Seis de cada diez puestos de los nuevos trabajos registrados creados desde mayo del año pasado se explican por nuevos inscriptos al régimen de monotributo. El fenómeno no responde a una mejora en el nivel de actividad sino a la extensión de la Asignación Universal por Hijo a ese universo de trabajadores a partir de abril del año pasado. Los datos oficiales contradicen las reiteradas afirmaciones de recuperación del mercado laboral que repiten en la Casa Rosada desde finales del año pasado. Un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd) advierte que el empleo público y los monotributistas sociales dan cuenta del un 35 por ciento de los nuevos empleos. Por su parte, el empleo asalariado en la actividad privada representa apenas el 4 por ciento del crecimiento total del trabajo registrado.
Los registros administrativos de la AFIP dan cuenta de una “mejora” en el número total de trabajadores registrados. La dinámica destacada por las autoridades laborales comenzó en mayo del año pasado y se extendió hasta febrero cuando se publicaron los últimos datos oficiales. A lo largo del período el número total de trabajadores registrados aumentó en 142 mil trabajadores, una cifra que representa un crecimiento del 1,2 por ciento. Desde el Cetyd enfatizan que la expansión en la cantidad de empleados registrados totales “no se explica por el trabajo asalariado en empresas privadas, como sería deseable en un proceso virtuoso y sostenible de generación de oportunidades laborales”.
El documento publicado por el centro dependiente de la Universidad de San Martín señala que la relevancia del monotributo, a la hora de analizar la expansión del empleo asalariado total, “es un dato preocupante teniendo en cuenta cierta predisposición de un segmento de las empresas a utilizar este régimen como forma de encubrir una relación laboral de dependencia”. Sin embargo, en sintonía con las autoridades de la cartera laboral, el informe considera que una explicación posible para el crecimiento de los monotributistas es “la extensión del sistema de asignaciones familiares a los trabajadores que se encuadran en dicho régimen”. Los trabajadores independientes con al menos un hijo tienen, en principio, un incentivo económico a registrarse ya que, en general, percibe mayores ingresos del sistema que el monto pagado mes a mes para permanecer.
“Desde el punto de vista del sistema de seguridad social es un hecho positivo, dado que reflejaría un incremento de la cobertura de las asignaciones familiares a mayor cantidad de niños y niñas”, sostiene el documento de trabajo difundido ayer. Sin embargo, pone en evidencia que el crecimiento del trabajo registrado no obedece a una recuperación de la demanda por parte de las empresas sino a una política específica de incentivos orientada al trabajo independiente. En ese sentido, el Cetyd advierte que el empleo asalariado registrado en empresas privadas entre mayo de 2016 y febrero de 2017, tan solo creció 0,1 por ciento, un guarismo que equivale a 5 mil trabajadores en relación de dependencia. Esos datos ocultan que, por ejemplo, el empleo las industrias manufactureras marca un rojo significativo en el período.
Las estadísticas oficiales reflejan que, a lo largo de los últimos meses, se frenó el proceso de destrucción masiva de empleo asalariado registrado que caracterizó a los primeros meses del gobierno, pero los datos difundidos del Ministerio de Trabajo no respaldan el relato oficial sobre la recuperación laboral. Los niveles de ocupación en la actividad privada siguen siendo inferiores a los que heredó Mauricio Macri. Entre que asumió la presidencia y diciembre del año pasado la contracción del empleo formal en el sector privado llegó a 66.390 puestos. Pero la caída llegó a ser más profunda. Hasta julio de 2016, el punto más bajo en los registros bajo la gestión macrista, la merma era de 130.653 empleos. En febrero la merma era de 46.152 asalariados registrados.
“Tal vez uno de los cambios más radicales que impuso el modelo económico vigente sea subordinar los objetivos de creación de empleo e incremento del salario real a otras metas como la reducción rápida de la inflación y la apertura de la cuenta capital”, advierten los investigadores del Cetyd, que encabeza Carlos Tomada. Desde su perspectiva, el riesgo central del esquema desplegado a partir de diciembre de 2015 “es que se termine instalando un proceso estructural de precarización laboral y baja de salarios”. Por eso, el documento sostiene que más allá del deterioro de las condiciones laborales experimentado durante el escenario recesivo vigente, “este es un sendero que puede llevar a la estabilización del nivel de precios y, tal vez, a cierta recuperación transitoria de la actividad económica, pero invariablemente acrecentará la inequidad distributiva y promoverá la desintegración social”.
