Las más de las veces las Constituciones sancionan procesos de transformación política y social que ya se han operado en la sociedad. Como ejemplo, la Constitución peronista de 1949 consagró derechos y principios de gobierno que no hacían más que reconocer las profundas reformas producidas en la gestión de Perón. No fue ese el caso de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de cuya sanción, el 1 de octubre de 1996, se cumplen hoy 25 años. El texto aprobado, muy distinto de los que se acomodaban entonces a la hegemonía neoliberal, se parece mucho a un horizonte de futuro, porqué no, a un programa de gobierno y, en términos generales, podemos sostener que aún no se ha cumplido.

En el país gobernaba entonces Carlos Menem, luego de haber ganado tres elecciones generales, a pesar de su espectacular giro hasta el más ortodoxo neoliberalismo. Sin embargo, era evidente que comenzaba a perder consenso en la sociedad, como lo mostraban los piquetes de desocupados, el fortalecimiento de un bloque sindical opositor, las protestas de universitarios y científicos, el crecimiento electoral del Frepaso, entre otras manifestaciones. En ese contexto de creciente oposición social y política al menemismo se inscribe la Constituyente Porteña.

Muchos hicieron entonces una lectura del evento en clave exclusivamente electoral. La acción conjunta entre el Frepaso y la UCR, los bloques más numerosos de la Asamblea, anticipaba el acuerdo que gobernaría el país a fines de siglo. Esa Alianza sólo podía constituirse con un discurso crítico del neoliberalismo y esto facilitó la hegemonía de un pensamiento alternativo que recogía las demandas de las organizaciones sociales de la ciudad que no habían sido tradicionalmente muy atendidas por el Concejo Deliberante.

Luego del poco decoroso desempeño de la Alianza con la gestión de Fernando de la Rúa se entenderá que no resulte interesante esa historia de la Constituyente en términos de mera política partidaria. Para muchos de quienes fuimos de uno u otro modo protagonistas de ese proceso, es otra la historia que se rescata: los debates sobre el derecho a ser diferente, reconocimiento pionero de todo lo que se avanzaría en las décadas siguientes en materia de diversidad y expansión de derechos, la presencia constante de las organizaciones sociales que bregaron por imponer textos tan avanzados como el de Vivienda, la audacia de la norma sobre salud mental, escrita con perspectiva de Derechos Humanos, que enfatiza la necesidad de atender a la subjetividad de los pacientes, el cuestionamiento abierto al neoliberalismo en los textos que consagran la presencia reguladora del Estado en la economía y enfatizan el rol dominante del sector público en Educación y Salud. Debería recordarse también, como aporte novedoso el espacio que la nueva norma otorgó al tema ambiental y, fundamentalmente, las disposiciones sobre Política Urbana que prescriben la planificación participacipativa, la defensa del espacio público, la regulación estatal para controlar la especulación inmobiliaria y los requisitos estrictos para enajenar tierras públicas. Bastaría para un reconocimiento histórico del texto constitucional, recordar la norma que obligó a la derogación de los edictos policiales, normas aberrantes cuya perduración prolongada constituía una afrenta a la democracia.

Que el camino de la Constitución de la Ciudad no iba a ser fácil se advirtió cuando el jefe de gobierno, y futuro presidente por la Alianza, condicionó el apoyo de su partido a que se limitaran los Consejos que otorgaban participación a los sectores sociales y se postergara por cinco años la puesta en vigor de la norma sobre Descentralización y Comunas. Más tarde, podría señalarse que algunos gobiernos impulsaron la sanción de las leyes que preveía la Constitución, otros lo hicieron menos, hasta que el macrismo decidió ignorarla olímpicamente.

Sería injusto, sin embargo, hacerle ese cargo al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, porque paradojalmente él ha hecho una significativa contribución, seguramente involuntaria, a que sea recordado el texto constitucional. Lejos del entusiasmo participativo y el compromiso social de los constituyentes del 96, el gobierno de Larreta exacerbó el ninguneo constitucional del macrismo, pero sus violaciones a la Carta Magna porteña se han vuelto tan notables y frecuentes que nos vemos obligados a hablar todos los días de la Constitución. La Justicia interviene con frecuencia para obligar a que se cumplan las normas que exigen mayorías especiales y doble lectura para cambiar los usos de terrenos o enajenarlos y se producen acontecimientos tan notables como que más de siete mil ciudadanos de Buenos Aires se hayan inscripto para participar de una audiencia pública para discutir el destino de Costa Salguero y Punta Carrasco. El gobierno porteño quería aprobar este y otros proyectos inmobiliarios -como el de IRSA que se discutirá en audiencia pública desde el 15 de octubre- con celeridad y en silencio. Esto nada tiene que ver con una Constitución de impronta igualitaria que reconoce a la ampliación de la participación y el debate público como uno de sus principios rectores.