El Parlamento español aprobó ayer una resolución que insta al gobierno conservador de Mariano Rajoy a exhumar los restos del dictador Francisco Franco para sacarlo del Valle de los Caídos. El propósito es resignificar el monumento al triunfo del fascismo español como memorial democrático.

La propuesta, que fue presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y recibió el voto favorable de toda la oposición, tiene más que nada un valor político simbólico puesto que no es vinculante para el Ejecutivo del Partido Popular (PP), que se abstuvo en la votación. El PP ya se negó a desenterrar al dictador en el pasado y probablemente hará caso omiso al nuevo pedido de la Cámara baja. Del total de diputados, 198 votaron a favor, uno en contra y 140 se abstuvieron ante la PNL (Proposición No de ley) que además exige el cumplimiento de la conocida como Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que prácticamente no se aplicó con Rajoy. 

Entre otras cosas, la iniciativa insiste en que el Estado debe asumir la localización y exhumación de fosas e identificación de cadáveres, de las miles de víctimas de la guerra civil (1936-1939) que aún yacen enterradas en fosas comunes en toda España. Asimismo, se pide la creación de un banco de ADN y dar apoyo institucional, legal y financiero a los familiares y asociaciones que trabajan a favor de la memoria histórica. Impulsar la retirada de símbolos franquistas y la elaboración de un censo de obras construidas con trabajo forzoso de presos políticos, entre ellas el propio Valle de los Caídos. También insta a crear una “Comisión de la Verdad”, y dictaminar la ilegitimidad de los tribunales franquistas y la nulidad de sus sentencias, otra de las asignaturas pendientes. 

Tras el debate, que tuvo lugar el pasado martes, la izquierda y los independentistas catalanes pedían al PSOE ir más allá en su propuesta, pero finalmente toda la oposición votó a favor en bloque. Los críticos insisten en que es hora de avanzar y derogar la Ley de Amnistía de 1977, que es el principal “escudo” para los franquistas, para permitir que se celebren los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en España. Actualmente, la única esperanza que tienen las víctimas es la causa abierta en Argentina en el 2010 en aplicación de la justicia universal. 

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez,subrayó que el Ejecutivo no puede mantenerse ajeno a la “presión de la oposición”, debe cumplir la “Ley de Memoria” e iniciar gestiones para exhumar a Franco. A la familia del dictador le recomendó que vaya pensando dónde ubicar sus restos. Los populares aseguraron durante el debate que no hay consenso para trasladar los restos de Franco. Por su parte, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, cuestionó tras la votación que exista consenso para proceder al traslado. “Nosotros estamos convencidos de que hay que aplicar la ley y que el dictamen de la comisión de expertos es razonable, pero también es verdad que el propio dictamen advierte a los partidos de que todas esas medidas tienen que tener consenso, porque estamos hablando de cuestiones de Estado, no de cuestiones de partido”, aseguró, en referencia a un documento del gobierno de Zapatero que aconsejaba que hubiera un acuerdo amplio.

La exhumación de los restos de Franco, enterrado desde su muerte en 1975 en el Valle de los Caídos, concretamente en una basílica coronada por una gran cruz blanca de 150 metros de altura, se recoge de un informe del 2011 de un grupo de expertos de Naciones Unidas (ONU) que recomienda reconvertir el mausoleo en un monumento para la reconciliación. Por orden de Franco, presos políticos construyeron el Valle de los Caídos entre 1940 y 1958 para conmemorar su victoria frente a los republicanos. 

En el monumento, situado en la Sierra de Guadarrama, a unos 60 kilómetros de Madrid, yacen los cuerpos de 33.847 personas, miles de ellas víctimas de la represión franquista que fueron trasladadas allí de forma ilegal y que se encuentran junto al cadáver de su verdugo. Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, el fundador del movimiento fascista Falange Española fallecido en 1936, son los dos nombres propios de los muertos enterrados en este mausoleo, donde cada año se producen pequeña muestras de reivindicación del fascismo. 

Sin embargo, desde mediados del año pasado, dos víctimas anarquistas, los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, cambiaron la historia al convertirse en los nombres que representan a esos miles de “desaparecidos”, todavía no identificados oficialmente y trasladados de fosas comunes al Valle de los Caídos sin el consentimiento de sus familias. A 80 años de esos asesinatos, la Justicia española ordenó la exhumación de los cadáveres de estas víctimas, pero los expertos todavía no pudieron hacer nada porque no se les permite entrar al recinto, gestionado por la institución pública Patrimonio Nacional, contó el abogado de la familia Lapeña, Eduardo Ranz.

Las asociaciones destacan que mientras no haya voluntad política, y la recuperación de los cadáveres de las víctimas del franquismo siga dependiendo de sentencias aisladas y de apoyos puntuales, las familias seguirán desamparadas.

En cuanto al destino del cadáver de los represores enterrados en el Valle de los Caídos, a finales de febrero, el Tribunal Supremo español ya tumbó una iniciativa del ex juez Baltasar Garzón para exhumar y trasladar el cuerpo de Franco y el de Primo de Rivera. “El Congreso de los diputados está enviando un mandato muy claro y muy preciso al gobierno”, aseguró ayer el diputado socialista Gregório Cámara, impulsor de la iniciativa, quien insiste en que la exhumación de los restos de Franco es imprescindible para resignificar el monumento franquista, uno de los más grandes de reivindicación del fascismo que quedan en pie en Europa.