La justicia platense avaló la multa que el Gobierno bonaerense le aplicó a la empresa Rappi por más de 16 millones de pesos, por tener relaciones laborales encubiertas e irregularidades en la contratación de su personal. Lo hizo al rechazar un recurso interpuesto por la firma de delivery que buscaba evadir el pago de la multa por 16 millones de pesos.

La medida la adoptó el Tribunal de Trabajo Nº 2 del Departamento Judicial La Plata que integran los jueces Juan Ignacio Orsini, Julio César Elorriaga y Carlos Mariano Núñez, quienes confirmaron la multa aplicada por el Ministerio de Trabajo bonaerense a la firma Rappi Argentina.

Según las actas labradas el año pasado por la cartera de Trabajo, la empresa incumplió diversas normas laborales en la relación de empleo con sus repartidores, entre las que se encontraban la no exhibición de recibos de pagos de haberes y de afiliación a la ART.

En el fallo, los jueces desestimaron el planteo de incompetencia territorial introducido por la empresa y rechazaron la petición tendiente a declarar la inconstitucionalidad de la norma que impone el pago previo de la multa aplicada.

Oportunidad para regular la actividad

Para la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, el fallo constituye "una oportunidad para regularizar esta actividad y que más trabajadores puedan incorporarse al mundo de los derechos".

En declaraciones a radio Provincia, la funcionaria se refirió a que "las empresas de reparto hablan de trabajo independiente pero uno ve todo lo contrario" y graficó que los empleados de reparto "pueden ser cancelados, no deciden lo que cobran y pueden ser expulsados". "Se dan todos los lineamientos de una relación de dependencia y siguen diciendo que son colaboradores", opinó.

En este sentido, Ruiz Malec aseguró que los tribunales se expidieron a favor del Ministerio de Trabajo al dar cuenta de la relación laboral “no cubierta”. La ministra sostuvo también que "no existe el cuentapropismo de la aplicación de delivery” ya que "el trabajador depende absolutamente de la empresa que tiene la aplicación".

"Son empresas que lograron hacer escala de una tarea muy atomizada, y eso nos debe permitir regularizar la actividad, no precarizarla. No queremos que a ninguna firma le vaya mal. Encontraron una forma de hacer escala en esto, y eso debería permitirnos avanzar en la formalización de los trabajadores", remarcó la funcionaria.

El antecedente con Glovo

Una decisión similar adoptó a principio de mes el Tribunal del Trabajo N°4 de La Plata que confirmó la multa de 6.318.000 de pesos contra la empresa Glovo por infracciones cometidas en 2020 y constatadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Las sanciones habían sido labradas en diversos procedimientos llevados a cabo en las ciudades de La Plata, Quilmes, Martínez, Vicente López, San Isidro, Avellaneda, Lanús, Ramos Mejía, Lomas de Zamora y Banfield.

Según las actas de la cartera laboral, avaladas por la justicia, Kadabra SAS, bajo el nombre de fantasía o marca Glovo y mediante el uso de una plataforma digital “resulta ser empleadora, en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), de trabajadores respecto de los cuales no cumple con la normativa específica”.

Cuando fue sancionada Glovo, la ministra de Trabajo explicó que "se descubrió que las personas no tienen libertad de hacer o no los pedidos, si no los hacen tienen consecuencias en la asignación de nuevos pedidos. Hay una relación de dependencia, entonces deben estar registrados".

La funcionaria dijo en esa oportunidad que detectaron desde la cartera que "el 90 por ciento trabaja más de siete horas y la mitad, más de nueve horas y, además, la mayoría trabaja los siete días de la semana".