El juicio de los juicios, el de las obras viales de Santa Cruz, entra este lunes en una etapa decisiva con la declaración como testigos de seis empresarios de la construcción que participaron de licitaciones en el sur. En principio, todos fueron convocados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, pero tras la declaración de varios de ellos como arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos, el interés por su testimonio pasó al fiscal Diego Luciani, aunque también la defensa de Lázaro Báez insiste en que declaren. El primero en el listado es Juan Chediak, de Chediak S.A. Será a las 9.30. El empresario declaró en la causa de José López y dijo que no pagó coimas. Después lo metieron preso en la causa de las fotocopias y dijo que sí pagó coimas. Ahora se sentará ante los jueces del Tribunal Oral y habrá que ver si acepta contestar preguntas. Un dato no menor es que su abogado es Pablo Lanusse, el mismo de Mauricio Macri.

Rutas

La acusación en la causa de las rutas de Santa Cruz es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y ella misma, beneficiaron a Lázaro Báez adjudicándole 51 de los 81 tramos que se construyeron en la provincia, que hubo sobreprecios y que el dinero fue transferido a la familia Kirchner con contratos de alquiler de sus hoteles y oficinas, algo que es la materia de las causas Hotesur y Los Sauces. Por supuesto que la plata supuestamente obtenida de esa manera se buscó por todos lados, incluyendo excavaciones en la Patagonia, rompiendo las paredes de la casa y el departamento de CFK, elucubrando la existencia de bóvedas y buscando sociedades y cuentas en el exterior. No se encontró nada de nada. De hecho, lo único que se detectó fueron cuentas y sociedades de Macri, no de los Kirchner. Y respecto de los contratos de alquiler, se verificó que fueron a precios de mercado y se pagaron en blanco, a través de bancos.

Pero la causa de las rutas de Santa Cruz es por eso el expediente clave y lo ocurrido hasta el momento es que los testigos de la fiscalía naufragaron uno tras otro: se dijo que se construyeron demasiadas rutas en Santa Cruz, que en realidad las rutas no se construyeron, que se le pagó a Báez más de lo que terminó o que las obras no conducían a ninguna parte. Todo eso quedó demolido.

Y para colmo, en los dos años y medio que lleva el juicio nadie nombró siquiera a Cristina. Ni un solo testigo de la acusación mencionó que la expresidenta haya intervenido de alguna manera: las obras se votaron en el Congreso Nacional en las leyes de presupuesto y las licitaciones, adjudicaciones y control se hicieron en Santa Cruz.

Empresarios

La convocatoria a que declaren fue inicialmente planteada por la defensa de CFK, a cargo de Carlos Beraldi. Pero también el abogado de Báez, Juan Villanueva, está interesado en los testimonios. Por supuesto que apuntarán a que los constructores digan que las licitaciones en el Sur fueron legítimas y que Báez ganó la mayoría porque en territorio santacruceño tenía el personal y la maquinaria y suele ocurrir que las empresas locales pueden licitar a precios más bajos que las constructoras que tienen que llevar personal y maquinaria a 1.800 kilómetros de sus sedes.

Hay un punto de importancia. Los empresarios que van a declarar se nucleaban en la Cámara de la Construcción, de la que Lázaro Báez era adversario y nunca la integró. Eso explica que en la causa de las fotocopias el nombre de Lázaro no haya aparecido en ningún momento: aquel expediente involucró a los hombres de la Cámara, entre ellos dos expresidentes, Chediak y Carlos Wagner, los que declaran lunes y martes.

La trastienda es que en la Cámara estaban los integrantes de lo que se dio en llamar El Club de la Obra Pública, que --según se viene diciendo desde hace décadas-- se repartían las licitaciones. No faltan quienes afirman que la Cámara alentó la denuncia que inició el macrismo contra Báez porque el santacruceño empezó a expandirse hacia otras provincias. Al mismo tiempo, la mayoría de los empresarios convocados ahora a testimoniar participaron de licitaciones en Santa Cruz y nunca las objetaron. Un dato a tener en cuenta: Chediak y el primo de Macri, Angelo Calcaterra, se asociaron con Báez y un consorcio chino para la licitación de la obra más grande del país, las represas Jorge Cepernik y Néstor Kirchner. 

Controversias

El abogado de Chediak, Pablo Lanusse, le pidió al Tribunal Oral que su cliente no declare porque, como está procesado en la causa de las fotocopias, podría decir cosas que contradigan su testimonio como arrepentido en esa causa o que lo autoincriminen en esta. También Chediak declaró en el expediente de los bolsos de José López y dijo ahí que nunca le cobraron coimas. O sea, diga lo que diga, podría incurrir en falsos testimonios. Los tres jueces -Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso- contestaron que Chediak debe declarar, que no se le puede preguntar por nada que no sean las rutas de Santa Cruz y que en todo caso tiene derecho a no responder, sin que se lo considere incurso en falso testimonio. Debe recordarse que ser testigo reticente también es delito, pero en este caso no se considerará, sino que entrará en el derecho constitucional de no autoincriminarse.

Anticipos

Pero Chediak es, para los fiscales, un testigo interesante porque dijo en 2016 que no existía ninguna resolución de Vialidad Nacional respecto de la posibilidad de cobrar anticipos de tramos de obras no terminadas. En verdad, la resolución original es de 2003 y luego nuevamente se amplió en 2010. Lo que permitía era obtener, una sola vez en una obra, una especie de crédito por el que había que pagar una tasa de interés. El anticipo luego se pagaba con el certificado de que la obra estaba terminada.

Los fiscales sostienen que los pagos anticipados fueron un privilegio de Báez, pero las defensas aseguran que varias de las empresas de la Cámara recibieron pagos anticipados y el presidente anterior a Chediak, Gustavo Weiss, registra contratos con pagos anticipados.

Panorama

Después de  lunes --que declara Chediak-- y el martes --turno de Carlos Wagner--, están convocados Enrique Esquenazi (Petersen); Angelo Calcaterra, primo de Macri (Iecsa), Eduardo Eurnekian (Corporación América) y Carlos Mion (Equimac). Y luego sería el turno de los exjefes de Gabinete, entre ellos el actual presidente, Alberto Fernández, el actual titular de Diputados, Sergio Massa, el actual ministro Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y la totalidad de los que ocuparon el cargo durante los gobiernos kirchneristas. Los jefes de Gabinete son los responsables de administrar el presupuesto, o sea que conocen cómo se adjudican las obras y cómo se van ampliando los presupuestos en función de la inflación, de acuerdo a un decreto de la época de Eduardo Duhalde.

La lógica es que el juicio termine en 2022 y toda la parte final se centre en las pericias sobre la existencia de sobreprecios. Durante la instrucción, no se hizo ningún estudio, por lo cual los jueces del Tribunal Oral se encontraron con que faltaba algo tan elemental como un análisis de los valores de las obras. Y la solución que se adoptó es llamativa. De las 51 obras cuestionadas, se ordenó hacer pericias sólo sobre cinco. Pero tampoco eso se pudo lograr, de manera que sólo hay pericias sobre tres obras, lo que podría llevar a que se resuelva si hubo o no sobreprecios en 51 obras en base a la pericia realizada en tres.

Es sólo un ejemplo de la cuestión de fondo: denuncias armadas por el macrismo para perseguir opositores y cursadas en el aparato judicial alineado con el macrismo. Javier Iguacel, imputado ahora en varias causas como la venta de centrales eléctricas o peajes, asumió en Vialidad Nacional el 15 de enero de 2016. Al día siguiente, en su resolución número uno, ordenó hacer una auditoría, pero no de los 24 distritos del país sino sobre uno sólo: Santa Cruz. Su único objetivo fue apuntar a CFK. La auditoría concluyó en que no hubo irregularidades. Aún así, presentó la denuncia que es la base de este juicio.