René “Cochinillo” Arellano, el único testigo en el que se basó la condena contra Milagro Sala en la causa conocida como la de los “huevazos”, que le inició Gerardo Morales, fue indagado el miércoles último por falso testimonio por el juez Esteban Eduardo Hansen precisamente por haber mentido en aquel juicio. También fue indagada su pareja, Cristina Chauque, por la misma razón. Ninguno de los dos quiso responder preguntas, según pudo saber Página/12 a través de allegados a la investigación. Los había denunciado el fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, cuando le tocó revisar ese expediente, que es una muestra palpable y arquetípica del armado de acusaciones contra la dirigenta de la organización Tupac Amaru. 

En este caso había sido condenada por una protesta contra el gobernador de Jujuy, cuando era senador y había ido a dar una charla en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en la que ella ni siquiera participó. Es una de las causas más antiguas, se remonta a 2009, fue resucitada como muchas otras en 2016 con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada y de Morales a la gobernación, pero comenzó a desmoronarse y pronto tendría su golpe final. Ya a mediados de septiembre Casación ordenó al tribunal oral que la anule por prescripción.

Arellano y Chauque fueron presentados como testigos por la querella de Morales, de la que se ocupaba el abogado Luciano Rivas, hoy diputado provincial. En su declaración el hombre describió dos reuniones que se habrían hecho en la casa de Milagro Sala antes del escrache a Morales y sostuvo que ella supuestamente dio instrucciones tales como que repartirían huevos a los miembros de la Tupac Amaru para tirarle al entonces senador y que a “Cochinillo” le tocaría pegarle. En su versión, Sala lo amenazaba. Es más, dijo que había decidido declarar ya que por su culpa se había quedado sin trabajo y sin nada, algo que quedaría claro no sólo que no era cierto sino que una buena parte de sus ingresos se los debía al propio Morales. Tanto Arellano como su pareja señalaron que como no estaban de acuerdo, no participaron de la manifestación. Es cierto que no estuvieron. Tampoco participó Milagro Sala. Pero tanto la justicia en primera instancia como el tribunal oral que la juzgó en 2016 la acusaron como supuesta instigadora con el testimonio de Arellano. Los jueces Mario Juárez Almaraz, María Alejandra Cataldi y Santiago Díaz la sentenciaron a tres años de prisión en suspenso por daño agravado –rotura de vidrios-- y dijeron que el delito de amenazas estaba prescripto. La misma pena fue para Graciela López, y un año menos para Gustavo Salvatierra.

El año 2016, antes de este proceso, fue el de la detención de Milagro, primero por un acampe frente a la gobernación. Luego se le fueron sumando una decena de causas. Fue el comienzo de la era de las prisiones preventivas, teñidas de razones políticas.

Las mentiras

--¿Trabajó usted alguna vez en el Estado?—le preguntaron a Arellano en el primer juicio de los "huevazos" las abogadas de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, actual Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y Paloma Alvarez Carreras.

--No--, respondió él, bajo juramento de decir la verdad.

Pero no era cierto. Un informe de la Dirección provincial de Personal certificó que figuraba como personal contratado al menos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016. Es decir, en el mismo momento de su declaración --diciembre de ese año--  Arellano trabajaba para la gobernación de Morales, querellante en el juicio. Figuraba como empleado de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales con un sueldo de 10.816,58 pesos. Al explayarse, sí dijo que trabajaba en su cooperativa y que hacía obras de desyuyos y limpieza.

Ante más preguntas de las abogadas, “Cochinillo” Arellano dijo que al abogado de la querella, Rivas, lo había conocido de casualidad un día que había ido a la Legislatura provincial a pedir ayuda por las supuestas amenazas de Sala. Se encontró, describió, “con un señor grandote”, Rivas, y le contó su “problema”. “No volví a hablar con el Dr. Rivas. Sólo hablé en la Legislatura y después en el juzgado”, aseguró el testigo. Sin embargo, en un registro de llamadas entrantes y salientes de Arellano, consta una comunicación hacia el celular de ese abogado el 13 de agosto de 2010, la noche anterior a su primera declaración testimonial en la que incriminó a la líder de la Tupac Amaru.

Chauque dio una versión distinta sobre cómo dieron con Rivas. Contó que los puso en contacto Normando “Chiki” Alvarez García, a quien Macri designó –a pedido de Morales-- como embajador en Bolivia, cargo que ocupaba al momento del envío de armas a ese país en colaboración con el golpe contra Evo Morales por el cual ahora es investigado. Alvarez García es ahora ministro de Trabajo en Jujuy. Trabajaba hacía muchos años para la cooperativa de Arellano, Argentina Avanza, según declaró la propia Chauque. Su marido dijo otra cosa: que se conocieron después de la protesta contra Morales.

Laberinto con saña

La sentencia contra Sala y sus compañerxs llegó a la Cámara de Casación Penal Federal para ser revisada. Ellxs requerían ser absueltos y Morales pedía más pena. El expediente le tocó a la sala IV, entonces integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Los dos primeros  fueron denunciados por sus visitas frecuentes a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. El tercero tiene un proceso abierto por varios hechos de violencia de género en el tribunal. En junio de 2017 confirmaron la condena pero, como pedía el gobernador, agravaron la situación de Sala: dijeron que las amenazas eran “coactivas” y por ende no estaban prescriptas. Ordenaron que el tribunal oral dictara una nueva sentencia incluyendo esa cuestión.

El fiscal ante Casación, De Luca, pidió el sobreseimiento y denunció a Arellano y su esposa por falso testimonio ante los tribunales federales de Jujuy. “Arellano habría mentido al decir que nunca trabajó para el Estado y sobre la existencia de comunicaciones entre él y Rivas la noche anterior a su declaración”, sostuvo. Para De Luca, todo era peor aún dado que quien se presenta como "damnificado por los hechos" y lo lleva como testigo, además de gobernador es "su empleador". “A su vez –añadía— surge una contradicción entre las versiones relativas a cómo llegaron a ser testigos propuestos por el apoderado de Morales. Mientras Arellano relató como un encuentro casual luego de que otras personas le habían negado ayuda en la legislatura, su esposa manifestó que llegaron al abogado Rivas por intermedio de ‘Chiki’ Alvarez García”. Debería investigarse, pidió el fiscal, “si esas circunstancias no son más que meras evidencias de que todos sus dichos imputativos contra las personas enjuiciadas en aquella causa también fueron mendaces, de acuerdo contexto y las calidades personales de quienes emitieron esas expresiones, sus destinatarios y beneficiarios”.

Aquella denuncia durmió en un cajón de los tribunales de Jujuy. También quedó en otro cajón la indicación de Casación de que se debía dictar una nueva sentencia agravada contra Sala. Desde 2017 hasta este año no volvió a pasar nada. El delito de “amenazas coactivas” prescribía a los cuatro años. La defensa de Sala planteó por eso el cierre del caso pero el tribunal oral no sólo se lo rechazó sino que dictó la nueva condena a tres años y medio de prisión. Esta vez a los jueces Almaraz y Cataldi se les sumó Liliana Snopek, prima segunda de la esposa de Morales, nombrada poco antes. Otra vez Milagro Sala volvió a la Cámara de Casación. El fiscal De Luca señaló que “resulta manifiesto que el dictado de una nueva sentencia condenatoria no obedeció a un genuino ‘impulso’ del proceso sino que se dictó para evitar que los imputados se vieran beneficiados por la prescripción”. En la Sala IV había otrxs juecxs: Angela Ledesma, Javier Carbajo y Liliana Catucci dijeron que el tribunal oral jujeño habían inventado razones inexistentes en las normas procesales para interrumpir la prescripción e imponer una condena. Afirmaron que el caso estaba prescripto. Para seguir con el laberinto burocrático-judicial-tortuoso, mandaron la causa otra vez al tribunal oral para que diga eso en una resolución. Al tribunal la defensa de Sala le pidió juicio político.

Mientras Milagro Sala espera que se formalice esta decisión, el juez Hansen y el fiscal Carlos Alberto Colonnese desempolvaron la causa por el falso testimonio que sostiene la paradigmática farsa judicial de los huevazos desde hace casi 12 años. Ahora para ellos el “costo” de avanzar con esa imputación es menor ya que la caso va a terminar. Todavía no le respondieron a ella, sin embargo, el pedido de sus abogados Luis Paz y Marcos Aldazábal para ser querellante. Sin hacer olas les tomaron declaración indagatoria el 29 de septiembre a "Cochinillo" y su esposa. Hay que ver qué sucede, qué decisión adopta el juez, pero no quedan dudas de que aquí están a la vista las herramientas más burdas con las que se construyeron acusaciones contra Sala, quien sigue detenida con prisión domiciliaria por la condena en otro juicio conocido como “pibes villeros” –donde se la acusa de fraude a la administración pública por la construcción de viviendas y supuesta extorsión-- que espera una revisión de la Corte Suprema.