del acopio gracias a ese Fondo, y la otra recién en el tiempo, que se paga a medida que se venden los cigarrillos”.

Retomando las palabras de las grandes tabacaleras del país, se quejó de aquellos productores de tabaco para el consumo que no pagan el impuesto al cigarrillo. Esas son pequeñas y medianas empresas nacionales que no producen cigarrillos armados, sino tabaco para armar, y que a través de un amparo lograron que se les permita no tributar ese impuesto durante varios años.

Sin embargo, a mediados de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación definió que sí deberían hacerlo, algo que hasta aquí no ha sucedido. El por ello que Rosso solicitó que la AFIP agilice la puesta en vigencia de ese tributo, que establece un mínimo por atado de cigarrillos de 20 y que deberían pagar por cada paquete de tabaco vendido. Y recordó que una sola firma, le debe a ese organismo $48 millones de pesos por ese concepto.

En su momento, las empresas que pidieron el amparo adujeron que no podían asumir ese costo y que si lo trasladaban a sus paquetes no sería conveniente para el consumidor y terminaría hundiéndolas ante la imposibilidad de competir contra las grandes multinacionales del rubro. Además, la ley solo hablaba de “paquetes de cigarrillos armados” y no de “tabaco para armar”.