El desalojo con fuego y topadoras de un asentamiento en el Barrio 31 Carlos Mugica, de Retiro, ordenado por el gobierno porteño ratificó una línea de conducta de Juntos por el Cambio frente a la demanda social. Las expulsadas de manera violenta fueron unas 100 mujeres y 170 niños y niñas. Cuando el jefe de Gobierno era Mauricio Macri hubo operativos de la Ucep (Unidad de Control del Espacio Público) contra personas carenciadas y en situación de calle con la misma metodología de dejar tierra arrasada, entonces con la intervención del ahora prófugo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

La represión de conflictos gremiales, de trabajadores despedidos y a manifestantes movilizados en defensa de sus derechos fue también una constante de Cambiemos entre 2016 y 2019, en el gobierno nacional.

El desalojo en el Barrio 31 de esta semana no fue solo un hecho más en esa lista de uso de la fuerza contra sectores vulnerables, sino que se produjo en el inicio formal de la campaña para las elecciones del 14 de noviembre.

El mensaje no podía ser más claro.

“Hay que tomar decisiones fuertes”, se sumó Patricia Bullrich en su explicación de lo que propone Juntos por el Cambio. En una entrevista con la revista digital Seúl, la presidenta del PRO fue consultada respecto de si la oposición avalaría un acuerdo del Gobierno con el FMI que incluya “medidas apoyadas por ustedes, como la modernización laboral o el equilibrio fiscal”.

“Si ellos quieren hacer el trabajo que siempre quieren evitar y nosotros podemos gobernar después con un poco más de tranquilidad, no nos viene mal”, fue la primera parte de su respuesta.

Es decir, a Bullrich le gustaría que el gobierno del Frente de Todos realice las reformas estructurales en contra de los derechos de los trabajadores y las mayorías populares. Reconoce que esas políticas generan conflictividad social y, por eso, preferiría que el costo político lo pague la actual administración, “para después gobernar más tranquilos”.

Luego siguió: “Ahora, yo creo que ellos van a querer que les firmemos a ciegas. Y nosotros a ciegas no les vamos a firmar nada”.

“¿Cuál tendría que ser la estrategia política de Juntos por el Cambio, si le toca gobernar, para lograr que las transformaciones sean permanentes”, repreguntó la revista.

“Creo que habrá espacio, ya lo hay, para dar estos debates. Ayuda el surgimiento del liberalismo y también las ideas fuertes de Juntos por el Cambio, que hoy las decimos sin ponernos colorados. Eso abre la posibilidad de tomar medidas de fondo. Creo que habrá que hacerlo a una velocidad y con una decisión muy fuertes. Habrá que ser muy valientes en las decisiones que tomemos”, completó la idea.

Decisiones muy fuertes, valientes, que se tomarán sin ponerse colorados, ¿en contra de quién?

Horacio Rodríguez Larreta lo evidenció con el desalojo.

Los aumentos de tarifas, el descontrol de precios, la pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones fueron características salientes del gobierno de Cambiemos. El salario mínimo medido en dólares, por ejemplo, pasó del primer al ante último lugar del ranking regional entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.

Los proyectos de ley del senador Martín Lousteau y del diputado Héctor Stefani para reemplazar las indemnizaciones por despido por un seguro son otro paso en la política de desprotección de los trabajadores. Si un empresario puede echar tan fácilmente a un empleado que plantea conflictos o tensiones gremiales, lo más probable es que no sean muchos los que se animen a hacerlo. Y si estalla una crisis económica, como las que ocurrieron en 2018 y 2019, o aparece un cisne negro como una crisis mundial o una pandemia, los desocupados se multiplicarán por miles en cuestión de días.

La oposición rechaza la doble indemnización por despido que decretó el gobierno nacional desde principios de la pandemia y en su lugar propone el fin de las indemnizaciones actuales por un seguro.

En materia fiscal, el candidato Martín Tetaz remarca a cada paso que hay que hacer un ajuste del gasto y que el problema del gobierno de Macri fue no haberlo hecho con la contundencia que se requería, según su visión. Es decir, ortodoxia al palo. Ricardo López Murphy, otro de los referentes económicos de la lista porteña, la intentó aplicar cuando fue ministro de Economía de Fernando de la Rúa en 2001, y fue echado a las dos semanas por la inviabilidad social de tanto ajuste.

En la misma línea de avanzar con una topadora, el gobierno porteño logró la aprobación en la Legislatura de una ley para autorizar la intervención del Superior Tribunal de la Ciudad en causas nacionales. Fue otro hecho concreto de Rodríguez Larreta, en este caso en el plano institucional, sobre lo que describió Bullrich que piensa hacer la oposición.

No es platita, son derechos

Pero la agenda mediática está concentrada en el supuesto "plan platita" del gobierno nacional. Se lo presenta como un programa diseñado a las apuradas para intentar revertir la derrota de las PASO, como buscó Mauricio Macri en 2019 después de perder las elecciones primarias por 15 puntos. Aumento del salario mínimo, bono para la AUH, congelamiento de combustibles, refuerzo de ingresos para estatales y trabajadores privados, fueron algunas de las medidas en aquella oportunidad, como se detalló aquí la semana pasada.

El contraste de ese plan de corto plazo con el ajuste estructural que había aplicado el gobierno de Cambiemos durante cuatro años fue evidente. Ni el blindaje mediático pudo evitar que se vieran los hilos del manotazo populista, sobre todo porque 2018 y 2019 fueron años en los que el achicamiento del gasto público llegó a niveles extremos. Un ejemplo fue la degradación del Ministerio de Salud a la condición de Secretaría, solo para recortar partidas en el marco de un acuerdo extraordinario con el FMI.

Los 100 mil millones de pesos que volcó Cambiemos entre las PASO y las elecciones generales de aquel año no fue bautizado como "plan platita". Se lo llamó "plan alivio".

Las medidas que fue tomando el gobierno de Alberto Fernández tras las primarias siguieron en la misma línea que antes de los comicios, con ampliación paulatina de derechos –como el reconocimiento de aportes previsionales a mujeres y desocupados o el plan para registrar a empleadas de casas particulares–, búsqueda de recomposición de ingresos –con el alza del salario mínimo y la suba del piso para el pago de Ganancias– y medidas de estímulo a sectores empresarios para impulsar la producción de petróleo, la producción agroindustrial y el compre argentino para las pymes.

En ese sentido, por ahora prima el carácter ofertista del paquete, cuando las demandas sociales son urgentes, como denuncia el 54,3 por ciento de pobreza entre los menores de 14 años.

La reapertura de exportaciones de carne a China, con la misma lógica, entraña el peligro de que los precios internos vuelvan a dispararse. Si eso ocurre, la distancia entre amplios sectores de votantes del Frente de Todos y el gobierno que estalló en las PASO puede crecer todavía más. Aunque de frente venga una topadora.