La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) llevó adelante tareas de campo directas, infiltraciones, toma de fotografías y ciberpatrullaje para espiar al colectivo de familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017. A esa conclusión llegó el juez Martín Bava, quien, además de llamar a indagatoria a Mauricio Macri, dictó el procesamiento de los exdirectivos de la exSIDE, del funcionario que estaba a cargo de recabar información en todas las provincias, del jefe de la delegación de Mar del Plata --desde donde se ejecutó el espionaje-- y de cinco agentes que actuaron bajo sus órdenes. “Es completamente inadmisible que la AFI haya espiado e investigado a quienes el Estado nacional tenía la obligación de contener, acompañar y brindar justicia”, escribió Bava.

En su resolución, el juez que subroga en Dolores estableció que las tareas de inteligencia ilegal se desplegaron al menos entre diciembre de 2017 y finales de 2018. Todas ellas estuvieron orientadas a advertir al entonces presidente Mauricio Macri --que deberá presentarse a indagatoria el jueves próximo-- de posibles reclamos por la desaparición del buque de la Armada Argentina.

Dos hipótesis de Bava

Macri se reunió por primera vez con los familiares el 20 de noviembre de 2017, tan solo cinco días después de que desapareciera el submarino. Sin embargo, no se encontraron en la AFI registros de esa reunión. Bava sostuvo dos hipótesis: o que los papeles sobre esos seguimientos se hayan destruido --como era habitual en la delegación de Mar del Plata-- o que haya sido a partir del fracaso de ese encuentro inicial que se ordenaron las tareas de espionaje sobre los familiares para evitarle a Macri otra situación embarazosa.

En su defensa, los exjefes de la AFI no negaron que las tareas se hayan hecho, como demuestran los documentos que aportó la interventora Cristina Caamaño, sino que buscaron una justificación: dijeron que eran parte de las tareas que la exSIDE hacía con la “avanzada presidencial”, es decir antes de que Macri llegara a un determinado lugar. Ninguno de los hechos relevados por la justicia federal de Mar del Plata inicialmente ni por la de Dolores permiten, sostiene Bava, decir que estaban ante una amenaza a la seguridad interior o a la defensa nacional. Por el contrario, la AFI produjo informes sobre los siguientes sucesos:

  • Cuando se cumplieron los dos meses de la desaparición del submarino, el 15 de enero de 2018, se hizo una misa en la Base Naval de Mar del Plata. La AFI siguió a una hermana de un tripulante y también se infiltró entre un grupo de parientes que llevaron su reclamo al Concejo Deliberante de General Pueyrredón.

  • Un informe del 3 de febrero de 2018 da cuenta del seguimiento a cuatro mujeres, esposas o parejas de los submarinistas, para saber cuáles serían los planteos que harían en la reunión que tendrían tres días después con Macri.

  • El 10 de febrero de 2018, hubo seguimientos a una madre y a los familiares que llegaron a la residencia de Chapadmalal para dejarle una carta a Macri.

  • El 2 de abril de 2018, fotografiaron y buscaron en las redes sociales de una hermana y una compañera de un submarinista que fueron hasta el Golf Club de Mar del Plata para buscar hablar con Macri. Había un periodista marplatense, pero la AFI no se interesó por él. Eso prueba para el juez Bava que los espías estaban enfocados en el colectivo de familiares del ARA San Juan.

  • Siguieron y fotografiaron a quienes se congregaron en la Base Naval al cumplirse un año del hundimiento del San Juan.

  • En al menos otras diez oportunidades hubo seguimientos, según surge de 22 documentos aportados por Caamaño. Los informes sobre las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre de 2017.

Lo que les interesaba a los espías eran los movimientos de los familiares --que estaban en una situación de vulnerabilidad-- y no la seguridad presidencial, afirma Bava. “Sostener que en estos hechos tan banales se encuentra en riesgo la seguridad nacional es de una peligrosidad que deja en estado de indefensión a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas del país, debido a que cualquier persona puede ser sospechosa y así justificar la elaboración de un informe y estar dentro de los archivos de la Agencia Federal de Inteligencia”, escribió el juez subrogante de Dolores.

Procesados

Bava procesó a los exdirectivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto con Eduardo Winkler, que estaba a cargo de la dirección de Reunión Interior de la AFI. Desde esa dirección se controlaba a todas las delegaciones provinciales de la AFI. Winkler, que integra el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, sigue oficiando como asesor del senador radical Juan Carlos Marino ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, por lo que el juez envió copia de su resolución a ese cuerpo del Congreso para que decidan sobre su permanencia.

Junto con ellos, Bava también procesó al exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez, que ingresó a la SIDE en 1997 y está procesado por el espionaje en lo que se conoce como el Proyecto AMBA y por haber destruido los registros de documentación confeccionada durante el macrismo en Mar del Plata. Cinco agentes de la AFI también fueron procesados por el juez. De ellos, todos menos uno recibieron una sugestiva felicitación de la Casa Militar y del área de la Policía Federal abocada a la custodia de Macri por la actividad que desplegaron el 13 de julio de 2018, cuando el entonces presidente viajó a Mar del Plata y se reunió por unos minutos con familiares del buque Rigel, a días de que fuera hallado hundido. A esos familiares también los espiaron.