El espionaje a través de las bases de datos, especialmente las de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), se encamina a tener quien lo investigue. El juez en lo penal económico Javier López Biscayart aceptó la competencia después de que se excusaran todos sus colegas de los tribunales de Comodoro Py por haber sido espiados durante el gobierno de Mauricio Macri.

La causa por el ingreso a las bases de Migraciones se inició en abril de 2017 con una autodenuncia que presentaron los entonces directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani después de una nota del periodista Carlos Pagni en La Nación en la que revelaba parte de la forma de funcionamiento del espionaje durante el macrismo. El artículo derivó en que el propio Macri se comunicara con Pagni y le pidiera que se entrevistara con Arribas para que le diera sus explicaciones, según informó el columnista el año pasado en una nota enviada a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

Desde entonces, la causa deambuló por el cuarto y el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py. Tuvo impulso de la mano del juez Rodolfo Canicoba Corral. Pero, después de su jubilación, la jueza María Eugenia Capuchetti --que subroga hasta este jueves en el juzgado federal 6-- se excusó porque ella misma había sido espiada. Lo mismo sucedió con sus colegas Sebastián Ramos, Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello y María Servini en los últimos meses.

El viernes pasado, el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, mandó el expediente a sorteo a la Cámara Nacional en lo Penal Económico y aclaró que “todos los magistrados de primera instancia del fuero han formulado su excusación para entender en los actuados”. El propio Irurzun está excusado porque fue víctima presuntamente de los espías conocidos como Súper Mario Bros. El lunes se sorteó y la causa quedó radicada en el Juzgado 10, que está vacante y subroga López Biscayart, que es el juez que impulsó en julio pasado la investigación por el envío de municiones a Bolivia.

López Biscayart sostiene que puede investigar la causa, aunque él también fue espiado. Según surge del expediente, revisaron sus registros migratorios y también husmearon en el Registro de la Propiedad Inmueble para saber del magistrado. Sin embargo, López Biscayart afirma que no hay necesidad de excusarse porque nunca tuvo interés en el trámite, pese a haber tomado conocimiento de que la investigación existía. “No lo tomo como que se dirigió contra mi conducta, sino contra un colectivo que integro”, escribió López Biscayart en la resolución a la que accedió PáginaI12.

“Aun sabiendo de su existencia, nunca me interioricé antes de la causa --añadió el juez--. Nunca me apersoné ante un Juzgado o Fiscalía para saber de su trámite. No me interesó. Y sería hipócrita de mi parte que, a más cuatro años de los hechos, ahora me manifestara ‘interesado’, víctima, perjudicado, particularmente ofendido o damnificado. En mi caso, esas condiciones no se dan subjetivamente, ni considero que concurra alguna otra razón que obste a mi imparcialidad y si expresara lo contrario ahora, faltaría a la verdad. Frente a ello, no habré de eludir la responsabilidad institucional en la emergencia. Insisto, esto no implica que otros magistrados lo hayan sentido de otra forma o que no haya sido adecuado que se aparten en consonancia con aquel sentimiento. Pero no es mi caso”.

Según López Biscayart, la indefinición no puede prolongarse en el tiempo porque hay compromisos internacionales asumidos por el país que establecen que los juicios sean realizados dentro de un plazo razonable. El juez, en su resolución, repuso al fiscal Federico Delgado al frente del expediente. Restará ver si la Cámara coincide con su resolución y si la causa vuelve a tener juez. En el fuero penal económico, se replicaría la misma situación que en Comodoro Py: todos espiados.

No es éste el único expediente en el cual se investiga cómo monitorearon durante el gobierno de Macri a distintos magistrados o magistradas. En la causa de la llamada “mesa judicial macrista”, el fiscal federal Franco Picardi pidió informes en ese sentido.