Los rectores, el poder y las políticas universitarias

A diferencia de otros países de la región, donde las políticas universitarias estuvieron (y están), mayormente a cargo de personas con perfiles sin mayores antecedentes en la gestión universitaria, en las últimas dos décadas de la Argentina la política universitaria ha estado fundamentalmente mediada por rectores o ex rectores de universidades nacionales de gestión estatal. La necesidad del Estado de generar una mayor especialización en la gestión de las políticas públicas hacia el sector universitario, asociada a la institucionalización de una serie de prácticas, ha supuesto que para estos roles se requieren capacidades políticas y técnicas que adquiere un/a rector/a en la gestión de su universidad y en la arena política del ámbito que los agrupa, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Así se explica que, desde 1999 en adelante, los/as secretarios/as de Políticas Universitarias designados/as han tenido mayoritariamente una trayectoria paradigmática: han sido rectores o vicerrectores/as de una universidad nacional de gestión estatal y miembros activos del CIN.

En la consolidación de este perfil confluyen distintos procesos: centralidad de la gobernabilidad en la agenda del sector, especialización de las políticas del Estado hacia a las universidades y, por otra parte, un proceso de reconversión, protagonizado por los/as rectores/as de las universidades públicas de gestión estatal, de un capital propiamente de poder universitario en un capital burocrático-estatal. El efecto combinado de características históricas y rasgos estructurales del campo universitario argentino, potenciado por la consolidada tradición autonómica y la dificultad de los gobiernos para intervenir en la dinámica universitaria, contribuyeron a que los rectores hayan logrado erigirse como los agentes que disponen de la capacidad política y los conocimientos técnicos para conducir la política universitaria argentina. Veamos un poco más en profundidad esos factores históricos y determinantes estructurales.

Iniciada la recuperación democrática, un conjunto de factores históricos y determinantes estructurales conferirán un poder relevante a los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) creado en 1985. Poder que estará presente en los distintos momentos de la política universitaria desde la recuperación democrática hasta nuestros días, expresándose en el equilibrio de la política universitaria de los ochenta, en los procesos heterónomos de los noventa y, finalmente, en las distintas facetas de la política universitaria del kirchnerismo y de los procesos políticos que lo continuaron.

Si bien las reformas de los años noventa catalizaron el proceso de fortalecimiento de los poderes ejecutivos de las universidades, en Argentina, el poder de los rectores se configuró desde el proceso de “normalización” iniciado en 1984. La tradición de autonomía cobraba especial vigor y era defendida con recelo luego de décadas de interrupciones por distintos gobiernos militares. El proceso de normalización, fuertemente moldeado por el radicalismo a través de la designación de rectores normalizadores afines al alfonsinismo y la recuperación del modelo reformista del período 1955-1966, decantará en la elección de rectores con una identidad política vinculada al radicalismo. A partir de 1985, los rectores surgidos del proceso electoral se agruparon en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ámbito que agrupa a los rectores de las universidades nacionales y que en la cosmovisión reformista del gobierno radical debía conducir una política universitaria autogestionada. 

Con la creación del CIN, que para el reformismo era el ámbito natural para la formulación y definición de la política universitaria, se puso en marcha un proceso de empoderamiento de los rectores, representantes de cada una de las universidades ante el consejo, con un peso relevante en la decisión de los destinos del conjunto universitario. Este empoderamiento no solo estuvo sostenido sobre las bases teóricas e ideológicas del reformismo sino también sobre la confianza que inspiraba un mapa político fuertemente hegemonizado por el radicalismo. Esta fusión y homogeneidad entre el poder político y el poder universitario fue prácticamente única en la historia reciente argentina y acuñó el sello del valor del CIN y de los rectores en la política universitaria. Aunque se modificó al poco tiempo, cuando hacia 1988 el peronismo comenzó a ganar en algunas de las universidades tradicionales y finalmente en 1989 cuando entró en contradicción el signo político de las universidades con el gobierno de Menem, este contexto de homogeneidad política fue suficiente para fundar el lazo entre política universitaria y poder universitario. Hecho que terminó consolidándose y reconfigurándose en Argentina hasta hoy, en el sentido que no es posible viabilizar una política universitaria sin el acuerdo, directo o indirecto, del poder universitario.

El poder rectoral cobra especial relevancia en la frontera e intersección con el campo burocrático estatal, como lo demuestra la presencia ininterrumpida, desde 1999 a nuestros días, de rectores y vicerrectores/as en el área del Estado responsable de las políticas universitarias. En la dinámica de sus universidades y en el trabajo colegiado en el CIN, los rectores/as han cristalizado saberes técnicos y políticos que se convirtieron en un “saber-hacer” indispensable para la política universitaria argentina. Este proceso de reconversión del poder rectoral en capital burocrático estatal ha consolidado una trayectoria paradigmática para el rol de secretario de Políticas Universitarias: ser, o haber sido, rector de una universidad pública de gestión estatal y miembros activos del CIN.

Determinantes estructurales

Ahora bien, el retorno a la democracia bajo el signo de la UCR, las características del proceso de “normalización” y la consolidación de la figura del rector como conductor de la política pública universitaria no fueron los únicos factores que empoderaron a los rectores. Existe un conjunto de determinantes estructurales del campo universitario argentino que permiten explicar la constitución del poder rectoral.

• Base liviana, precarizada y con débil profesionalización: desde 1983 hasta 2013 (últimos datos disponibles) predomina en Argentina una base docente anclada sobre dedicaciones simples cuyo promedio histórico constituye dos tercios de los docentes en actividad. Juntas, las dedicaciones simples y semiexclusivas suman 87,23 % del total de los cargos docentes para todo el período. Gran parte de esos docentes se encuentran ocupando el cargo interinamente con la consecuente precariedad, falta de estabilidad y vulnerabilidad laboral que conlleva. Esta débil inserción institucional que determina la estructura de dedicaciones, ha dificultado la profesionalización del personal académico y con ello la consolidación de equipos estables de docentes e investigadores.

• Tradición autonómica: la larga y consolidada tradición de autonomía universitaria otorga a la Argentina una singularidad. La autonomía, con rango constitucional desde 1994, forma parte del imaginario histórico y de la identidad institucional y política de la universidad argentina, constituyendo un elemento clave en el fortalecimiento del poder de los rectores como interlocutores fronteras universitarias hacia afuera y en el proceso de reconversión de un capital de poder preponderantemente universitario en capital burocrático-estatal.

• Principios de legitimidad, participación y formas de acceso al gobierno universitario (que fragmentan hacia adentro pero concentran en la figura del rector la interlocución hacia afuera): la tradición reformista y autonómica reconoce en la elección participativa de los claustros, en forma directa ponderada o indirecta por Asamblea, uno de los principios de legitimidad del poder universitario. En otros países, la designación de los presidentes o rectores surge de un pequeño conciliábulo docente, con una dinámica política de puertas cerradas o tiene un procedimiento empresarial, de relativa asepsia política, priorizando perfiles gerenciales y de relaciones institucionales. En Argentina, salvo en los períodos de dictadura militar, el rector es elegido en instancias electorales, todas ellas precedidas, incluso hasta el último minuto, de intensas negociaciones políticas. Negociación con los claustros, con distintas fracciones políticas de los claustros, con grupos organizados gremial y políticamente, con agentes individuales, con graduados, con sectores con referencias políticas externas, con sectores surgidos de una construcción más endógena, etc. Siempre su elección implicará una compleja red de acuerdos y equilibrios que se trasladarán posteriormente a la gestión y el trabajo en los distintos ámbitos colegiados. Desde el punto de vista de la vinculación con el campo burocrático-estatal, esta dinámica interna, en cierta medida atomizante, normalmente no interfiere en su función de interlocución ante el campo burocrático estatal mencionado. Por el contrario, esa conflictividad interna termina reforzando la necesidad de contar con un interlocutor válido ante ese mapa universitario altamente fragmentado.

• Las organizaciones gremiales, el capital militante y el movimiento estudiantil: organizaciones como la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que agrupa al personal de apoyo académico, la Federación Universitaria Argentina (FUA), centenaria herramienta del movimiento estudiantil y las distintas organizaciones del fragmentado mundo gremial docente son agentes de peso a nivel nacional y local. Por otra parte, el carácter militante del movimiento estudiantil argentino y su capacidad de movilización pública en los centros urbanos más importantes lo ha constituido en un agente relevante en la dinámica política interna y externa, sustentado en la legitimidad histórica que le otorga la larga tradición reformista y en dicho poder de movilización. Siendo un agente con capacidad de implementar amplios repertorios de acción colectiva, constituye un determinante estructural de doble cara: hacia adentro de la universidad puede provocar la caída o debilidad creciente de un rector/a, pero desde el punto de vista del campo burocrático estatal fortalece la idea de que un rector/a (o ex rector/a) es el principal perfil con una combinación de habilidades políticas y competencias técnicas capaces de conducir la política universitaria del Estado, pudiendo asegurar aceptables niveles de gobernabilidad.

• Partidización y Politización relativamente autónoma: son evidentes los vínculos y cruces entre el campo universitario y el mundo de los partidos políticos, los cuales, desde 1983 en adelante han tenido un papel significativo en la construcción de la política universitaria argentina. No obstante, es preciso distinguir entre partidización y politización universitaria, siendo la primera un alineamiento directo entre agentes universitarios y partidos políticos, y la segunda, una disputa de espacios de “poder universitario” con una lógica básicamente propia. La politización relativamente autónoma es particularmente visible en la consolidación de los acuerdos entre los bloques radical y peronista del CIN que, independientemente de la dinámica política externa, incluye la alternancia en la conducción del organismo, el acuerdo sobre la mayor parte de la agenda universitaria y la distribución de todos los espacios y representaciones que impliquen poder y recursos. A diferencia de los volátiles acuerdos entre estos dos partidos claves en la política nacional, la entente entre radicales y peronistas en el CIN ha persistido por tres décadas, gozando de buena salud y revelando a los/as rectores/as como los mediadores más idóneos entre el poder universitario y el campo burocrático.

Síntesis

El efecto combinado de características históricas y rasgos estructurales del campo universitario argentino, potenciado por la consolidada tradición autonómica y la dificultad de los gobiernos para intervenir en la dinámica universitaria, contribuyeron a que los/as rectores/as hayan logrado erigirse como los/as agentes que disponen de la capacidad política y los conocimientos técnicos para conducir la política universitaria argentina. Confluyen distintos procesos: centralidad de la gobernabilidad en la agenda del sector; especialización de las políticas del Estado hacia a las universidades (basada en una política de reclutamiento que tuvo como principales agentes a los rectores nucleados en el CIN) y, por otra parte, un proceso de reconversión, protagonizado por los rectores de las universidades públicas de gestión estatal, de un capital propiamente de poder universitario en un capital burocrático-estatal.

* Fabio Erreguerena es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de Sociología Política y Prácticas Sociales Educativas de la FCPYS-UNCuyo. Autor del libro El poder de los rectores en la política universitaria argentina (Prometeo, 2017).